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El INAEM propone una ley integral propia como la del Museo del Prado pero sin plazos para su aprobación

Calígula, que se representa ahora en el Teatro María Guerrero

Paula Corroto

“Con el sistema administrativo tan complejo que tenemos es un esfuerzo titánico levantar un telón”. Con estas palabras se refirió el pasado mes de octubre la directora general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Amaya de Miguel, a la situación que atraviesa esta institución pública dependiente del Ministerio de Cultura. Fue durante una entrevista con eldiario.es en la que también aseguró que este centro había dejado de ser ágil y se había “convertido en un elefante”.

Por aquel entonces, De Miguel había recibido el encargo de elaborar un informe para estudiar una reforma de este mastodonte que agrupa a unidades de producción como el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional, la Orquesta y Coro Nacional, la Joven Orquesta y el Teatro de la Zarzuela. Y fue este miércoles cuando se hizo público este primer informe en el que han participado miembros de todos estos centros más  los vocales de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, la Unión de Actores y los sindicatos (UGT, CCOO, CSIF) con una conclusión, aunque algunos esperaban algo más: el INAEM necesita una ley propia integral para regular sus fines y sus medios equiparable a la que tienen otras instituciones culturales como el Museo del Prado, el Reina Sofía y la Biblioteca Nacional.

Este informe, que no recoge cómo debería desarrollarse esta ley, destaca que el marco jurídico serviría para regular su organización, su régimen de personal, contratación y presupuesto. Es decir, dotaría al INAEM de una mayor autonomía en cuestiones de mecenazgo y patrocinio, regulación de condiciones laborales de su personal, en las giras por todo el país e intentaría acabar con la lentitud en todos los trámites administrativos.

“Necesitamos un marco laboral estable, que los directores de programación puedan realizar un trabajo plurianual, y que haya una presencia de las producciones en todo el estado español, que es una manera también de vertebrar el país. Tampoco nos olvidamos del sector [privado] con las ayudas y subvenciones”, señaló De Miguel en la defensa de esta nueva ley con la que se pretende que el INAEM no esté sujeto “a las rigideces de los ejercicios presupuestarios” y acabe con “un modelo obsoleto”. De hecho, todavía muchas producciones nacionales –pagadas por todos los ciudadanos en los presupuestos- que apenas salen de Madrid o Barcelona.

Durante las reuniones para proponer este nuevo marco legal se descartaron otras formas jurídicas como la entidad pública empresarial, la fundación pública estatal –estas eran las propuestas elegidas por el anterior Gobierno del PP que llevó a las manifestaciones de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela-, la sociedad mercantil, el consorcio y la agencia estatal. Son fórmulas con las que los sindicatos se posicionaron en contra. Como indicó Jesús Vera, CCOO, a eldiario.es “en esto nosotros estamos frontalmente en contra y nos encontraría en una oposición activa”. También De Miguel defendió que el INAEM debía mantenerse “en el marco de lo público” y descartaba “desgajar sus centros de producción”.

UGT, crítico con la propuesta

No obstante, aún quedan cuestiones por pulir en este informe. El próximo 12 de diciembre habrá una nueva reunión del grupo de trabajo con los sindicatos, aunque  desde UGT, los más críticos, ya han señalado que, de momento, la propuesta se ha quedado corta. Como manifestó el ugetista Javier Figueroa a la Cadena SER, “se ha perdido una oportunidad para potenciar el INAEM como organismo público de gestión directa de la cultura española”. El informe, que calificó de “paripé”, es para el sindicalista “un mero trámite administrativo, con una única propuesta, sin tener claro los fines y los objetivos” y también “sin medidas concretas”.

Desde CCOO, por su parte, “coincidimos plenamente porque creemos que [la ley integral] es la única solución viable para cumplir los fines con los que está creado” el INAEM, reconoció Vera, aunque también sostiene que “queremos leerlo [el informe] más despacio”. La directora general admitió que “las centrales sindicales nos han pedido hacer aportaciones y les vamos a recibir”.

Una de las disensiones abiertas tiene que ver con el marco de las relaciones laborales, ya que de momento el informe deja abierta la posibilidad de que el INAEM disponga de un convenio colectivo propio o mantenga a parte de su personal sujeto al convenio único. “Queremos estar dentro del convenio único, pero todos, no que haya distinto personal, ya que ahora tenemos trabajadores fuera de convenio y hay gente a la que se le están aplicando otros convenios.  Nosotros queremos que estén todos en el convenio único”, afirmó Vera.

Una ley en el aire

De momento, el grupo de trabajo del INAEM ha puesto esta propuesta de una nueva ley integral sobre la mesa, pero la propia Amaya de Miguel reconoció que no sabe cuándo o si llegará a buen puerto, ya que “los plazos no los marco yo”. Una vez que el informe sea aprobado se elevará al ministro de Cultura, José Guirao, para su valoración. De ahí tendrá que hacer todo su recorrido parlamentario. “Una no puede trabajar pensando en que no da tiempo”, insistió la directora general.

En CCOO admitieron que los tiempos no son los mejores. “Nosotros hemos hecho el trabajo, y la propuesta realista es solucionar el tema con una nueva ley”, sostuvo Vera, aunque también señaló que ahora “es el ministro es que tendrá que pelear. Todos sabemos cómo es la distribución del congreso”. Una nueva propuesta que quizá, aunque ya no sea responsabilidad del INAEM, quede en el aire.

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