“Estamos sorprendidos con el Gobierno español: Libia no es un puerto seguro”
La visita a Madrid del representante de Acnur para el sur de Europa, coincide con un nuevo giro del Gobierno en su gestión de los rescates del Mediterráneo. Felipe Camargo responde las preguntas de eldiario.es con la diplomacia que caracteriza a la Agencia de la ONU para los Refugiados, pero no evita afear al Ejecutivo español en su defensa de Libia como “puerto seguro”. “No lo es”, zanja Camargo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) está presionando a los gobiernos español, italiano y maltés para buscar una solución conjunta que no sobrepase una “línea roja”: devolverlos a Libia, un país que, recuerda Felipe Camargo, no cumple los “estándares mínimos de protección y derechos humanos”.
El pesquero aún espera puerto seguro. España dice estar negociando con Libia para devolverlos. ¿Acnur está presionando a España para que no se produzca la devolución?
Estamos hablando con todos los gobiernos involucrados. Nuestra política es muy clara con respecto a Libia: no es un puerto seguro. Hay operaciones que están devolviendo personas a Libia, pero nosotros estamos teniendo una posición muy clara. Cuando hay una operación de socorro es importante buscar un puerto seguro y Libia no es un puerto seguro.
Estamos hablando con todos los gobiernos implicados en el caso del pesquero: Malta, España e Italia. Es un grupo pequeño, es importante que se despolitice la situación de 12 personas que, aunque no sabemos realmente si necesitan protección internacional o no, están en una situación en la que corren riesgos si son devueltos a Libia.
¿Cuál es la posición que está tomando España en esas conversaciones?
En este momento, no soy el representante de España. Hemos pasado ya nuestra opinión a las autoridades. No sé si hay una respuesta concreta. Nosotros esperamos que las consideraciones que hemos planteado, de no ser devueltas a Libia, sean tomadas en consideración.
El Gobierno de España, después de acoger a 630 personas del Aquarius y otras tantas rescatadas por el barco Open Arms, ahora defiende que Libia es un puerto seguro. ¿Cómo explica este cambio?
Estamos tan sorprendidos como pueden estar los periodistas. Nuestra posición es que Libia no es un puerto seguro. Es importante que haya una discusión europea para definir qué es lo que están considerando un puerto seguro y cuáles son las características de este.
¿Por qué Libia no lo es?
Nosotros hemos dicho siembre que el hecho de tener una presencia del Acnur y de la OIM en algunos de los puntos de desembarco en Libia no significa que sea un puerto seguro. Las personas no están bajo nuestra protección en Libia. Son devueltas a los centros de detención en condiciones que siguen estando por debajo de unos estándares mínimos de protección y de derechos humanos.
En ese sentido, nos preocupa que se politice el caso de un barco con 12 personas y que no se dé una respuesta ágil y rápida. No solo de España, sino también de los países vecinos de Italia y Malta.
Por eso estamos discutiendo con ellos la importancia de encontrar una solución rápida.
¿Cuál podría ser la solución?
Hay diferentes alternativas. Si ya están en aguas internacionales, podrían ser enviados a un puerto seguro cercano, como Malta o Italia. Como se han hecho en otros casos mucho más grandes, que haya una distribución de las personas en los diferentes países. El hecho de que el pesquero tenga bandera española no significa que se trate de una obligación directa de España de recibir a esas 12 personas, pero pensamos ninguno de los actores debe politizar la vida de las personas.
Insiste en la necesidad de “no politizar” el caso del pesquero Nuestra Madre Loreto. ¿Por qué considera que se está politizando?
Es un caso particular. Es un pesquero, tiene bandera española, hizo una operación de socorro en aguas libias y lo que queremos es encontrar una solución. Exigimos que haya claridad por parte de Europa ante los rescates de las personas que están intentando atravesar el Mediterráneo. Y que se dé esa respuesta, para acabar con la incertidumbre actual, en la que se llega a soluciones diferentes para cada caso.
El Gobierno de España continúa defendiendo las devoluciones en caliente y su argumentación está pendiente del Tribunal de Estrasburgo [que está revisando la condena a España por las expulsiones inmediatas]. ¿Temen que la sentencia ampare las devoluciones?
Es importante que se genere un sistema de gestión y gobernabilidad de la migración que clarifique qué sucede en estos casos. Todos estamos a la expectativa del resultado de la sentencia. Hay mecanismos de diálogo con los países para evitar que personas que tiene realmente un motivo para pedir asilo no tengan acceso a la protección internacional. Nuestro objetivo es tener un diálogo con todos los países para asegurarse de que se mantiene ese principio básico del acceso a la protección.
El sistema de asilo español está bastante bloqueado. En las últimas semanas, se ha evidenciado en las largas colas a las puertas de comisarías de Madrid. ¿Son tantas las solicitudes de asilo en España como para que se dé esta situación?
Ha habido un aumento y eso es evidente y las autoridades son conscientes de ese aumento. Parte de lo que he hecho en esa misión es discutir estos temas con el Gobierno. La respuesta ha sido muy positiva: hay una conciencia sobre las deficiencias que existen en el sistema.
Algunos de los obstáculos procedimentales y administrativos para acelerar una respuesta. En las distintas reuniones que tuvimos con los distintos ministerios involucrados en la respuesta (Interior y Trabajo y Migraciones), ofrecimos el apoyo técnico para ayudar a desbloquear algunos de los problemas que se presentan. Hay algunas soluciones que son más sencillas de lo que parece y se ha concretado una reunión para la próxima semana, para discutir en más detalle, cuáles son algunos de estos puntos de embudo que hacen que el procedimiento no solo sea lento, sino que se acumulen muchos de estos casos.
No es una cuestión que no se pueda resolver, sino que ahora hay voluntad para resolverlo. Hay una responsabilidad de los Estados, que va más allá de la Convención de Ginebra. Hay un reglamento europeo, hay un sistema común sobre le asilo en Europa y España debe estar a la altura de esta responsabilidad.
¿Qué medidas concretas han pedido que aplique el Gobierno?
Entrar en el detalle es difícil sin haberlo hablado todavía con las autoridades. Algunas son de tipo procedimental: acelerar el registro, modificar el método de las citas por el que ahora se posponen citas por dos años, lo que provoca que la gente permanezca de forma irregular en el territorio.
Hay recursos europeos a los que puede acceder España para mejorar la capacidad de respuesta de las diferentes entidades y el proceso de determinación dentro del Ministerio del Interior. Estamos en ese diálogo.
Tenemos experiencias similares de otros países europeos que se han visto ante llegadas importantes. España es un país con dos fenómenos de ingreso, dejando por fuera el de los movimientos secundarios hacia el resto de Europa, pero gay capacidad, hay recursos, se deben poner en juego todos los mecanismos necesarios para evitar que se convierta realmente en una crisis. Porque no pensamos que sea una crisis en este momento.
En los últimos meses, el presidente del Partido Popular Pablo Casado ha insistido en un discurso antiinmigratorio. ¿Temen que se propague como ha ocurrido en otros países europeos?
Es una pregunta que le hicimos a la representación española de Acnur. Es un tema que nos preocupa. No creo que estemos en la misma situación que se vive, por ejemplo, en Italia, pero es un riesgo que existe.
Somos muy insistentes en la necesidad de cuidar el discurso, en recordar el peligro del alarmismo. Y en ocasiones utilizan el asilo para extender el miedo a la inmigración. Las cifras de llegadas a la Unión Europea son perfectamente manejables, es necesario recordarlo.
