Ecuador mantiene en la cárcel a cerca de 50 presos españoles que deberían estar ya libres

Raúl y Luis deberían estar ahora en sus casas, pero todavía continúan entre rejas. Lo mismo que otras 300 personas, de entre ellas, unos 50 españoles, que con el nuevo Código Penal de Ecuador sobre la mesa deberían estar disfrutando de la libertad. Todo gracias a la reforma del presidente Rafael Correa que reduce la pena media por narcotráfico, beneficiando especialmente a los pequeños portadores. Pero la burocracia judicial y la falta de un marco de actuación para los presos trasladados a cárceles fuera de sus fronteras está retrasando la revisión de esas sentencias.

Raúl -nombre ficticio- encarna una de las historias de aquellos que esperan impacientes en una celda a que su historial caiga en manos de algún juez. Antes de acabar preso en Ecuador, era un obrero más golpeado por la crisis. Tras perder su trabajo, el desánimo de este padre de 50 años se fue apoderando de sus pensamientos, relata su hermana. Con un mercado laboral inexpugnable, terminó sucumbiendo a los cánticos de sirena de la droga: 30.000 euros (con los que podría abrir su soñada pastelería) si introducía en España unos fardos de cocaína que esperaban en Latinoamérica.

Su viaje terminó cuando la policía ecuatoriana le dio el alto con la carga y un juez le impuso seis años de prisión. La defensa prometida por sus patrones nunca apareció.

No es el único caso. Cerca de cien presos de origen español cumplen condena en Ecuador por delitos de tráfico de sustancias estupefacientes. No son grandes narcos ni experimentados traficantes con antecedentes a la espalda. En su mayoría, son mulas que vieron en el mundo de la droga una oportunidad para aliviar su situación económica. Pero, si algo falla, el puñado de euros termina convirtiéndose en una larga estancia en prisión, a diferencia de muchos de los capos, que acaban esquivándola, dicen resignados algunos de sus familiares.

Sin embargo, desde agosto, la situación de muchos ha dado un vuelco. El Gobierno de Rafael Correa aprobó a finales de agosto una reforma penal con la que ponía a fin a una ley con la que durante 24 años se permitió castigar el transporte de droga sin tener en cuenta la cantidad. Daba igual que se cargara con un insignificante gramo o con una maleta atestada de coca, las penas iban desde los 8 hasta los 16 años de prisión. En la actualidad, ese aspecto ha pasado a jugar un papel determinante: las penas se calcularán en proporción a las cantidades portadas. Y el punto más celebrado: tendrá carácter retroactivo, esto es, se aplicará también a las sentencias firmes.

La revisión, como apuntan fuentes jurídicas, beneficiará especialmente al colectivo de las mulas, conocidos por no cargar más de dos kilos y medio. Hasta la fecha, según datos del Gobierno ecuatoriano, se han beneficiado unas 1.700 personas de todas las nacionalidades, entre ellas 10 españoles. Sin embargo, de los 100 presos de origen español, unos 20 aguardan a que un juez revise de una vez su pena. “La justicia es muy lenta, ponen trabas a cada paso”, denuncian desde el Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo de los colegios de abogados españoles. El País informó cómo un preso español murió encarcelado mientras esperaba que revisaran su pena. No solo ocurre al otro lado del Atlántico.

Presos españoles a la espera

Luis -nombre ficticio- cumple condena en España por un delito de narcotráfico cometido en Ecuador. Un acuerdo bilateral facilitó su traslado para que tuviera la oportunidad de terminar su pena en su país de nacimiento. Su biografía personal, descrita en una carta de su hermana en la que solicitaba ayuda a la Abogacía Española, no es muy diferente a la de los demás: Ecuador se alza como la última y única oportunidad para acabar con el quebradero económico.

Los agentes le sorprendieron en el aeropuerto de Quito con un pijama impregnado de 3,90 gramos de cocaína. Alguien se la había dado, pero él fue el único condenado a nueve años. Con la nueva ley, debería estar ya en la calle.

El problema, relata la Abogacía Española, es que la revisión de penas aprobada por Rafael Correa solo favorece a presos que estén en cárceles ecuatorianas. No existe ningún procedimiento a seguir para los encarcelados que han sido trasladados. Esta institución calcula que en España hay unas 100 personas como Luis, de las cuales unas 40 podrían abandonar el penal si la Administración ecuatoriana accediera ya a reexaminar su historial. Un procedimiento que la Abogacía ha pedido directamente al Gobierno de Quito, y que, según les han trasladado, “podría estar listo en un futuro cercano”.

“No me puedo morir sin volver a ver a mi hijo”. Son palabras de la madre de Raúl, transmitidas por una de sus hermanas, ajena a todo lo que ocurre a su alrededor. Su otra hija, en paro por depresión, ha preferido no agotar la mentira que les contó Raúl antes de embarcar: trabajaría en Francia. “No pedimos que le saquen de prisión, sino que le trasladen y le puedan revisar la pena”, asegura su hermana reprimiendo las lágrimas. Una situación, de angustia, que ha sufrido también la hermana de Luis: “Nos preguntamos cuándo saldrá de prisión después de tanto sufrimiento. Espero decirles a mis padres que su hijo un día volverá a casa. Ellos se hipotecaron y lo perdieron todo pagando al abogado”, describe en su carta.

Las familias viven con un sufrimiento continuo. Muchas se enteran varios meses después que uno de sus allegados está preso, pero a miles de kilómetros de su casa. El primer síntoma que les atenaza es el de la incredulidad, dado que el familiar normalmente no desvela sus negocios con la droga. Luego, aparece la indefensión y el miedo, el no saber qué hacer. Investigan, y muchos finalmente terminan contactando con la Abogacía Española, institución que está haciendo una intensa labor por intentar que se revisen cuanto antes las penas a los españoles. “Ahora tenemos algo más de esperanza”, apunta la hermana de Raúl.

En cambio, hay otro punto controvertido sobre el que la Abogacía también ha alzado la voz. “Nos han advertido de supuestos intentos de fraude a los familiares de los presos, a los que se les pide dinero para realizar gestiones legales cuyo resultado es, obviamente, incierto”, cuenta el coordinador de proyectos de la Fundación de la Abogacía, Francisco Segovia, y subraya la hermana de Raúl. “A mí me ha pedido camisetas de James (jugador del Real Madrid) para poder hacer gestiones o pedir cosas dentro de la cárcel”, señala.

“La solución esta cada vez más cerca”

Gerardo Esteva es abogado, representa a varios presos y hace unas semanas se desplazó hasta Ecuador para recabar datos sobre el terreno. “Las cárceles son un infierno, aunque en los últimos dos años se están produciendo avances”, asegura. Explica que, aunque en Ecuador hay un proceso habilitado, “no es muy rápido, ya que cada preso lo debe solicitar individualmente” y, además, “en España no hay un marco para saber cómo actuar, aunque tenemos noticias de posibles avances en un futuro cercano”.

Sobre esto último, y sus posibles remedios, responde a eldiario.es desde Ecuador por correo electrónico el defensor público general, Ernesto Pazmiño. “El proceso no deja de ser complejo ya que se requiere contar con la identificación exacta de la persona, en qué cárcel se encuentra, y su tiempo de permanencia. Luego, se tienen que resolver ciertos procesos internos como el que se pueda realizar la audiencia sin la presencia del preso, a través de la representación consular respectiva”. Pese a todo, asegura que hay reuniones periódicas con la Embajada española y que en 2015 “se acelerarán los trámites al no ser obligatorio, como hasta ahora, la obtención de la copia certificada de la sentencia”.

Los familiares piden una mayor implicación del Gobierno español que, por el momento lanza la pelota al Ejecutivo de Correa. “La jurisprudencia es ecuatoriana, por lo tanto, España no puede hacer nada más que mantener reuniones con Ecuador, que se están produciendo”, dicen fuentes del Ministerio de Exteriores a eldiario.es. “El Consulado trabaja con los presos que están allí y los que han sido trasladados, trabajamos lo más rápido posible, pero todo va muy lento”, añade la fuente diplomática. La respuesta del Ministerio de Justicia es la misma y apunta a la responsabilidad ecuatoriana.

Hay excepciones que insuflan esperanza a las familias. Hasta el momento, de las 1.700 personas que según el Gobierno de Quito han salido de las cárceles gracias al principio de favorabilidad, 10 de ellas son españolas. Uno es Curro -nombre ficticio-. Pescador granadino de profesión, se fue a Ecuador a trabajar en su sector. Al llegar, según cuenta su abogado a este periódico, le secuestraron y, asegura, le obligaron a hacer de mula. El final suele estar escrito. En el aeropuerto Guayaquil la Policía no le dejó subir al avión: un escáner detectó que transportaba en su organismo 43 preservativos llenos de cocaína y le condenaron a 8 años de cárcel. La nueva ley le ha devuelto la libertad.

Otros como Manuel -nombre falso-, 34 años de edad, también se han visto favorecidos por la revisión, aunque en su caso la salida de prisión tendrá que esperar, explica su defensa. Era buzo en España y ante la falta de oportunidades se trasladó a Ecuador. Le pillaron intentando transportar cocaína lo que le acarreó una condena de 4 años según el artículo 59 de la Ley de Sustancias Estupefacientes. Al final, se ha reducido su condena sustancialmente: 18 meses. Todo gracias a una revisión legal promovida por Rafael Correa, cuyo padre estuvo preso por tráfico de drogas en Estados Unidos.