Paraguay: hambre de justicia

Enrique Gauto Bozzano

Secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay —

El pasado miércoles, el Tribunal de Sentencia de Salto de Guairá, al este de Paraguay, negó la posibilidad de arresto domiciliario a cinco campesinos que llevan ya casi dos años en prisión preventiva, y que han pasado en huelga de hambre los últimos 58 días. Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana son cinco campesinos cuya vida se encuentra en peligro. Se han visto obligados a asumir esta medida extrema para que se respete su derecho a un proceso justo. Las organizaciones de Derechos Humanos de Paraguay expresamos ante las autoridades nuestra preocupación por su estado de salud, y nuestro desacuerdo con la negación del arresto domiciliario. Consideramos que constituye una señal más dentro de un conjunto de irregularidades, violaciones del debido proceso y del derecho a la defensa que se vienen dando desde hace años con el caso de Curuguaty.

Muchas personas recordarán este caso por la matanza de Curuguaty, que tuvo lugar el 15 de junio de 2012 y supuso la muerte de 11 campesinos y 6 policías. Las consecuencias fueron conocidas internacionalmente, ya que el Congreso paraguayo invocó la falta de garantías de orden para destituir al presidente elegido democráticamente, Fernando Lugo.

Sin embargo, éste no es un caso solamente de seguridad u orden público. Se trata de uno de los ejemplos de la profunda desigualdad económica y social que vive Paraguay. Existe una enorme brecha entre ricos y pobres, y especialmente entre grandes terratenientes que poseen miles de hectáreas y familias campesinas que no tienen ningún terreno donde sembrar para alimentarse. En gran parte, como consecuencia de un modelo de agroexportación basado en grandes negocios que concentran en pocas manos enormes extensiones de cultivos como la soja y el maíz.

El caso se inicia en 2004, cuando más de 200 familias, sobre todo jóvenes que aspiraban a tener un futuro, realizaron los trámites legales necesarios para solicitar unas tierras que eran propiedad del Estado y que no estaban en uso. Lo que deseaban era cultivar para comer, y ocupar los terrenos de forma legal. Pero una gran empresa instaló en esas tierras sus cultivos de soja y consiguió que ilegítimamente le reconocieran como titular de las mismas utilizando una figura legal creada para atender a los campesinos sin recursos.

La disputa legal desembocó en el desalojo violento, la terrible masacre y en la consecuencia política de la destitución del Presidente. Casi dos años más tarde, las familias campesinas siguen sin tierra, los jóvenes de Curuguaty siguen luchando por un futuro, buscando trabajos temporales y mal pagados en el campo o en las ciudades. Parte de los campesinos están en prisión, y otros pendientes de proceso.

Los cinco campesinos que siguen en prisión, y en huelga de hambre, buscan que se haga justicia real con su caso, y con las familias campesinas de Curuguaty. Su estado es muy débil, su vida corre serio peligro. Pero cada día que pasa crece el apoyo de sus familias, sus comunidades y muchas organizaciones nacionales e internacionales. El Estado paraguayo debe tomar medidas para proteger urgentemente el derecho a la vida de estas personas y cumplir con los compromisos constitucionales e internacionales para solucionar este caso en el marco de la justicia.

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