Ha llegado abril, y llegará mayo

Ha llegado abril, y llegará mayo. Europa se llenará de ceremonias en memoria y recuerdo de aquellos que pasaron por campos de concentración nazis entre 1933 y 1945: los presos políticos, asociales, raciales, etc.

Las tropas Aliadas liberaron los campos de concentración y exterminio: en el verano de 1944 Majdanek, Belzec, Sobibor y Treblinka; en enero de 1945 Auschwitz; en abril Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen; en mayo Neuengamme, Mauthausen, Ebensee, Gusen.

Desde entonces, Alemania, mal que bien, asumió su papel como nación perpetradora de unos crímenes que estremecieron al mundo, y llevó a cabo su tarea de recuerdo y conmemoración de aquellos que fueron asesinados. Inmediatamente después de la guerra, gracias al impulso de los Aliados, pero también a las presiones de los grupos de presos que se fueron organizando antes incluso de la liberación, se inició la conmemoración de lo que había sucedido. Posteriormente, los respectivos gobiernos alemanes comenzaron a reconocer su responsabilidad y mantuvieron diferentes actitudes hacia ese recuerdo: los gobiernos conservadores más ambiguos; los gobiernos progresistas, más predispuestos.

Aunque a comienzos de los 1960 se crearon los primeros memoriales, no fue hasta que un gran número de ciudadanos críticos se vieron involucrados en este movimiento, que fueron erigidos muchos memoriales, desde finales de los años 70. Estas propuestas “desde abajo”, entre grupos de ciudadanos concienciados con ese recuerdo, intentaron mantener la memoria de hechos, lugares y personas que, debido al paso del tiempo, al interés/desinterés político y a las presiones de determinados sectores que buscaban “normalizar” el pasado nazi, hubiesen caído fácilmente en el olvido. Gracias a estos grupos pudo crearse la “Fundación Topografía del Terror” (Stiftung Topographie des Terrors), o la que consiguió que se llevase a cabo, tras arduas negociaciones y debates, el “Memorial por los Judíos Asesinados de Europa” (Denkmal für die ermordeten Juden Europas).

El proceso ha provocado, acrecentado el interés en la investigación histórica. La historia social y local también se han convertido en un foco de interés. Las representaciones históricas en los memoriales se centran principalmente en la persecución y la resistencia llevada a cabo contra el régimen nazi. Las conexiones entre el destino de las víctimas y determinados grupos, que habían sido olvidadas durante décadas, comenzaron a entrar en la conciencia pública.

Así, con sus progresivos altibajos, con sus debates y polémicas, Alemania ha conseguido enfrentarse a su pasado de una forma más o menos satisfactoria (dependiendo al grupo que se represente, si víctima o victimario), enfrentándose, asimismo, a la fuerza o “voluntariamente”, con todos los aspectos relacionados con los crímenes.

Y, como cada año, los representantes de las víctimas españolas, gracias a la ingente labor de Amical de Mauthausen, han estado presentes en esas conmemoraciones, recordando a aquellos que desaparecieron en Buchenwald, Mauthausen, Gusen o Ebensee, participando activamente en esos homenajes a los republicanos españoles. Mientras, la representación oficial del gobierno español se ha limitado a la escasa participación de algún miembro (generalmente de bajo rango) de la embajada, que participa en las ceremonias y que rinde homenaje a los caídos republicanos en un monumento en Mauthausen que, ni siquiera, es un monumento estatal.

El caso español es, ha sido y, desgraciadamente, muy diferente.

Tras la dictadura llegó una Transición que ha sido considerada modélica y que no voy a analizar ahora, pero que dejó muchas heridas abiertas y preguntas sin respuesta satisfactoria, pero que ha servido a muchos como pretexto para evitar enfrentarse a un pasado que sigue siendo doloroso, porque sus heridas no llegaron nunca a cerrarse.

Ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha enfrentado abiertamente el problema del pasado, de la memoria histórica, de la reparación de aquellos que perdieron la guerra, el franquismo y la Transición. Nos dicen que el Gobierno de Zapatero dio un paso adelante en 2007 (¡más de treinta años después de la muerte del dictador!), cuando su gobierno aprobó la Ley de memoria histórica. Aparentemente, esta ley permitiría sanar las heridas, buscar a las víctimas, confortar a las familias, eliminar los últimos vestigios de la dictadura. Sin embargo, esa ley nació con una inmensa tara, y es la ausencia de una disposición de financiación, de forma que se dejaba al libre albedrío de los gobiernos la disposición financiera para llevar a cabo sus medidas. Esto ha permitido, por ejemplo, que Rajoy defendiese la neutralización de esa ley, sencillamente, dejándola sin dotación presupuestaria.

Recientemente han renacido los debates sobre la memoria histórica. Se ha debatido sobre el Valle de los Caídos, sobre su significado o sobre el auténtico cometido que debía tener. Ha habido confrontaciones políticas por los intentos de impulsar los cambios de nombre de algunas calles. Mientras tanto se reprime el recuerdo y la memoria de los que perdieron la guerra.

El problema es que aún hay sectores sociales, políticos y económicos que se niegan a enfrentarse a esta situación. Los políticos (de casi todas las tendencias) se han negado, hasta ahora, a “coger el toro por los cuernos” y llevar a cabo una auténtica tarea de reconciliación y conmemoración.

Estas controversias sólo se solucionarán en el momento en que España afronte realmente lo que pasó entre 1936 y 1975, pero también cuando se enfrente al hecho de que la Transición dejó muchos cabos sueltos que deben solucionarse antes de poder considerar que las heridas se han cerrado.

A pesar de todo lo señalado hasta ahora, sí hay un aspecto positivo en la situación actual que me gustaría destacar. Y es el hecho que estos debates favorecen acciones sociales (desde abajo) que fomentan un nuevo marco de construcción de la memoria histórica, movimientos orientados a defender determinados lugares simbólicos, como la prisión Modelo de Barcelona, o Carabanchel en Madrid; otros han impulsado la eliminación del callejero de las referencias al franquismo; y muchos siguen impulsando campañas para la investigación, localización, descubrimiento y, ante todo, dignificación de las fosas comunes.

Este tipo de iniciativas deben presionar a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, para que lleven a cabo las tareas que les marca no sólo la ley de memoria histórica, sino, y por encima de todo, la necesidad de reparar a aquellos que fueron vencidos en la guerra, en la posguerra y en la transición.