Lo que Albert Rivera no dijo sobre exclusión sanitaria en el debate con Pablo Iglesias

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Podemos, Pablo Iglesias, se sentaron cara a cara para debatir sobre sus propuestas para las elecciones generales en el programa Salvados, de La Sexta, emitido este domingo. En el encuentro, Rivera volvió a defender la idea de excluir de la atención sanitaria normalizada a los inmigrantes sin permiso de residencia. “Es lo que hay en Europa”, defendió. Iglesias se opuso a la medida por una cuestión de “justicia” y de “salud pública”, pero no añadió algunos de los argumentos que cuestionan el modelo que defiende Ciudadanos incluso con cifras de ahorro.

La propuesta de Ciudadanos es la que aprobó el Gobierno del PP en 2012. La reforma sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes sin papeles de un día para otro. La atención en los centros médicos públicos quedaba restringida por ley a ciertos supuestos: urgencias, menores de edad y embarazadas. Más tarde, se añadieron además cuestiones de salud pública (para atender las enfermedades contagiosas que pudieran suponer un riesgo para el resto de la sociedad).

A continuación, algunas de las críticas más sonadas contra el modelo sanitario que propone Albert Rivera para España.

1. Las excepciones no se cumplen

En el debate, Albert Rivera enumeró los casos en los que Ciudadanos contempla la atención a las personas en situación irregular. “Urgencias, menores, embarazadas, enfermedades contagiosas, que es lo que dice la OMS”, indicó. Para el resto de casos “el debate es si a esa persona se le pasa una factura o no”.

“Si nosotros gobernamos, nadie se va a quedar en la puerta de un hospital sin ser atendido porque somos un país que tiene firmado convenios de derechos de humanos y los derechos fundamentales tienen que quedar atendidos”, añadió.

Estas excepciones de atención son las que tenemos en España en la actualidad, gracias al decreto 16/2012 impulsado por el Partido Popular. La experiencia de tres años de norma ha dejado constancia de numerosos casos de irregularidades en las que personas que tenían derecho a la sanidad eran expulsadas de la atención sanitaria. Bebés a los que no querían atender sin su tarjeta sanitaria, embarazadas a las que negaban el seguimiento médico de su gestación y pacientes que se volvían de urgencias con una factura o que huían sin ser atendidos de los hospitales y centros de salud por miedo a un cobro.

Según mostró un informe de la Red de Denuncias y Resistencia al Real Decreto (REDER), solo esta plataforma registró que 1.567 personas fueron excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012 en un año y medio, entre enero de 2014 y julio de 2015. El 68% se encontraba en alguno de los supuestos de atención obligatoria.

2. No se ha probado que la exclusión sea más barata

Albert Rivera defendió retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles con el argumento de “proteger” el sistema público para los españoles y los residentes legales en el país. “Hay que protegerla (la sanidad pública)”, insistió el político catalán. El argumento del derroche sanitario del turismo sanitario también es el principal argumento con el que el Gobierno defiende la exclusión de los inmigrantes irregulares.

Sin embargo, el ahorro económico de retirarles el acceso al médico no ha quedado probado. El Gobierno no ha justificado esa cifra, como le recordó el Tribunal Constitucional en un auto en el que respaldó la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria, que sí presta atención a este grupo.

Además, la Defensora del Pueblo recordó los argumentos de expertos que indican justo lo contrario: la atención en urgencias resulta más cara que el seguimiento médico y la prevención de estas personas en atención primaria. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) publicó un reciente estudio en el que asegura que es más barato atender a los inmigrantes en situación irregular que verlos solo en urgencias: “Gastan menos en la atención sanitaria de los migrantes si se tratan antes, en vez de esperar a que necesiten un tratamiento en urgencias”.

Un ejemplo del estudio europeo: la atención continua podría prevenir más de 200 ataques cardíacos por cada 1.000 inmigrantes.

3. Europa no solo defiende el modelo de exclusión

El candidato a la Moncloa de Ciudadanos insistió en enmarcar su argumento en una tendencia general en Europa, de “los países modernos”, para no atender a los inmigrantes en situación irregular en determinados casos. El informe de la FRA es una muestra de que desde el viejo continente no solo se defiende la exclusión sanitaria. La FRA pidió a los estados miembros que “no debe limitarse sólo a la atención en urgencias, sino que también debe incluir otras formas de asistencia sanitaria esencial, como la posibilidad de asistir al médico y recibir los medicamentos necesarios”. “El derecho a la salud es un derecho social básico protegido en la declaración internacional y europea de derechos humanos”, recordó el organismo europeo.

Y no es el único ejemplo. En enero de 2014, el Consejo de Europa advirtió a España de que la decisión de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea. “Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia”, señaló el Comité Europeo de Derechos Sociales.

4. El Constitucional cuestiona limitar el derecho a la salud

Albert Rivera defendió el respeto de las leyes para justificar su modelo de atención sanitaria. “No le voy a decir a mi ministro de sanidad que no cumpla la ley”, afirmó. El decreto que dio luz verde a la reforma sanitaria ha recibido ya varias derrotas en los tribunales españoles. Fue denunciado ante el Tribunal Constitucional por varias Comunidades Autónomas, que se oponen a la reforma, y a su vez el Gobierno de Rajoy acudió al alto tribunal para recurrir varias normas autonómicas que ampliaban el derecho a la salud.

El estos últimos casos, el Constitucional ha avalado en dos autos las normas que daban asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. En el auto referido a la Ley Navarra, el tribunal apuntó que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas [...] no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Además, la reforma sanitaria también excluyó a algunos inmigrantes con papeles, como a los ancianos reagrupados por sus familiares. En estos casos, en los que las personas mayores quedaban totalmente desamparadas (sin acceso a los seguros privados debido a su edad), la justicia ha dado la razón a las familias cuando han denunciado a la Seguridad Social.

5. El Partido Popular ha reculado en este modelo

Rivera además defiende un sistema sanitario que ha fracasado. El Gobierno ya no defiende el modelo que aprobó en 2012 y en marzo anunció que ampliaría la astención sanitaria también a la atención primaria. “Creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria”, afirmó el titular de Sanidad, Alfonso Alonso.

Siete meses después, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo se ampliará esta atención en las diferentes Comunidades Autónomas, con las que el Gobierno busca ahora un acuerdo que ignoró en la tramitación del decreto de 2012. En la actualidad, varias Comunidades prestan asistencia sanitaria a los inmigrantes sin tarjeta, pese a las amenazas del Gobierno de denunciarlas ante el Tribunal Constitucional.