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Puerto de Valencia: donde atracan las sospechas e irregularidades

La imputación de Bellver y Grau por aprobar sobresueldos presuntamente ilegales es el último episodio de una instalación bajo la lupa de los tribunales por diversas investigaciones

Rafael Aznar, en el Puerto de Valencia.

Rafael Aznar, en el Puerto de Valencia.

Si el Puerto de Valencia cuenta con numerosas instalaciones para la carga y la descarga, no lo es menos el contenedor de irregularidades que planean sobre la gestión del ya ex presidente, Rafael Aznar. Tantas, que superan la cantidad de muelles y dársenas con las que cuenta el Puerto. Y la mayoría, investigadas por los juzgados en tres piezas distintas. No en vano, el supuesto fraude derivado de las irregularidades en la entidad podría alcanzar los 40 millones de euros.

La imputación durante la pasada semana del ex portavoz del PP en Las Cortes, Jorge Bellver, y del ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, entre otros, por aprobar unos sobresueldos supuestamente ilegales para los directivos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), volvió a colocar en el disparadero al Puerto. Y también a Aznar, quien percibió 90.090 euros de sueldo entre 2004 y 2008. Los 77.000 que cobró en los tres años posteriores los devolvió. Pese a todo, los tribunales investigan unos emolumentos de los que no podía disfrutar. La razón: la ley prohíbe recibir dos retribuciones procedentes de fondos públicos.

Unos sobresueldos dudosos para la justicia que son la punta del iceberg de todas las sospechas que hay entorno a la APV. Adjudicaciones con ex directivos de por medio, caseros condescendientes con inquilinos que después reciben contratas de las instituciones que estos presiden, gastos suntuosos y bondad con contratistas que no “cumplen”, son algunas de las manchas, que como si fuera chapapote, habitan las aguas que bañan el Puerto de Valencia. De hecho, el nuevo Consell ha nombrado al economista Aurelio Martínez para intentar lavar la imagen del Puerto.

Contratas polémicas

Las últimas adjudicaciones otorgadas por la APV para ampliar sus instalaciones o remodelar elementos aledaños a la zona han generado bastante controversia. ¿El motivo? Que una de las empresas solía ganar muchas de las adjudicaciones licitadas. Ya fuera presentándose a través de Unión Temporal de Empresas (UTE) o mediante otro mecanismo empresarial. Dicha mercantil es la constructora Cyes, que estuvo salpicada por la financiación irregular del PPCV.

Una sociedad que tiene una relación “curiosa” con el ex presidente del Puerto. Tal y como publicaron Levante-EMV y El Mundo, Aznar habita en una vivienda con opción a compra situada en una de las zonas más demandadas de la ciudad de Valencia. La casa fue construida por una filial de Cyes. Y la única que acabó quedándose en propiedad la promotora.

Pero, además, Aznar consiguió que su alquiler fuera rebajado, según El Mundo. Disminuyó en 800 euros, pasando de abonar alrededor de 2.500 euros al mes a pagar unos 1.700. Una disminución que sorprendió a los investigadores y debido a eso pidieron varios informes para saber con exactitud el valor real de la vivienda. Ante estos hechos, el ex presidente de la APV presentó a través de su abogado toda la información que justificaría esa reducción.

Unos hechos que coinciden con los cerca de 300 millones que ha recibido en adjudicaciones Cyes del Puerto de Valencia durante los últimos años. Y que los juzgados investigan si guardan relación. A parte de participar en licitaciones como la remodelación de la dársena interior para la Copa América del 2007 o la Fórmula 1, el grupo promotor se ha llevado grandes adjudicaciones. De entre estas, destaca la construcción de un nuevo muelle para cruceros –valorada en 20 millones de euros- o el contrato de la primera fase de ampliación del Puerto de Valencia a través de una UTE.

Esta última contrata ya estuvo envuelta entonces de controversia. Cifrada en 217 millones, fue otorgada en 2008. En la UTE participaban Dragados, Sedesa –la empresa creada e impulsada por la familia Cotino-, Somange, Sacyr junto a Cyes. Mercantil que en su división inmobiliaria albergó como alto directivo al ex presidente del Puerto, Fernando Huet.

Las eventualidades no terminan ahí. Hay más. En la sociedad citada, también trabaja uno de los hijos de Aznar. En concreto, como ingeniero adjunto al jefe de obras. Tanto su padre como la empresa han defendido los méritos profesionales para que ocupe ese puesto. Y la constructora siempre ha remarcado que el hijo del ex presidente nunca ha participado en obras adjudicadas por la entidad que dirigía su progenitor.

Gastos bajo sospecha

Los tribunales no solo investigan la gestión de la otra junta directiva de la APV por las vinculaciones casuales entre Cyes y el anterior presidente. Sino, que a raíz de un informe demoledor de la Intervención General del Estado (IGE) y de las advertencias lanzadas por el Tribunal de Cuentas, la justica ha puesto su ojo en multitud de actuaciones con visos de ser irregulares. Un conjunto de gastos e inversiones puestos en tela de juicio que derivaron en la imputación de Aznar –entre otros miembros de la APV- por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El desembolsar tres millones de euros para la ampliación del muelle de MSC se encuentra entre ellos. Un abono que se hizo para demoler parte del muelle y así permitir el atraque de los barcos. La inversión que defendió Aznar como “buena” para la entidad ante las preguntas del fiscal realizadas a finales del año pasado, fue cuestionada por los dos organismos citados.

Como hicieron con el puente que utilizó Valmor –empresa organizadora del espectáculo, que también está en el ojo del huracán de la corrupción- para la Fórmula 1. El no respetar las normas de contratación, el adelantar el dinero para la pasarela que precisaba Valmor y el perdonar los tres millones que costó el puente son los elementos que levantaron las sospechas de ambos entes fiscalizadores.

Alfredo Castelló (i) junto a Jorge Bellver (d) en Les Corts Valencianes

Jorge Bellver,a la derecha, en Les Corts Valencianes

Gastos asociados al evento deportivo como la compra de las entradas para disfrutar de la carrera, la instalación de gradas y pantallas y la provisión de catering que costaron a la APV 570.000 euros en sus cinco ediciones, según reveló el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví.

Las cuentas de la Fundación Valenciaport, dependiente de la APV, también resultaron polémicas. La IGE encontró 200.000 euros de facturas sin justificar. Y, además, advertía de que los ingresos de la fundación no se hacían de forma correcta. Según el ente fiscalizador, no deberían de haberse realizado los pagos desde APV de forma directa, sino a través de subvenciones. El Puerto aportó a la Fundación Valenciaport poco más de 5 millones de euros entre 2011 y 2013. El resto del dinero percibido proviene de convenios universitarios y fondos residuales.

La IGE no fue la única en cuestionar los pagos de APV. El Tribunal de Cuentas censuró los 8,9 millones de euros abonados entre 2008 y 2009 por la Autoridad Portuaria para patrocinios. Según su auditoría, detectó 478.000 euros que no tenían relación con la actividad del Puerto. Patrocinios como el del Palau de les Arts fueron cuestionados por el fiscal ante Aznar durante el interrogatorio al que se sometió.

A todo eso, se suma la controversia que despertó los gastos suntuosos de los que hacía gala la Autoridad Portuaria. Desembolsar 90.000 euros en un palco VIP en el Palau de les Arts o adquirir un yate por más de 4 millones con coste de mantenimiento de 200.000 euros, son algunos de los más destacados.

Más anomalías

Al rastro de irregularidades, Compromís aportó más en los juzgados. En su denuncia, alertaba de “anomalías” en las obras de adaptación de los accesos del puerto para la Fórmula 1. En la comparecencia para hacer público el escrito, criticaron que quién se llevó la contrata fue la tercera oferta más económica, cuando la APV dijo que era la mejor. Las obras terminaron con un sobrecoste del 20%, según la coalición.

Un coste que tenía que ser amortizado al 50 por ciento por Valmor. “Ésta solo pagó las anualidades de 2008 y 2009. De las de 2010 a 2012 se ocupó la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat”, censuraron. Con ello, a la APV le faltaría recuperar más de un millón, tras recibir solo 530.176 euros del montante final que costó la obra.

La coalición valencianista también denunció el incremento de los gastos de personal de la Fundación Valenciaport. Un ente que fue criticado por convertirse en una agencia de colocación de ex cargos del PP, y que aumentó entre 2005 y 2009 el alquiler a pagar por su sede un 640%.

Para los hoy miembros del gobierno de la Generalitat Valenciana, también había elementos sospechosos dentro de la extinción en 2011 de la concesión del Sagunto Bulk Terminal (SBT), participada al 50% por Cyes y Tarragona Port Services. Según denunció la edil saguntina de Compromís, Teresa García, la APV habría perdonado a SBT 1,5 millones de euros en concepto de garantía, debido a la renuncia de ésta de la construcción y explotación de una terminal de graneles durante un periodo de 30 años.

Desde Compromís cifraron el perjuicio para el Puerto de Valencia en 83 millones de euros. ¿Las causas? Que la concesionaria no ejecutó los más de 60 millones de inversión ni abonó la totalidad del canon por ocupar la superficie de dicho muelle a la APV. Un embarcadero, que como parte de la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia, parece manchado por la sospecha y las irregularidades.

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