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Canal 9: 1.200 millones dilapidados, 1.800 despedidos, 0 responsables

La gestión del PP en Canal 9 ha multiplicado por 81 la deuda y por 3 el personal hasta llevar a RTVV al borde del abismo. El cierre, sin embargo, se produce sin depurar responsabilidades políticas

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El fin de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) deja a una comunidad autónoma con lengua propia sin referente audiovisual, un monstruoso agujero económico de 1.200 millones de euros de deuda y a cerca de 1.700 empleados –amén de la industria auxiliar– sin trabajo.

Tamaño desaguisado, sin embargo, se depura sin responsabilidad política alguna. Alberto Fabra habla de la insostenibilidad de la televisión sin detenerse ni un segundo en analizar la catarata de irresponsabilidades, excesos y supuestos delitos que han coadyuvado a la extinción de un medio de televisión público.

Por ejemplo: cuando el PP llegó al Gobierno de la Generalitat se encontró con una televisión con 16 millones de euros de deuda, poco más de 600 trabajadores y más de un 20% de cuota pantalla. Cuando el PP cierre la televisión –si finalmente lo hace– dejará un agujero de 1.200 millones, 1.800 profesionales sin empleo y una audiencia ridícula, inferior al 4% de share, aunque es verdad que el panorama televisivo es ahora mucho más competitivo.

Una gestión cuanto menos incompetente, como incluso ha reconocido la propia RTVV.  La lista de responsables del dislate es larga. La encabezan Eduardo Zaplana y Francisco Camps, los dos expresidentes de la Generalitat que convirtieron la televisión en aparato de agitación y propaganda a su servicio y en el lugar perfecto para hacer clientelismo.

También deberían estar ahí los exaltos cargos de RTVV que, sin apenas experiencia audiovisual, se prestaron a servir de correa de transmisión de las órdenes de Camps y Zaplana. Jesús Sánchez Carrascosa, por ejemplo, jefe de campaña de Zaplana, e impulsor de la telebasura estilo Tómbola. Vea Reig y Pedro García, exjefes de prensa de Zaplana que convirtieron Canal 9 en un NODO al servicio del poder. García, además, está imputado por la vergonzosa implicación de RTVV en los gastos de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Todos ellos, pese a su penosa gestión, no han sido denunciados. Ni siquiera señalados por el Gobierno que ahora cierra la televisión pública. Los familiares de las víctimas del accidente del Metro de Valencia han acuñado una potente expresión de denuncia: 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables. En Canal 9, bien se puede decir lo mismo: 1.200 millones dilapidados, 1.800 despedidos, 0 responsables.

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