El barco de rescate que desobedeció a Salvini es obligado a detenerse al intentar llegar a Lampedusa

El barco de la ONG alemana Sea Watch con 42 migrantes ha intentado llegar al puerto de la isla italiana de Lampedusa, “ según ha informado la portavoz Giorgia Linardi.

Linardi ha explicado que “esta mañana desde el barco se informó a las autoridades que habían pasado 24 horas desde que se declaró el estado de necesidad que les obligó a entrar en aguas territoriales y que a las 14:16 GMT no obteniendo respuesta ni asistencia se decidió entrar en el puerto”.

A aproximadamente una milla de la bocana del muerto se obligó a la capitana del buque, Carola Rackete, a apagar los motores, ha añadido la portavoz en italiana de la ONG, y agentes de la Guardia de Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) al igual que este miércoles, han vuelto a acceder al barco.

Este miércoles, Rackete, de 31 años, quebrantó la prohibición de un decreto firmado recientemente por el Gobierno italiano que impide entrar en aguas italianas a quienes hayan rescatado inmigrantes “sin permiso”, aunque fue bloqueada a poca distancia por efectivos policiales.

La capitana alegó que la situación a bordo era de emergencia y que tenía que llevar a tierra firme a las 42 personas rescatadas el pasado 12 de junio.

Mientras una embarcación con miembros de algunos partidos italianos como Graziano Delrio y Matteo Orfini, del Partido Demócrata (PD) han llegado hasta el barco para mostrarles su apoyo.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el promotor de la política de puertos cerrados ha exigido a los Países Bajos y a Alemania, países de bandera de la nave y de la ONG respectivamente, que asuman su responsabilidad y se repartan los migrantes.

Después, en una entrevista radiofónica, ha expresado su deseo de que las autoridades judiciales emitan una orden de arresto contra la tripulación del barco por entrar sin permiso en aguas italianas.

La ONG se expone ahora a multas de hasta 50.000 euros, pero también a la incautación del barco, según el nuevo decreto, pero la capitana también podría ser acusada de favorecer la inmigración ilegal y de no haber parado máquinas y entrar sin permiso en las aguas territoriales lo que conlleva penas de hasta 16 años de cárcel.