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El asesor de César Sánchez que dudó del presidente de la Diputación por el conflicto de las rotondas

Sergi García

Dénia —

La política depara a menudo hechos inauditos, pero en el caso de lo sucedido recientemente en Alcalalí el adjetivo se queda incluso corto. En el pleno del mes de diciembre, el portavoz del Partido Popular, José Vicente Marcó, presentó una pregunta para conocer si, en materia de adjudicación de contratos por parte del pleno, los miembros de la corporación deben abstenerse si guardan relación de parentesco de primer grado con alguno de los licitadores. Pero poco después acabó admitiendo que en realidad lo hacía para conocer si el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, pudo incurrir en irregularidad en el llamado caso Rotondas de Calp. Se da la circunstancia, y de aquí lo insólito, que Marcó es asesor del propio Sánchez en la institución provincial.

El portavoz municipal popular y asesor del presidente de la diputación reconoció en el debate plenario albergar dudas de que el presidente de la diputación y alcalde de Calp hubiera obrado correctamente en el caso de las rotondas para mejorar el acceso a la ciudad del Penyal desde la carretera nacional 332. Hay que recordar que el caso Rotondas saltó a la luz cuando la diputación aprobó financiar con dos millones el proyecto, apenas unos pocos meses después de que el consistorio calpino expropiara parte de los terrenos a la suegra del propio Sánchez, que era además entonces alcalde de Calp. Pese a ello, Sánchez no se ausentó de la votación.

En el pleno de diciembre en Alcalalí, cuya retransmisión ha colgado el ayuntamiento en Youtube y en la propia web municipal, el asunto sale a relucir en el turno de preguntas, cuando el portavoz popular se interesa, en relación a la adjudicación realizada por el ayuntamiento para las obras de la bilbioteca, sobre si los miembros de la corporación debían abstenerse en caso de guardar relación de parentesco en primer grado. Y reconoce que lo hacía para informarse “a raíz de la polémica de las rotondas de Calp, donde el presidente [de la diputación] votó a favor” de la adjudicación de la obra en terrenos expropiados a su suegra en el consistorio calpino.

La alcaldesa, Maribel Molina (Compromís), mostró su perplejidad por la pregunta planteada, cuando había quedado claro que ningún miembro de la corporación municipal mantiene relación de parentesco en primer grado con la adjudicataria del contrato de las obras de la biblioteca. Y porque, además, ella no participó en la adjudicación, sino que se abstuvo.

“¿Te refieres a la Alcaldía?”, le preguntó la alcaldesa a Marcó. El edil popular niega con la cabeza, por lo que la presidenta del pleno le pregunta a quién se refería. Y la respuesta de Marcó vuelve a ser clara: “A César Sánchez Pérez, presidente de la diputación”.

José Vicente Marcó: “¿Cómo voy a preguntarle yo una cosa a una persona a la que asesoro?”.

El asombro de Molina va en aumento: “¿Haces una pregunta al pleno de Alcalalí sobre César Sánchez?”, le insiste, a lo que Marcó argumenta que quería “aprovechar” el caso de la biblioteca municipal “para saber aquello” de las rotondas de Calp. “Pues se lo pregunta a César Sánchez, que usted es su asesor y se lo podrá contestar mejor que yo”, le replica la alcaldesa. Y aquí viene otra sorprendente respuesta del portavoz del PP: “¿Cómo voy a preguntarle yo una cosa a una persona que yo asesoro?”. Y por lo que cobra, cabe añadir, unos 50.000 euros al año de la diputación.

Se niega a ceder suelo para una rotonda

Lo sucedido en relación al llamado caso Rotondas de Calp en el pleno de diciembre no es el único asunto sorprendente de la sesión. Justo a continuación se produce otro, en el que se aprecia una clara confusión entre el interés público y el privado. Lo protagoniza, en este caso, el concejal del PSPV, Bernardo Ferrer.

El edil socialista es uno de los propietarios de terrenos necesarios para la construcción de una de las dos rotondas que ejecutará en el municipio la Generalitat. Y en el pleno advierte con que no piensa ceder suelo para ese proyecto si el gobierno local no autoriza la construcción, en terrenos de su propiedad, de un supermercado Consum y una gasolinera.

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