El Gobierno ve inconstitucional la atención sanitaria a inmigrantes de la Comunidad Valenciana

Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado en un escrito discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat Valenciana que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunidad Valenciana, pues estima que pueden ser inconstitucionales. El Ejecutivo amenaza con presentar el recurso de constitucionalidad si el Gobierno autonómico no corrige la norma.

Por esta razón, el Gobierno ha propuesto la creación de una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat para buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Gobierno al que ha tenido acceso Efe.

En ese documento, el Gobierno expone que el decreto ley que el ejecutivo valenciano aprobó el pasado 24 de julio por el que reguló el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana “puede incurrir en extralimitación competencial”.

Ese decreto devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas excluidas del sistema público de sanidad, a las que se concede una tarjeta sanitaria, tienen acceso a la cartera básica de servicios, se les asigna un facultativo de medicina general y cuentan con la prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.

El Gobierno expone que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y de las prestaciones básicas en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública.

El Estado aprobó la reforma sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) que estableció una serie de requisitos para ser asegurado y beneficiario de la atención médica, la cartera común de servicios, las prestaciones de salud pública y la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica. Esta medida dejó sin acceso a la asistencia normalizada a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, entre otras personas.

El Gobierno considera que el decreto ley valenciano, cuyo fin es garantizar el acceso a las prestaciones del SNS a los extranjeros en situación administrativa irregular, “vulnera la competencia estatal”, ya que la determinación de las condiciones para acceder a las prestaciones del SNS y su contenido básico corresponde, dice, “exclusivamente” al Estado.

Para el Gobierno, también suscita “controversia” la “adecuación a la normativa estatal” de los apartados del decreto que señalan que para acceder a las prestaciones sanitarias habrá que cumplir requisitos como estar empadronado en algún municipio de la Comunitat.

Sobre los artículos del decreto que regulan las prestaciones asistenciales, farmacéuticas, ortoprotésicas y de salud pública, el Gobierno opina que “incurren en inconstitucionalidad”, porque la definición del ámbito objetivo de la materia “Sanidad” corresponde al Estado, y las prestaciones a que tienen derecho los asegurados las ha establecido el Estado.

Dónde ve el Gobierno incompatibilidades

El Gobierno también considera que puede haber motivos de incompatibilidad con la ley del SNS en los artículos relativos a la solicitud, el documento de identificación, la asignación de médico y los supuestos de exclusión y fin de la validez de la acreditación.

La disposición que faculta al ejecutivo valenciano a regular el acceso a la sanidad pública de los extranjeros no registrados en España como residentes y que cumplan los requisitos fijados en la norma, y la que establece la evaluación del cumplimiento de los objetivo del decreto ley, también pueden incurrir en incompatibilidad, asegura el Gobierno.

Finalmente, el Ejecutivo pone de manifiesto la posible incidencia de la aplicación del decreto ley con un artículo del Reglamento de la Comisión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

El Gobierno anunció el pasado marzo la devolución parcial de la sanidad a los inmigrantes irregulares, a los que había limitado este derecho tras su reforma sanitaria de 2012. El Ministerio de Sanidad rechazó entregarles de nuevo una tarjeta que le proporcionaría la asistencia normalizada, sino que anunció la creación de un documento esepecial para estas personas.

Cuatro meses más tarde, en un Consejo Interterritorial convocado para este fin, el Ejecutivo lanzó una propuesta a las comunidades autónomas para “unificar” la atención sanitaria a inmigrantes en un mismo plan, después de que varias regiones aprobasen planes específicos para dar cobertura a estas personas.

La propuesta imponía como requisitos para poder optar a la asistencia primaria y especializada llevar empadronado en España como mínimo durante seis meses y demostrar no percibir ingresos superiores a cercade 500 euros, lo que, según varios colectivos en defensa de la sanidad pública y ONG, dejaría a personas fuera.