Burbach no es Guantánamo

Todos sabemos cuáles son los peligros de dejar a personas totalmente a solas con sus cuidadores, vigilantes, terapeutas o como quiera que se les llame en centros cerrados. Continuamente nos llega información de centros psiquiátricos, geriátricos y médicos, o de cuarteles y centros de detención de todo el mundo donde los empleados -estatales o no estatales- someten a los internos a malos tratos de mayor o menor intensidad e, incluso, a torturas.

Estas historias de sufrimiento parecen ser inherentes a dichos centros. En los Estados con pretensiones democráticas -y que dicen llamarse Estados de derecho- se intenta tomar precauciones para que este riesgo no se convierta en una realidad. En ello juega un papel muy importante el control independiente de las instituciones, el acceso de terceros, una opinión pública interesada y una vigilancia efectiva, así como las acciones de reclamación y los recursos legales. Desde hace años, los expertos en derechos humanos han estado exigiendo que estas garantías se cumplan en los centros de internamiento de Estados Unidos en Irak, en Afganistán o en Guantánamo; y ahora también después de los abusos y malos tratos cometidos en algunos centros de refugiados de Renania del Norte-Westfalia.

El contacto de los abogados con los internos, por ejemplo, tiene una importancia decisiva. En Alemania existe el derecho -que en principio apenas se discute- de ver y hablar con los arrestados poco después de su detención, cuando se encuentran bajo arresto policial o en detención preventiva. Además, los arrestados han de ser llevados ante el juez en un plazo relativamente breve de tiempo.

Sin embargo, incluso así surgen problemas, como constató el Tribunal Supremo Federal alemán hace pocas semanas en su sentencia del caso de Oury Jalloh: Jalloh no fue presentado ante el juez antes de morir quemado en su celda. También son problemáticos los arrestos en masa que tienen lugar en las grandes manifestaciones, cuando no se toman medidas para garantizar que los detenidos puedan prestar declaración ante el juez en un corto plazo de tiempo o cuando se niega del todo este derecho que tienen los manifestantes.

El arresto incomunicado, es decir, el arresto en el que se impide el contacto con el exterior, constituye en muchos países una invitación a que los funcionarios policiales y los investigadores aprovechen ese periodo de tiempo para forzar las confesiones, haciendo uso de la violencia en mayor o en menor medida. Los informes de derechos humanos y los relatos de los abogados que después tienen acceso a los detenidos prueban que existe una clara correlación entre el arresto incomunicado y los abusos.

No solo entre nosotros, los abogados, saltan inmediatamente las alarmas en esos casos. Por ello, hemos de oponernos rotundamente a todos los intentos de prolongar ese periodo de tiempo en el que el detenido no se encuentra asistido por un abogado, incluso en los casos de los llamados sospechosos de terrorismo.

Hay que tener especial precaución si las personas, por las razones que sea, no se encuentran suficientemente informadas de sus derechos o no se les puede comunicar sus derechos correctamente. Si se trata de personas no alemanas o de refugiados, por ejemplo. Los centros de internamiento de extranjeros deben ser abolidos: las personas de las que, sin haber cometido ninguna falta, el Estado alemán se quiere librar tan pronto como sea posible no deberían ser privadas de su libertad en absoluto. Pero además se acumulan los relatos de violaciones de los derechos humanos perpetradas en los alojamientos de emergencia y en los centros de refugiados, es decir, ni siquiera en los centros de internamiento de extranjeros. En los casos a los que se refieren estas líneas se trata de los abusos cometidos por vigilantes privados: los llamados “servicios de seguridad” (¿cuándo dejaremos de utilizar ese eufemismo?).

Las primeras reacciones del Gobierno federado rojiverde, relativamente rápidas, y también de la CDU de Renania del Norte-Westfalia y del sindicato policial, permiten esperar que las fiscalías realicen una investigación exhaustiva. Al final, sin embargo, en la sala de juicios los vigilantes alemanes se hallan casi siempre frente a testigos no alemanes. Y entonces los fiscales y los jueces alemanes tienden a menudo a dar crédito a los llamados defensores del orden, o al menos a no condenarlos.

Los abusos de Siegen y Essen son crueles y aterradores pero, ¿es esto ya Guantánamo? Realmente no. La autoescenificación de los vigilantes y el potencial racismo de los abusos podría recordarnos a Guantánamo, pero existen diferencias estructurales. En Guantánamo las personas fueron y siguen siendo retenidas solo por ser sospechosas de terrorismo, sin acusación, sin abogado y durante varios años. Más de cien personas han permanecido allí ya durante un periodo superior a doce años. Estos presos han sido torturados y reducidos de forma sistemática. El objetivo de los arquitectos intelectuales y políticos del campo de prisioneros fue precisamente poder sacar partido a una zona sin ley, como se ha denominado, en la que no fuera posible recibir la asistencia de un abogado o llevar a cabo un proceso judicial. De eso nosotros todavía estamos muy lejos, y no deberíamos permitir que ocurriera.