Las ONG que acogen migrantes piden más coordinación entre el Gobierno y Andalucía tras dejar a gente en la calle por las PCR: “Nos sentimos impotentes”

Por la sede de la organización CARDIJN en Cádiz han pasado durante las últimas semanas varios migrantes recién llegados en patera en busca de un lugar donde pasar la noche. Tras permanecer un máximo de 72 horas detenidos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque, no han sido derivados a un centro de acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones por no contar con un resultado negativo en una prueba PCR y se han quedado en la calle. Aunque había plazas disponibles, la ONG no podía recibirlos.

“Han venido dos personas pidiendo información, ayuda, pero no podemos hacer más que derivarlos a dispositivos de la ciudad para personas sin hogar”, lamentan desde la entidad. La razón se encuentra en el encontronazo surgido entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central tras la aprobación de un protocolo a finales de julio que impide la acogida de personas arribadas en patera si no han sido sometidas a una prueba PCR. Por el momento, la Secretraría de Estado de Migraciones calcula que cerca de 400 personas no han podido ser acogidos por no cumplir este requisito.

Por un lado, Andalucía se niega a aplicar las nuevas líneas de actuación marcadas por el Ejecutivo central y mantiene su protocolo anterior, basado en la realización de test rápidos -con amplio margen de error- a quienes alcanzan sus costas de forma irregular, excepto en aquellas personas que presentan síntomatología compatible con la COVID-19, a quien sí realizan las pruebas más fiables. Sin un documento que acredite un resultado negativo en una PCR, los recién llegados están abocados a las calles o a los servicios sociales. Por otro, el Ministerio de Inclusión, del que depende su acogida, impide a decenas de inmigrantes el acceso a sus centros por incumplir sus requisitos. El resultado: estas personas suelen continuar su itinerario migratorio en la clandestinidad, lo que por lo general incluye el viaje a otras comunidades o países europeos, con lo que se complica el control epidemiológico en caso de ser positivo.

En Almería, la semana pasada cerca de 12 personas de origen subsahariano deambulaban por el centro de la ciudad tras haber sido identificadas por la Policía. En estos momentos, solo dos de ellos han permanecido en la zona. Según la ONG Barbecho, este fin de semana un grupo de al menos siete argelinos tampoco fue derivado al sistema estatal de atención humanitaria por no haber sido sometidos a los test más fiables y, en estos momentos, se desconoce su paradero.

Variasorganizaciones que forman parte de la red de acogida del Gobierno para migrantes recién llegados a las costas españolas han exigido una mayor coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Inclusión para corregir la desprotección de estas personas y el riesgo de salud pública que conlleva. “Nos sentimos impotentes. Tenemos a personas vulnerables en las puertas porque no se les da respuesta desde la Administración”, denuncia Juan Carlos Carvajal, coordinador área de inmigrantes de CARDIJN. “Se tienen que buscar soluciones para que los podamos atender. Está accediendo gente a nuestras costas, tenemos que estar seguros de que están bien, pero a la vez no podemos no dejarlos en situación de vulnerabilidad: pedimos colaboración entre administraciones y que no utilicen este tema como arma arrojadiza”, añade.

Desde Andalucía Acoge, José Miguel Morales critica el “ruido” generado por la “confrontación entre el gobierno autonómico y el estatal”, que “genera una imagen muy negativa que potencia la criminalización social de las personas migrantes” en plena pandemia. “Esta falta de colaboración entre administraciones impulsa la sensación irreal de que las personas que sobreviven al viaje en patera son un riesgo para la salud publica”. Por esta razón, la ONG asegura estar dispuesta a costear la realización de PCR a través de la sanidad privada en caso de tener constancia de migrantes excluidos del sistema de atención humanitaria, aunque entienden que se trataría de un parche de emergencia.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) rechaza plantearse la financiación de estas pruebas porque entiende que “se tiene que hacer cargo de este tema la sanidad pública”. La ONG, con centros que forman parte de la red estatal de acogida en Andalucía, pide que “las administraciones se pongan de acuerdo” para cumplir tanto con las garantías de salud pública como con el acogimiento de estas personas. “Tras la llegada en patera tienen que garantizar la salud de las personas que llegan y las que ya están en los centros. La confrontación entre administraciones no puede perjudicar a personas migrantes que llegan en situaciones muy lamentables y deberían ser acogidas”, sostiene Mónica López, directora de programas de la organización.

La Secretaría de Estado de Migraciones aprobó el pasado 25 de julio un nuevo protocolo para actualizar las medidas que las distintas comunidades autónomas debían activar en la recepción de pateras para identificar posibles casos importados de COVID-19, que incluye la realización de PCR a todos los ocupantes de las pateras o, en su caso, realizar este tipo de test “por lotes” -someter a la prueba a un grupo de personas que actuaría como “muestra” del resto de ocupantes de la patera-. Antes de la creación de esta instrucción, todas las comunidades autónomas que reciben pateras, excepto Andalucía, ya contemplaban hacer PCR a todos los recién llegados por la vía irregular.

Tras la publicación del protocolo, la Junta de Andalucía no ha dado su brazo a torcer. Desde la finalización del estado de alarma, el Ejecutivo regional ofrece PCR solo a los migrantes que presentan síntomas. Al resto se les hace un test rápido. Si alguno de ellos obtiene un resultado positivo también sería sometido a la prueba más fiable.

Sin embargo, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, defendió la semana pasada que la Junta está cumpliendo y aplicando “a rajatabla” el convenio suscrito con el Ejecutivo central para aplicar un protocolo de actuación ante casos positivos en coronavirus detectados entre inmigrantes llegados en pateras a las costas andaluzas.

Fuentes del Ministerio de Inclusión explican a elDiario.es que el protocolo “no es una norma de obligado cumplimiento” a nivel jurídico “para administraciones o actores ajenos a la Secretaría de Estado de Migraciones”, sino “un procedimiento o instrucción que establece cómo actuar en el ingreso o acogida en centros residenciales de su competencia”. “Este procedimiento se dicta al amparo de las normas sanitarias, aclarando a quién corresponde la competencia en cada caso, para que se puedan seguir los pasos adecuados”, sostienen desde el departamento dirigido por José Luis Escrivá, que recalcan que el Ministerio tiene “la voluntad de colaborar para garantizar que se cumpla con el proceso preventivo y está ofreciendo alternativas para apoyar en la atención a las personas recién llegadas durante el diagnóstico y, en su caso, la cuarentena en espacios puestos a disposición por la comunidad autónoma”. Por su parte, la Consejería de Salud de Andalucía continúa defendiendo su protocolo, que solo realiza PCR a las personas sintomáticas.

Las ONG insisten en que ambas administraciones deberían hacer más por acoger a los recién llegados y, a su vez, salvaguardar la salud pública. “En Andalucía hemos tenido la mitad de embarcaciones que el año pasado. Es un número de llegadas muy bajo: no es de recibo que un año de pocas llegadas haya más polémica fruto de la descoordinación”, reitera Morales.