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El político que dirigió la depuradora de Valencia, procesado por saquearla, pagó dietas que nunca se aprobaron

Enrique Crespo, del PP, que se sentará en el banquillo el 13 de marzo con otros 24 acusados, amplió el consejo de administración de Emarsa y empezó a pagar 500 euros por cada sesión a los consejeros sin pasar esa remuneración por la junta general

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El expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, testifica ante el juez

El expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, testifica ante el juez. EFE

El presidente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), Enrique Crespo, entonces alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP, propuso textualmente al consejo de administración de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Valencia el 21 de julio de 2004 "someter a la próxima Junta General de la sociedad la propuesta consistente en que cada uno de los miembros del Consejo perciba una dieta compensatoria de 500 euros por la asistencia personal a cada sesión del Consejo de Administración que sea convocada con eficacia desde la constitución del mismo".

La propuesta fue aprobada por unanimidad y los consejeros empezaron a cobrar dietas de 500 euros brutos por asistir a cada reunión, pero la medida no fue aprobada nunca, como era preceptivo, por la Junta General de Emarsa porque nunca se llevó al orden del día del máximo órgano de gobierno de la empresa.

Emarsa era una empresa participada al 100% por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), entidad pública con representación de los municipios del área de Valencia que el mismo Crespo presidía. Las funciones de la Junta General de Emarsa eran ejercidas por la asamblea de la Emshi.

La Emshi tiene su propio sistema de "retribuciones, indemnizaciones y asistencias" de 425 euros por acudir a la asamblea, alguna comisión o la junta de gobierno, siempre que sus miembros no tengan dedicación exclusiva ni parcial. Pero la posibilidad de que los consejeros de Emarsa, normalmente alcaldes o concejales de los ayuntamientos del área metropolitana que ya están en la Emshi, cobraran dietas la introdujo en los estatutos de Emarsa el predecesor de Crespo, Silvestre Senent, concejal del equipo de la alcaldesa Rita Barberá, cuando presidió la empresa, aunque no llegó a aplicarla. Quedó reflejado, sin embargo, que sería facultad de la Junta General, entre otras cosas, "fijar la remuneración de los consejeros".

Crespo llegó a la presidencia de Emarsa en 2002 y la llevó a su extinción en 2011, tras ser imputado por saquearla durante años con la complicidad de una trama de corrupción. El próximo  día 13 de marzo está convocado el juicio en el que tendrá que responder de una desfalco calculado en 23 millones de euros. Se sentará en el banquillo junto a otros 24 acusados, entre ellos el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, los reponsables de la entidad de depuración de la Generalitat Valenciana en aquel periodo, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, y el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado el cerebro de la trama y cuya fuga y posterior captura en Moldavia retrasó durante meses el proceso.

Crespo empezó a pagar dietas al tiempo que ampliaba de 9 a 16 los miembros del consejo de administración de Emarsa con la intención de dar entrada en él a representantes de la oposición en un momento en el que el PP tenía mayoría absoluta. En noviembre de 2007, por vía de urgencia, todavía lo amplió en dos miembros más. Se trataba de María José Català, exconsellera de Educación y actual diputada autonómica del PP, entonces alcaldesa de Torrent, y de José Enrique Aguar, entonces alcalde socialista de Benetússer y hoy diputado tránsfuga en la Diputación de Valencia tras haber abandonado la militancia en Ciudadanos. En las actas del consejo no consta intervención alguna de ninguno de los dos.

Si la simultánea ampliación de consejeros y el pago de dietas pretendía engrasar el funcionamiento para que nadie pusiera problemas, la estrategia, con el tiempo, no resultó. El llamado caso Emarsa estalló en julio de 2010, cuando la dirección de la empresa, probablemente por indicación de Rita Barberá, intentó su voladura controlada y aprobó por sorpresa su liquidación. El alcalde de Albal, Ramón Marí, que era portavoz socialista en la Emshi, estaba desde 2008 reclamando documentación sobre el funcionamiento de Emarsa al haber detectado irregularidades. Con el apoyo de la alcaldesa de Quart de Poblet y secretaria provincial del PSPV-PSOE, Carmen Martínez, llevó la denuncia a los tribunales.

Emarsa, ahora disuelta, ya no gestiona la depuradora de Pinedo. Lo hace una UTE liderada por Aguas de Valencia. Sin embargo, en el reglamento orgánico de la Emshi, que hoy preside el concejal socialista de la ciudad de Valencia Vicent Sarrià al frente de un equipo que integra a representantes del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, aún se recoge la existencia de Emarsa como una entidad pública empresarial dependiente del organismo metropolitano. Los estatutos heredados todavía no han sido revisados.

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