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Asignatura pendiente

El nuevo gobierno deberá mejorar el acceso a la función docente y afrontar la polémica experiencia versus oposición

El  nuevo conseller de Educació, Vicent Marzà, ha emprendido con rapidez y decisión algunos de los cambios más demandados por la comunidad educativa en estos últimos años, marcados por la marea de reivindicación por la escuela pública, como la gratuidad de los libros de texto o la extensión de las becas de comedor a junio y septiembre. En estos asuntos tiene a la mayoría social de su parte, pero su departamento también tendrá que tomar decisiones en campos en los que no reina el acuerdo, como el del acceso a la función docente.

El anterior gobierno puso a los interinos en pie de guerra, al establecer, en 2013, la llamada rebaremación. Hasta ese momento, en las bolsas de personal docente se situaban en primer lugar las personas con experiencia laboral, en función de su antigüedad. Entre los integrantes de este colectivo, hay diferentes formas de acceso: algunos han aprobado la oposición, otros sólo la han aprobado parcialmente, otros tantos la han suspendido y hay quienes no se han presentado nunca a las pruebas selectivas, puesto que entraron por bolsa extraordinaria cumpliendo determinados requisitos relativos a su formación.

Estos interinos con servicios prestados no tenían la obligación de presentarse a las oposiciones. Si lo hacían, podían pasar dos cosas, o bien sacaba una plaza y pasaban a ser funcionarios de carrera, o bien no obtenían la plaza, en cuyo caso se quedaban en el mismo puesto de la bolsa que ocupaban, ya que el requisito de ordenación es la antigüedad laboral y no el resultado en las pruebas.

La situación para los opositores que nunca han trabajado en la enseñanza es bien distinta. Si no se hacen con una plaza, obtengan la nota que obtengan, se situarán detrás del personal con experiencia. Así, son numerosos los casos de personas con una o varias convocatorias aprobadas, incluso con calificaciones de sobresaliente, que no consiguen acceder a ninguna sustitución. Estos casos se han incrementado durante los años de crisis a causa de los recortes en personal, pues anteriormente se contrataba a muchos más interinos y las bolsas corrían, algo que no ocurre en los últimos cinco años.

Sin embargo, en 2013, los populares cambian las reglas del juego a través de un nuevo acuerdo de interinos y establecen que las bolsas se reordenarán tras cada convocatoria de oposición, en función de los resultados obtenidos, y sólo se excluye de este proceso a los interinos más antiguos. La consecuencia lógica es la rebelión de los miles de docentes afectados, a los que se obliga a revalidar constantemente su aptitud para ejercer y que pierden su situación de estabilidad laboral.

El sindicato STEPV decide interponer un recurso contra esta decisión y lo acaba ganando en el Tribunal Superior de Justicia por una cuestión de forma: el anterior acuerdo de interinos, de 2010 tenía una vigencia de cuatro años, por lo que la aprobación de uno nuevo en 2013 resultaba ilegal. El nuevo gobierno salido de las urnas en mayo acata la sentencia justo cuando van a comenzar las oposiciones, y provoca una situación conflictiva: supone un alivio para el personal con experiencia laboral, que ya no será rebaremado y puede incluso no presentarse a las pruebas, pero cae como un mazazo entre los opositores sin servicios prestados, que ven cómo las condiciones del proceso cambian justo en el último momento e invalidan para la inmensa mayoría de ellos (las plazas convocadas son muy escasas) las posibilidades de trabajar, a pesar del esfuerzo y el capital invertido durante meses o años.

Además, lógicamente, la sentencia no gusta tampoco a los interinos de las anteriores convocatorias de exámenes realizadas desde 2013 y que habían resultado beneficiados en la rebaremación, al subir puestos en bolsa.

Por encima de los intereses enfrentados de los distintos colectivos de interinos, algo parece claro: la administración cree que el maestro o profesor óptimo es aquel que supera un concurso-oposición, puesto que es a él a quien únicamente otorga las plazas en propiedad, resulta a todas luces incongruente establecer un sistema de interinidades al que se puede acceder al margen de esas pruebas selectivas y en el que uno puede perpetuarse hasta su jubilación.

El sentido común nos dice que la mejor opción debería combinar la demostración de unas capacidades y actitudes con la práctica laboral. En ese sentido, una propuesta muy interesante sobre la que trabajar es la del Nuevo Acceso Docente (NAD), defendido por una plataforma nacional de interinos.  En este sistema todos los profesionales tienen que presentarse a la oposición, pero sólo es obligatorio hacerlo una vez. La puntuación obtenida no caduca, aunque quien quiera puede volverse a examinar para mejorar su calificación (siempre se le aplicará la nota más favorable). A partir de ahí, las bolsas se ordenan teniendo en cuenta la experiencia, el resultado de la oposición y otros méritos de formación. La posición en la lista es variable, en función de la experiencia que se va adquiriendo, el posible aumento de nota en pruebas selectivas o la mejora formativa (obtención de títulos, realización de cursos, etc.).

Aunque habría que sentarse a negociar para definir qué peso tendría en el NAD la experiencia y cual la nota de oposición (a fin de no desequilibrar ambos factores y llegar a un consenso que pueda satisfacer a todos), es un punto de partida que tanto el gobierno del Estado como el de la Comunidad, en el marco de sus respectivas competencias, deberán tener en cuenta, dado que la plataforma que defiende la reforma tiene cada vez mayor presencia pública. También los aprobados en oposición a los que afectó positivamente la rebaremación de 2013 se han asociado y presentado escritos de queja en Conselleria. Igualmente, se oyen cada vez más en los medios generalistas y en las redes sociales las voces de los aprobados que ni siquiera han podido trabajar a pesar de sus elevadas calificaciones.

Aunque los interinos con experiencia que defienden el actual sistema tienen el respaldo sindical, el conseller deberá tener en cuenta cuando aborde este asunto que, por encima de la presión de los colectivos docentes aunque buscando el máximo consenso posible, la administración educativa debe introducir de una vez por todas un sistema de ingreso en la función docente estable, que mantenga un mayor equilibrio entre experiencia, calificaciones en oposición y formación, que cumpla con la disposición constitucional de acceso en términos de igualdad, mérito y capacidad, pero sobre todo que tenga como principal objetivo el conseguir la calidad docente, en beneficio de los alumnos.

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