El Gobierno valenciano crea un instrumento para detectar el trabajo precario y los abusos laborales

Las kellys, las aparadoras del calzado, los camareros con jornadas interminables, las trabajadoras domésticas que no cotizan, los riders, los eternos becarios, las horas extra, los falsos voluntarios... El panorama laboral español cada vez se parece más al del siglo XIX, aún con la tecnología del XXI.

Informes de organismos económicos, sindicatos y hasta sentencias judiciales advierten del camino a la precarización del empleo, a menudo disfrazado de progreso tecnológico o nueva economía. Véase las sentencias contra Deliveroo y Cabify por emplear falsos autónomos, las investigaciones a algunos festivales por abusar del voluntariado o la obligación de la Diputación de Valencia, vía seguridad social, de contratar a siete becarios que realizaban actividades de personal técnico. Con este panorama, uno de los objetivos que se ha planteado el Ejecutivo valenciano, que integra a PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, es la creación de un Observatorio del Trabajo Decente.

El organismo dependerá de la Secretaría Autonómica de Empleo -que en breve cambiará su denominación a Trabajo para incluir las actividades no remuneradas-, que dirige Enric Nomdedéu y se acoge a la definición de la Organización Internacional del Trabajo. La entidad de Naciones Unidas entiende por “trabajo decente” el empleo productivo que implique “un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres”.

El dirigente, de Compromís, explica que la intención es efectuar un seguimiento permanente del mercado laboral, especialmente en mercados emergentes -como las empresas que operan a través de plataformas digitales o los empleos relacionados con el sector turístico-, ya que “han surgido nuevas modalidades contractuales, pero como la economía va más rápido que la legislación, creemos que debemos estar especialmente vigilantes”. Así, la idea es que el organismo dibuje el panorama laboral valenciano; “Obtener datos para tomar decisiones políticas”, añade el secretario autonómico.

El organismo no tendrá capacidad ejecutiva ni sancionadora, sino que busca ser un gestor de datos para ordenar el panorama, así como elaborar recomendaciones para que las Corts o el ministerio legislen. El Observatorio recopilará información y se le ofrecerá a patronal, sindicatos y tercer sector estar presentes para fomentar el diálogo social. Se vigilará el cumplimiento de horarios, sueldos, condiciones laborales, seguridad, los contratos en prácticas de los becarios, los falsos autónomos, los excesos con los voluntarios o la feminización de determinados empleos, generalmente precarios. Si se detecta alguna irregularidad, se trasladará a la Inspección de Trabajo.

El Gobierno valenciano se da seis meses para poner en marcha este organismo, al que se le encargará la tarea de elaborar un plan de garantía social y empleo digno para la Comunitat Valenciana.