El Gobierno considera que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente “da seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil”

El Gobierno aguardaba el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tomar una decisión definitiva sobre las expulsiones inmediatas que no ha dejado de aplicar y defender en las vallas de Ceuta y Melilla. Tras la sentencia, el Ejecutivo ha defendido que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente “permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes” en las fronteras, según explican fuentes gubernamentales a eldiario.es.

Una vez conocida la resolución se “seguirá aplicando la legalidad vigente en la frontera”, apuntan por su parte desde el Ministerio del Interior sobre si continuarán con las devoluciones en caliente en la frontera. La sentencia se ha traducido en un respaldo de la Justicia europea a las expulsiones inmediatas que el Ejecutivo defendió ante Estrasburgo.

Fuentes gubernamentales sostienen que la decisión de la Corte “permite poder actuar dentro de un marco jurídico europeo consensuado, entendiendo que la frontera sur de España es además la frontera sur de Europa”. Además, la resolución de Estrasburgo “también permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control de nuestras fronteras”, añaden.

En esta misma línea se ha pronunciado durante la mañana de este viernes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha manifestado que el aval de la Gran Sala a las expulsiones inmediatas aclara lo que puede hacer la Guardia Civil en frontera y, desde ese punto de vista, es “positivo”, según recoge la Agencia Efe. “Creo que se clarifica un poco la situación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen una labor en condiciones muy difíciles”, ha defendido.

“Las decisiones judiciales se acatan”, concluyen fuentes de La Moncloa. No obstante, la sentencia de Estrasburgo no obliga a aplicar este tipo de devoluciones, sino que únicamente descarta que la actuación juzgada incumpliese el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte establece el mínimo de garantías que el Gobierno debe aplicar en este tipo de operaciones: el Estado nunca podría operar por debajo de esa línea, pero sí por encima, advierten las fuentes jurídicas consultadas.

Por su parte, Unidas Podemos remite a eldiario.es la valoración de la sentencia consensuada por el Gobierno. El vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han participado este viernes en la reunión ordinaria de la Comisión Delegada sobre Asuntos Migratorios, junto al presidente del Gobierno y los ministros de Justicia y Exteriores. En el encuentro, marcado en agenda desde hace meses, se ha valorado el contenido de la sentencia, según ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es.

Algunos miembros del Ejecutivo han cuestionado la sentencia de Estrasburgo antes de que hubiera una reacción oficial. El primero ha sido la ministra de Trabajo. “Respetando las sentencias, no comparto la resolución que se ha tomado”, ha señalado Yolanda Díaz en RNE. Según ha defendido, España “debe estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales”.

La delegada del Gobierno para la violencia de Género, Victoria Rosell, quien fue jueza de control del Centro de Internamiento para Extranjeros de Las Palmas, también ha mostrado su oposición al contenido del fallo de Estrasburgo. “Cómo vas a cumplir las leyes y saber quiénes son menores, víctimas de trata o merecedoras de asilo si no pueden hablar. Cómo puede no saber el TEDH que España no tiene aún reglamento con asilo en consulados ni pueden pasar por Beni Enzar”, ha lamentado Rosell en Twitter.

En la oposición, Pedro Sánchez se comprometió a erradicar estas prácticas, que consideraba ilegales. A su llegada a La Moncloa, su gobierno decidió seguir adelante con el recurso impuesto por Mariano Rajoy al fallo europeo que condenó a España en 2017 por la expulsión inmediata de dos inmigrantes. Por su parte, desde Unidas Podemos siempre se han mostrado en contra de las devoluciones en caliente y desde la oposición han exigido su ilegalización.

Estas expulsiones fueron reguladas en la legislación española en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del “rechazo frontera”, incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta semana, el Constitucional ha empezado a analizar los artículos de la llamada 'Ley Mordaza' cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto entonces por varios grupos parlamentarios de la oposición, incluido el socialista.