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El gasto en bienestar por habitante en País Vasco supera en un 50% al de la Comunitat Valenciana y Baleares

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas concluye que los ciudadanos no atribuyen correctamente a las distintas administraciones su responsabilidad en las políticas de bienestar

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De izquierda a derecha, Sara de la Rica, Francisco Pérez, Rosa M. Urbanos y Sandra León

De izquierda a derecha, Sara de la Rica, Francisco Pérez, Rosa M. Urbanos y Sandra León

El Laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas del Ivie, IvieLAB ha analizado, en el seminario 'Las políticas de bienestar en la España de las autonomías', las diferencias en el estado del bienestar del que disfrutan los ciudadanos, en función de la región en la que residen.

Los expertos han coincidido en señalar una elevada heterogeneidad en este ámbito que impide la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales entre los distintos territorios.

En concreto, Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, ha cifrado las diferencias de gasto por habitante del conjunto de las administraciones en servicios públicos fundamentales (SPF) en más de un 50% entre las comunidades que más gastan (País Vasco y Asturias) y las que menos (Baleares, Canarias y Comunitat Valenciana).

Estas diferencias persisten si se elimina la parte del gasto en servicios públicos fundamentales correspondientes a la Seguridad Social (pensiones y prestación por desempleo).

Tras ese ajuste, los ciudadanos del País Vasco disfrutan de un gasto público en bienestar un 34% por encima de la media mientras que Baleares se encuentra un 10% por debajo.

El estado del bienestar absorbe casi el 64% del gasto público en España y, en lo que llevamos de siglo, ha ganado peso respecto al año 2000, cuando suponía el 56,2% del gasto total.

Sin embargo, España se sitúa cuatro puntos por debajo de la UE en gasto en servicios públicos relacionados con el bienestar (26,8% del PIB, frente a 30,9% de la UE), solo por encima de los países del Este de Europa y de Irlanda.

La expansión del gasto en bienestar por funciones ha sido desigual este siglo, ya que se ha concentrado en pensiones y protección social (las competencias dependientes de la Seguridad Social y la Administración Central), cuyo peso sobre el total ha aumentado 4,6 puntos porcentuales.

Por el contrario, el gasto en sanidad y educación (competencias autonómicas), aunque crece en volumen, ha perdido 5,6 puntos sobre el total, viéndose muy afectado por los ajustes derivados de la crisis.

Como consecuencia de estas diferentes trayectorias, el peso de las administraciones centrales en el gasto en bienestar ha aumentado, pudiendo afirmarse en ese sentido que ha tenido lugar una recentralización.

Esta nueva jornada programada por IvieLAB se ha planteado en dos sesiones temáticas. La primera de ellas ha abordado la relación entre autonomía y nivelación de recursos en un estado descentralizado, exponiendo los ponentes distintas posiciones sobre la deseabilidad de garantizar el mismo nivel de servicios del estado de bienestar en todo el territorio nacional.

Han participado en ella, además de Francisco Pérez, Guillem López, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y director del Centro de Investigación y Economía y Salud (CREI); y Santiago Lago, catedrático y director de Governance and Economic research Network (GEN) de la Universidad de Vigo.

Santiago Lago ha destacado que en España somos muy exigentes en la nivelación de las necesidades de gasto a nivel autonómico, pero nos olvidamos de la nivelación en el ámbito local.

Por su parte, Guillem López ha indicado que, en su opinión es preferible basar la nivelación de los recursos de las autonomías en la capacidad fiscal en lugar de en las necesidad de gasto, ya que estas son muy difíciles de estimar.

La segunda parte del seminario se ha enfocado hacia el debate sobre la igualdad de acceso, eficiencia y evaluación de políticas públicas del bienestar, con las ponencias de Rosa M. Urbanos, profesora de la Universidad Complutense de Madrid –sobre la sanidad-, Sara de la Rica, catedrática de la Universidad del País Vasco e impulsora de Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge (ISEAK) –sobre la experiencia de renta mínima vasca-, y Sandra León, profesora de la University of York –sobre la
atribución de responsabilidades a los distintos gobiernos en el estado autonómico-.

Rosa M. Urbanos ha indicado que las diferencias en gasto sanitario entre autonomías son relevantes, pero el mayor gasto per cápita no se traduce en mayor calidad del servicio y mejores resultados en el estado de salud, ya que existen otros factores, como la calidad de vida de los ciudadanos, que son más influyentes.

La ponencia de Sara de la Rica se ha centrado en mostrar las luces y las sombras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco, que supone un gasto del gobierno autonómico de 450 millones de euros.

En su opinión, esta renta básica mínima contribuye a reducir la desigualdad, pero sigue dejando a muchos hogares en una situación de extrema pobreza según los estándares internacionales.

Por último, Sandra León ha explicado que los ciudadanos no siempre atribuyen correctamente la responsabilidad sobre las políticas de bienestar de las diferentes administraciones.

"La crisis ha provocado que asignen una mayor responsabilidad política a la Administración Central que a la Regional en todas las funciones".

El ciclo de conferencias y seminarios Evaluación de la sostenibilidad de las Políticas de Bienestar en el siglo XXI, organizado por IvieLAB, continuará después del verano, con nuevas propuestas de debate sobre las debilidades y fortalezas de las políticas de bienestar en España.

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