La Abogacía de la Generalitat se desmarca del pacto de la Fiscalía con Blasco para reducir su pena de 16 a 2 años de cárcel

El pacto al que la Fiscalía Anticorrupción quiere llegar con el exconseller Rafael Blasco y otros acusados para su confesión y entrega de bienes a cambio de reducirles la pena acabará truncándose. La Abogacía de la Generalitat se desmarcará esta vez de las tesis del Ministerio Público ante las evidencias de que el dinero público desviado no se recuperará con el patrimonio que ofrecen los acusados, que además ya está embargado en otros procedimientos o por el Tribunal del Cuentas.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, ya anunció que no aceptaría este pacto al considerar que impediría que se recuperara el dinero y que se restituyera el daño hecho a la imagen de la cooperación. Al sumarse la Abogacía de la Generalitat a esta postura, el acuerdo no se producirá y continuará el procedimiento hasta el juicio oral con peticiones para Blasco de hasta 16 años de cárcel. El pacto proponía reducir estas penas a solo dos años y medio de cárcel.

Hasta el momento, los acusados planteaban entregar inmuebles. En el caso de Blasco su chalé de la Barraca d'Aigües Vives (Alzira); en el del empresario Augusto César Tauroni dos apartamentos en Miami y un yate; y en el caso de Marc Llinares una vivienda en Dénia. Estos bienes ya están embargados en este u otros procedimientos en los que están acusados estas personas.

Además, la Generalitat no solo pidió recuperar los 4 millones desviados por la trama de ONG que se juzga en las piezas 2 y 3 del caso Blasco, sino que también reclama otros tres millones por daños morales. Por este concepto, la Coordinadora pide cuatro millones.