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El modelo de financiación enfrenta a las comunidades que defienden los servicios públicos
Asturias —
La revisión del sistema de financiación autonómica se iniciará, por lo menos, con dos posiciones enfrentadas. Las de las comunidades que defienden el mantenimiento real de los servicios básicos, Sanidad, Educación y Dependencia, y las que ponen sobre la mesa su potencial fiscal como garantía para recibir más recursos.
Desde que los gobiernos de Cataluña y Madrid se posicionaron a favor de un sistema que vincula los recursos financieros a su capacidad tributaria, es decir, que las comunidades autónomas que más recaudan sean también las que más reciban, el ejecutivo socialista de Asturias inició una carrera contrarreloj para contrarrestar la línea de negociación que marca las dos autonomías más potentes.
Tras varios meses de encuentros, el Gobierno del Principado ha logrado consensuar con cinco comunidades del PP, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja, una posición común para defender un sistema que permita prestar unos servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. La conclusión a la que han llegado es que la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales “influyen de manera evidente en el coste de los servicios públicos y deben de estar debidamente ponderados en el modelo”, señala la consejera de Hacienda del Principado, Dolores Carcedo.
La crisis económica ha dejado patente que el viejo modelo de reparto de recursos está obsoleto y es necesario afrontar otro sistema que evalúe las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas. Esta propuesta se recoge en el documento remitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para su evaluación previa a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero. “Es el momento de establecer una cartera mínima de servicios”, señala Carcedo.
Las comunidades del frente favorable al mantenimiento de los servicios básicos defienden que las necesidades de gasto no pueden vincularse a la capacidad económica de sus ciudadanos. Para sus representantes, la revisión del sistema de financiación ligado al potencial fiscal “no determina, en ningún caso, las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales de los territorios”. El 75% de los fondos que maneja el Principado proceden del sistema de financiación.
El presidente de Asturias, Javier Fernández, considera que es un error vincular los recursos financieros de las comunidades autónomas a su capacidad tributaria. “No tiene ninguna relación, son cosas diferentes. Están hablando de transferencias como las de la Seguridad Social, que nada tienen que ver son el sistema de financiación”.
Para evitar este debate estéril entre comunidades ricas y menos ricas, el ejecutivo autónomo asturiano insiste en que la revisión del sistema de financiación esté coordinada con la modificación del sistema tributario, que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy. La fiscalidad es la piedra angular de todo el modelo y “si algo ha puesto encima de la mesa la crisis, es que tenemos un modelo fiscal, obsoleto, muy complejo y que necesita una revisión”, dice Dolores Carcedo.
En el mapa de la financiación autónomica el coste real de la Sanidad, la Educación y de los servicios sociales no es igual en todas las comunidades autónomas. La variable demográfica, que encierra elementos como la dispersión, el envejecimiento y una población protegida elevada, agudiza de forma sensible el gasto de los servicios del Estado de Bienestar, tal como defienden las seis comunidades que representan el 60% del territorio, el 58% de los municipios, pero sólo el 29% de la población. Datos que profundizan en el problema demográfico que debe afrontar el Gobierno central.
De hecho, el envejecimiento de la población ha abierto una brecha entre las comunidades autónomas, que han tenido que asumir el coste, frente a las comunidades forales, que reciben recursos muy superiores. Asturias, junto con las otras cinco autonomías del PP, exigen a Montoro que, además del problema demográfico, incluya en el futuro modelo el coste real para aplicar la Ley de Dependencia. Con todos estos baremos la coctelera de la financiación ya está agitada a la espera de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero.
