Dos familias del PP beneficiadas por la privatización sanitaria se convierten en los azotes del Gobierno valenciano

El mayor azote de las políticas del Gobierno valenciano progresista no es un diputado del PP o Ciudadanos en las Corts valencianes. Tampoco lo es la lideresa popular Isabel Bonig o un líder vecinal o un sindicato amarillo. Cuando la legislatura empieza su recta final hacia las elecciones municipales y autonómicas de 2019 los principales focos de conflictividad y ataque sistemático a las políticas del pacto del Botánico son las dos cabezas visibles de las principales concesiones sanitarias -proveedores- de la Comunitat Valenciana. Curiosamente dos personas muy vinculadas a la historia del Partido Popular valenciano.

Se trata del director general de la empresa Ribera Salud -la que gestiona los hospitales privatizados-, Alberto de Rosa y Manuel Llombart, el y el director general de la fundación IVO, la concesionaria de tratamientos oncológicos. Entre ambas concesiones reciben alrededor de 500 millones al año de dinero público. Ambos han puesto la proa mediática a la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón por la intención, en el primer caso de rescatar para la gestión pública el departamento sanitario de Alzira, y en el segundo de renegociar a la baja el contrato de prestación de asistencia oncológica.

Manuel Llombart fue conseller de Sanidad con el PP de 2012 a 2015 y también diputado conservador en las Corts durante un corto tiempo en 2015. Llombart es un ejemplo de libro de puerta giratoria. El director general del IVO dejó la concesionaria de los tratamientos oncológicos para entrar en el Gobierno de Alberto Fabra en plena crisis económica y cuando la fundación sin ánimo de lucro que preside ingresaba de la Generalitat entre 60 y 90 millones al año.

Pasó en unos días de negociar en defensa de los intereses del IVO a hacerlo en favor de los intereses de la Generalitat. El directivo se presentó a las elecciones en 2015 y salió como diputado, aunque tras la debacle electoral decidió volver a la fundación que había impulsado su familia y otras importantes estirpes valencianas en 1978. No lo hizo como director general sino en un puesto de internacional que le permitió pasar los dos años de incompatibilidad. Por el camino, exigió la contratación de su mujer como adjunta al departamento financiero, lo que provocó un guerra entre los miembros del patronato que no veían con buenos ojos su entrada en política.

Tras dos años en un supuesto barbecho Llombart volvió en junio de este año a tomar las riendas del IVO -si es que algún día las dejó- y ha comenzado una guerra abierta contra el Gobierno valenciano. Primero, estuvo a punto de romper la concesión por los desacuerdos en la manera de recibir y cobrar los pacientes y, tras solucionarse el problema, con ataques sistemáticos en los medios de comunicación contra la consellera Carmen Montón.

El IVO es una institución con gran prestigio y muy querida en la sociedad valenciana por lo que la mínima percepción de que alguna institución pública lo ataca genera un importante desgaste político en el Consell que preside Ximo Puig.

Llombart, apuntan algunas fuentes del PP y de la oposición, se podría estar postulando como candidato popular a las elecciones si Génova acaba por no confirmar a Isabel Bonig. De momento, es portada en muchos medios y no pasa día que una noticia vinculada al IVO dispare en la línea de flotación de la estrategia del Gobierno valenciano de poner orden en las concesiones sanitarias.

Más pata negra del PP es la familia de Alberto de Rosa, el director general de Ribera Salud. Ribera Salud fue fundada por las extintas cajas valencianas Bancaja y la CAM, en uno de los momentos de mayor politización de las entidades financieras. Al frente de esta empresa, que debía crecer al calor del nacimiento de los hospitales privatizados que impulsaba el Gobierno de Eduardo Zaplana a finales de los años 90, situaron a Alberto de Rosa.

El director general de Ribera Salud es hermano de Fernando de Rosa, actual presidente de la Audiencia Provincial de València y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. Fernando fue conseller de Justicia del Consell de Francisco Camps y quien en los años 80 afilió al expresidente de la Generalitat al Partido Popular.

Un piso de la familia De Rosa fue sede del PP valenciano en los años 90 y Carmen de Rosa, hermana de Alberto y Fernando, suena como candidata del PP de la ciudad de València para las elecciones municipales de 2019.

Pese a su llegada a Ribera Salud de la mano de Bancaja y la CAM con mayorías absolutas populares, también es cierto que los nuevos propietarios de Ribera Salud -Banco Sabadell y la norteamericana Centene- han seguido confiando con Alberto de Rosa. La relación con los Consells del PP fue exquisita, pero fue anunciar el presidente de la Generalitat el rescate de los hospitales vía la no renovación de las concesiones que De Rosa ha iniciado una guerra total. En este caso contra la consellera Carmen Montón.

Así, la empresa de los hospitales privatizados -principal proveedor de la Generalitat- ha contratado a los mejores bufetes de abogados para luchar en los tribunales contra el rescate. Además, no ha escatimado en recursos económicos para impulsar libros, charlas e, incluso, asociaciones en defensa del conocido como “modelo Alzira” y contra la gestión del Gobierno valenciano.

En 2018 y con el rescate de la concesión el 1 de abril Ribera Salud se convertirá en uno de los principales focos de conflicto del Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra. Y tampoco parece que la polémica con el IVO vaya a amainar.