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Los expertos alertan del “suicidio demográfico” de Asturias y reclaman medidas urgentes
Asturias —
Asturias es el paradigma del suicidio demográfico. Es el resumen del grave problema que sufre el Principado, la comunidad autónoma donde el proceso está más avanzado, según el director de la Fundación Renacimiento, Alejandro Macarrón. “Asturias, por desgracia, es el paradigma del suicidio demográfico originado por la falta de nacimientos. Tiene la tasa menor de natalidad de España y el mayor porcentaje de población envejecida”, asegura.
Durante los cursos de verano de La Granda, organizados por la Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, los expertos han puesto sobre la mesa la falta de medidas de las instituciones públicas para afrontar un problema tan acuciante como el demográfico. Las tesis manejadas por los conferenciantes coinciden con la preocupación del Gobierno autonómico de buscar medidas que pongan freno a esta sangría demográfica.
Desde la llegada al gobierno del socialista Javier Fernández, el problema del envejecimiento de la población está sobre la mesa de trabajo. Desde el Principado se ha impulsado un frente común con Galicia, Castilla y León y Aragón para hacer de este proceso “una cuestión de Estado”. En el Senado, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Martínez, ha pedido “un gran pacto nacional” contra la crisis demográfica y que cuestiones como el envejecimiento o la dispersión de la población se tengan en cuenta en la renovación de la financiación autonómica.
El futuro demográfico de Asturias es desolador. La tendencia es que, en diez años, perderá 67.089 habitantes y en el 2023, el 45,9 por ciento de los asturianos superaran los 64 años y sólo cuatro de cada diez estarán en edad de trabajar.
En el ámbito nacional, los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) convierten el problema demográfico en crisis que, de no ser atajada con medidas, amenaza con convertir a España en un geriátrico, ya que en la próxima década todas las comunidades, a excepción de Canarias, perderán población. Guillermo Martínez considera que el Gobierno central “tiene que responder y tendrá que asumir lo que seis comunidades autónomas estamos reclamando: una estrategia nacional”.
En la Granda, los expertos han coincidido en la urgencia para que el Gobierno tome medidas para frenar el envejecimiento. En concreto, la radiografía que hacen de Asturias no deja lugar a la duda: Menos de un hijo por mujer, un envejecimiento feroz de la población y una tasa de inmigración inferior a la media nacional.
En términos generales, las expectativas, según Macarrón, no son alentadoras, ya que las instituciones públicas están lejos de solucionar el problema y más cuando “el Estado financia antes el aborto que la natalidad”, dice. Para el director de la Fundación Renacimiento, una de las medidas que se debe adoptar para potenciar los nacimientos es aliviar las cargas fiscales de las familias y convencer a las élites para que adelanten la edad de concepción del primer hijo.
“Antes los niños eran el báculo de la vejez y ahora lo es el Estado”, asegura y para que esa tendencia cambie “hay que fomentar el rejuvenecimiento de la población y ganar expectativas” a un problema con consecuencias difíciles de predecir. Otra de las propuestas es potenciar la llegada de inmigrantes que detenga esta sangría.
Todos han coincidido en que las instituciones públicas tienen que hacerse responsables, bien compensando los gastos que supone para una familia tener más hijos –criar a un niño supone entre 50.000 y 300.000 euros hasta que se emancipe, según los datos que han manejado-; incentivar las políticas de alquiler de viviendas y apostar por la conciliación familiar.
También han apuntado que el criterio del envejecimiento debe tenerse en cuenta en el nuevo reparto de la financiación autonómica, en la misma línea que propone el Gobierno de Asturias. El Ejecutivo autonómico está implicado en diferentes foros de la Unión Europea para buscar salidas a la situación actual. Desde el Principado, se ha reclamado que los retos demográficos influyan en los criterios de reparto de los fondos europeos a partir de 2016.
