Denuncian ante la UE que la Generalitat incumple la normativa europea de residuos
Los Verdes del País Valenciano han desarrollado una jornada de trabajo en el Parlamento Europeo, auspiciada por Iñaki Irazabalbeitia -Eurodiputado del Grupo Verdes-ALE-, presentada por Pura Peris -portavoz europea de la Confederación de Los Verdes-, en la que ha participado Monserrate Guillén -alcalde de Orihuela- y miembros de las plataformas ciudadanas anti-vertederos Vertivega, Granja-Cox y Albátera.
Esta formación ha presentado un informe muy crítico con la gestión del PP al frente de la Generalitat y con la política de residuos desde la aprobación de la Ley de Residuos de 2000, “salpicada de casos de corrupción, que incumple las directivas de la UE en materia de residuos, vulnera la Carta Europea de Derechos Fundamentales y pone en riesgo la salud de los vecinos cercanos a vertederos como es el caso flagrante de la Murada, pedanía de Orihuela”.
Los Verdes sentencian que van a continuar “luchando activamente” -junto con las plataformas vecinales afectadas- “contra la impunidad que tienen ciertas empresas valencianas para vulnerar diariamente la legislación en materia de tratamiento de residuos que pone en riesgo la salud de la ciudadanía”, según ha explicado Peris en las conclusiones de la jornada.
Los Verdes han pedido el compromiso de los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para agilizar los trámites parlamentarios ante la denuncia presentada sobre el vertedero de la Murada en Orihuela y han invitado a los comisionados a visitar los vertederos para que tomen conciencia del “desastre ambiental” que están provocando.
La formación ecologista ha presentado en el Parlamento Europeo sus propuestas para una gestión “limpia y sostenible” de los residuos sólidos urbanos (RSU) y han anunciado que, en su programa para las próximas elecciones europeas, dedicarán un amplio apartado para conseguir que la UE avance en la legislación sobre residuos y establezca normativas claras de obligado cumplimiento para todos los estados miembros.
La política ambiental, apunta Peris, es una de las competencias que “claramente están delegadas por los Estados miembros en la Unión Europea y no se puede permitir desde la Comisión que existan vertederos en España que incumplen diariamente susdirectivas”.
Los Verdes han exigido la aprobación urgente, por parte de España, del Programa de prevención en la producción de residuos, señalada en el artículo 29 de la Directiva de la UE 2008 (antes de finalizar el 2013) para que disminuya la producción de residuos y la implatación de sistemas más ecológicos en el tratamiento de residuos que apliquen estrictamente la jerarquía de principios de la UE con el objetivo de máxima minimización (residuo cero).
De igual forma, exigen que se señale el objetivo para el año 2020 de conseguir rebajar a 1 Kg. RSU/habitante/día como primer paso, la reforma de la ley de envases 11/1997, la recogida selectiva puerta a puerta de las distintas fracciones de RSU (orgánica, envases ligeros, cartón, vidrio y rechazo) que genere empleo verde y que ayude a aumentar el porcentaje de recogida selectiva de productos que propone la UE, “por ejemplo, del 17% al 35%, o más”.
Los Verdes plantean que las tasas municipales de recogida y tratamiento de los residuos deben fomentar la minimización de los residuos y su recogida selectiva, primando las buenas prácticas y haciendo que pague más quien más residuos genera y menos recicla.
En esta jornada europea “ha quedado patente que una buena gestión de los RSU generaría muchos puestos de trabajo y evitaría graves contaminaciones de los suelos y los acuíferos”. Los Verdes quieren fomentar la industria verde de recuperación y reciclaje de las materias aprovechables, el compostaje doméstico, la participación del pequeño comercio en la prevención de producción de residuos y la introducción de medidas que reduzcan la generación de envases, como son el fomento, en comercios alimenticios, de la venta a granel o el sistema de retorno de los envases.
Por último, han insistido, durante la jornada parlamentaria, en su rechazo a la incineración masiva de RSU que ahora propone la Generalitat Valenciana como solución para su “nefasta” gestión de los residuos, debido a los “graves impactos medioambientales y peligros para la salud humana que provocan las emisiones a la atmósfera de las incineradoras y sus cenizas”.
