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Asturias asegura que Rajoy usa la mayoría absoluta para estrangular a las autonomías
Asturias —
El Gobierno del Principado no cederá ante el marcaje de los límites al Gobierno central. La posible imposición desde Moncloa de un modelo político, por medio de la invasión de competencias, tienen su respuesta en los seis recursos que en un año ha planteado ante el Tribunal Constitucional el ejecutivo autónomo. El último es la Reforma Local.
“Está utilizando la mayoría absoluta en este proceso neocentralista, que supone una reducción de los derechos de los ciudadanos”, dice Guillermo Martínez, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autónomo. Y más, cuando las políticas de recortes y contrarreformas del presidente Mariano Rajoy obligan al Principado a realizar un esfuerzo superior en la defensa de otro modelo.
¿Cómo explicar esta dinámica de recursos de inconstitucionalidad? El argumento del Principado es que las políticas del ejecutivo central están esquilando la capacidad de gobiernos, como el de Asturias, de demostrar que hay otro modelo para salir de la crisis, limitando su capacidad y sus recursos para que no puedan ejercer sus competencias.
El gobierno del socialista Javier Fernández se asienta en los pilares del mantenimiento de los servicios públicos, en la industria como generadora de empleo, la investigación y en la defensa del ecosistema. Y el Gobierno central ha colocado una carga en cada uno de ellos para dinamitar sus aspiraciones.
La vía de la judicialización de la política es el último recurso cuando se agota el diálogo institucional, que según el ejecutivo autónomo está abierto. Otra cosa es que los ministros “se escurran” y no comenten en los canales adecuados sus verdaderas intenciones a las comunidades autónomas. Presidencia asegura que la opción de Asturias no es el enfrentamiento por el enfrentamiento y tampoco “son recursos de pataleta”, sino que pasan por tres procesos antes de llegar al Tribunal Constitucional.
“El Principado ha tendido la mano para la búsqueda de soluciones conjuntas, pero el Gobierno ha preferido aplicar su mayoría absoluta y obviar el diálogo con las comunidades autónomas”, dice Guillermo Martínez.
El último recurso de inconstitucionalidad es contra la Reforma local, que elimina la personalidad jurídica de las parroquias rurales, con gran arraigo en el Principado y que están reguladas en el Estatuto de Autonomía. En cambio, potencia la figura de las Diputaciones, que en Asturias no existe, lo que hará que la administración autónoma asuma funciones que hasta ahora vienen ejerciendo los 71 ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes.
En el transcurso de un año, el Gobierno del Principado ha recurrido ante el Constitucional los recortes de Sanidad y Educación, que aluden directamente a los artículos 3 y 4 del decreto-ley, porque considera que, en el caso de sanidad, “el Gobierno de España ha podido incurrir en un exceso de bases”, al invadir las competencias en la auto organización de la comunidad. Y en Educación, porque invade el desarrollo y la ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especificaciones.
También están recurridas la LOMCE y la Ley de Costa porque “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”. La reforma de la ley de Costas tampoco fue ni dialogada ni consensuada con las Comunidades Autónomas.
Además tienen pendiente de resolución por parte del alto tribunal el recurso contra el impuesto a los depósitos bancarios a ‘tipo cero’ aprobado por el ejecutivo de Rajoy, que impide a las comunidades autónomas ejercer su capacidad fiscal, y el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas.
A los recursos de inconstitucionalidad se suman los contenciosos-administrativos abiertos por los incumplimientos del Gobierno central con Asturias, entre los que están la reclamación de los más de trescientos millones de euros de los fondos mineros, que se le adeudan, y contra el recorte de la pista del aeropuerto.
