Estrasburgo archiva una causa sobre la Cañada Real: “Se fían de la Comunidad y ellos mienten”
Una excavadora estuvo a punto de echar abajo la casa de Mohamed pero, tras largas semanas de incertidumbre, los operarios no pisaron la Cañada Real. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desacreditó a la justicia española y paró de forma cautelar el desalojo de Mohamed Raji y su familia hasta que se les garantizara un alojamiento adecuado. Dos años después, la misma corte de Estrasburgo ha archivado la denuncia al entender que las administraciones han reculado en sus pretensiones iniciales. “No podemos estar contentos, no es suficiente”, admite Mohamed.
En el escrito, publicado el pasado 16 de diciembre, la justicia europea se hace eco de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar la orden de demolición, del mismo modo que toma nota del plan que emana del Gobierno regional para buscar una solución urbanística al problema de la Cañada Real (un poblado cercano a Madrid donde se suceden hasta seis sectores con casas e infraviviendas levantadas de manera irregular). Episodios que sirven a los magistrados para dar carpetazo a la investigación al entender que “el asunto ya ha quedado resuelto, al igual que el respeto a los derechos humanos”, según se puede leer en la sentencia, en cuya elaboración han participado dos españoles.
“Estaríamos más conformes si Estrasburgo hubiera entrado más a fondo en el asunto”, admite Javier Rubio, el abogado que llevó la denuncia de Mohamed ante Europa. Pero a renglón seguido recalca: “Nos sentimos satisfechos al haber contribuido al diálogo en torno a la Cañada Real, y que no derriben las casas”. Como la de su representado, a quien las estrecheces económicas no le dejaron otro camino que abandonar su humilde inmueble de Vallecas y comprar con los ahorros de toda la vida una pequeña vivienda en ese asentamiento limítrofe a la capital.
Mohamed, en cambio, hace una lectura menos entusiasta que la brindada por su letrado. “No podemos estar contentos, el escrito nos deja igual de desamparados que antes de la paralización cautelar”, señala resignado al teléfono. En un buen español, este marroquí accede a explicar el motivo por el que mantiene todavía el estado de alerta a pesar de que el derribo de su casa está cancelado: “La Comunidad y el Ayuntamiento no son gente de fiar, mienten y engañan. Esperábamos que el Tribunal hubiera presionado”, para que los políticos se hubieran tomado la situación que vive la Cañada “más en serio”.
Desde un prisma judicial, sin embargo, el abogado considera que la sentencia emitida por el tribunal europeo dificulta seriamente que un juez o que el Ayuntamiento puedan ordenar de nuevo un derribo en la Cañada Real. “Es complicado que puedan hacerlo si no se ofrece una alternativa habitacional”, subraya. Desde Amnistía Internacional, organización muy comprometida con el caso de Mohamed, emplazan a la Comunidad de Madrid a que cuanto antes “constituyan la mesa urbanística” que contempla el plan anunciado hace meses, a bombo y platillo, por el Ejecutivo regional.
Centenares de familias a la espera de un acuerdo
Antes de que el drama de Mohamed cayera en manos de los jueces europeos, el Ayuntamiento de Madrid les amenazó, a él y a su familia, con echar abajo su casa, alegando la situación irregular de su inmueble. Pero, horas antes de que el Tribunal de Estrasburgo dictara la paralización cautelar (basada en la falta de un alojamiento adecuado), el consistorio optó por detener la ejecución del derribo. Esta circunstancia, sumada al plan de la Comunidad para la vía pecuaria, ha convencido ahora a los magistrados de que la situación de Mohamed está en vías de solución.
Él no lo ve igual. “Tras el anuncio de diálogo expuesto por la Comunidad y el Ayuntamiento no hemos visto nada, solo parece propaganda. No hay negociaciones, ni nos informan de nada. Esta todo paralizado”, asiente al teléfono. Y completa: “No vamos a parar, no hemos decidido que acciones vamos a adoptar, pero no vamos a parar”. El caso de Mohamed no es ni mucho menos anormal. Hay muchos más como él, vecinos que hace años observaron con angustia como su morada pendía de un hilo, y que a día de hoy esperan un acuerdo que no acaba de llegar.
Sin embargo, no todos han corrido la misma suerte. “Tenemos una demanda en Estrasburgo porque hay una parte de la Cañada Real donde continúan los derribos”, según cuenta el abogado Javier Rubio. Se refiere a El Gallinero, un poblado chabolista colindante a la Cañada que ha quedado excluido del proyecto regional para regularizar el asentamiento. Una decisión que crispó a las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno. “Incorpórenlo al acuerdo marco de la Cañada”, ha pedido recientemente Izquierda Unida.
No es la única demanda de estas características que ha presentado Javier Rubio, que trabaja como abogado en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES. En el año 2011 el Ayuntamiento de Madrid tiró abajo la casa de Abdul Ghailan en plena madrugada, dejando a su familia en la calle sin previo aviso. “Hemos llevado este caso ante el tribunal de Estrasburgo y estamos a la espera de que se pronuncie al respecto”, apostilla.
En la Cañada Real, localizada a escasos 10 kilómetros de la Puerta del Sol, están sin urbanizar más de 15 kilómetros, en el que viven más de 7.700 personas. La Comunidad ofrece venderles el suelo a los que puedan pagarlo, y al resto realojarlos. “No nos fiamos”, vuelve a repetir Mohamed antes de colgar el teléfono.
