Quise defender a un cliente que iba a ser deportado y ahora Trump quiere castigarme como abogado

El fin de semana del Memorial Day de 2025 —un festivo en Estados Unidos que se celebra el último lunes de mayo, dedicado a honrar a los militares fallecidos en servicio— una mujer me llamó desesperada para decirme que su marido iba a ser deportado a Laos esa misma noche. Según ella, las autoridades se lo habían comunicado apenas unas horas antes. Aunque trabajo solo y mis recursos son limitados, asumí el caso de manera gratuita porque mis principios me impulsan a representar a quienes no pueden permitirse pagar a un abogado.

Conozco bien el plan del Gobierno de trasladar a los detenidos sin previo aviso para esquivar la supervisión judicial, y me sentí preparado para el reto porque escribo artículos para publicaciones académicas y en 2022 publiqué una guía en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco para ayudar a abogados a presentar recursos de hábeas corpus -que exigen a los jueces la revisión inmediata de la legalidad de una detención– en defensa de clientes migrantes.

A pesar de que conseguí una orden del distrito norte de Texas que prohibía explícitamente que mi cliente fuera deportado, lo subieron a un vuelo internacional hacia la 1 de la madrugada. Tras pasar la noche en vela haciendo llamadas y enviando correos, salí a caminar para despejarme.

Entonces mi cliente me sorprendió con una llamada exasperada desde Guam, territorio estadounidense en el Pacífico occidental, donde lo habían hecho bajar del avión y lo habían detenido, posiblemente a raíz de mis gestiones de esa noche. Fue una pequeña victoria: seguía en territorio estadounidense. Corrí a presentar una nueva solicitud ante el tribunal del distrito de Guam para intentar impedir que mi cliente no quedara apátrida, encarcelado indefinidamente o deportado de un modo que vulnerara los tratados de derechos humanos.

De pronto, yo me había convertido en el objetivo

De hecho, en junio, consciente de las condiciones en la megacárcel Cecot –Centro de Confinamiento del Terrorismo– de El Salvador y del drama de otros migrantes expulsados sin previo aviso, tramité una demanda colectiva contra deportaciones en mi distrito, en el área de Los Ángeles, y quería extender esa protección a este cliente. Sabía que el presidente Trump había emitido una proclama para intentar justificar las expulsiones a posteriori, pero confié en mi criterio y en mis capacidades para pedir al tribunal que aplicara la ley tal y como está redactada.

Sin embargo, el Gobierno procedió a expulsar a mi cliente de Estados Unidos. Me sorprendió que el Ejecutivo solicitara al juez que me castigara por mi labor de defensa mediante una moción de sanciones, una estrategia insólita de la administración para arremeter directamente contra los abogados de inmigración, para arruinar su carrera o imponerles multas. Son sanciones encaminadas a castigar a letrados que participen en litigios “frívolos, son fundamento y vejatorios” contra Estados Unidos. De pronto, yo me había convertido en el objetivo.

En mi profesión, las sanciones se consideran un asunto que suscita dudas éticas y cuestiona el criterio de un abogado; pueden incluso inhabilitarte para ejercer determinados cargos, como la docencia universitaria o la magistratura. Por ello, decidí impugnar la moción en silencio y en solitario, convencido de que la ley estaba de mi lado. Aun así, me inquietaba que mis acciones en defensa de mi cliente pudieran interpretarse como poco profesionales, pues mi comportamiento sereno y centrado en los tribunales contrasta de forma radical con la puesta en escena de la Administración Trump, que ha contaminado al Departamento de Justicia y quebrado toda tradición de independencia y dignidad en este organismo.

Una estrategia más amplia

Poco después, un periodista de Politico me indicó que, por lo visto, soy el primer abogado en ser objeto de un plan más amplio: las agencias federales han recibido la instrucción de acusar formalmente a los letrados de conducta poco ética. El objetivo final es inhabilitarlos y frenar futuros litigios. El periodista iba a publicar un artículo sobre esta medida y quería contar con mi testimonio. Yo no deseaba convertirme en protagonista del caso de mi cliente, así que le pedí que utilizara únicamente sus iniciales —como ya había hecho en mis escritos judiciales— para protegerlo. Sin embargo, el Gobierno incluyó su nombre completo en los documentos, aparentemente como castigo por atreverse a hacer valer sus derechos en los tribunales. Aunque el caso principal fue desestimado, la apelación de mi cliente sigue su curso y quizá fue lo que terminó de motivar al Gobierno a arremeter contra mí.

En Estados Unidos, creemos que nuestro Gobierno se rige por las leyes y no por los hombres, por lo que podemos recibir un trato justo. El debido proceso, es decir, la notificación y la oportunidad de ser escuchado, es fundamental para nuestro sentido de la justicia. Esperamos que se nos conceda una audiencia en el tribunal para tener la oportunidad de explicarnos y evitar errores judiciales. Del mismo modo, esperamos poder opinar sobre las leyes que nos rigen.

El Tribunal Supremo ha ido desmantelando sin contemplaciones los derechos individuales, un proceso que ahora se acelera porque todos los derechos están vinculados a los derechos de los migrantes

Todos confiamos en la seguridad jurídica y en la estabilidad política para poder vivir en paz. La política de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam llevó a mi cliente y a su familia al país cuando él aún era un niño, de modo que siente esta traición tanto como todos nosotros ante la inestabilidad actual. Sin embargo, el Tribunal Supremo ignora e incluso revoca de forma rutinaria precedentes judiciales para respaldar los amplios edictos de Trump mediante órdenes con escasa o nula fundamentación, afectando a todos nuestros derechos sin el debate ni las garantías que exigen los procesos legislativos y judiciales propios de una democracia. Los tribunales de menor instancia y los abogados quedamos atrapados en un dilema, mientras se sientan precedentes peligrosos que pueden extenderse a todos los estadounidenses, no solo a las personas migrantes.

Mi investigación analiza cómo el Tribunal Supremo ha ido desmantelando sin contemplaciones los derechos individuales, un proceso que ahora se acelera porque todos los derechos están vinculados a los derechos de los migrantes. Aunque la mayoría de los estadounidenses cree que los controles basados en el origen racial o étnico por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) es una práctica reciente, en realidad el tribunal ya lo avaló en la década de los setenta, estableciendo una zona de actuación que abarca la mayoría de las principales ciudades del país. A medida que las fuerzas armadas respaldan las redadas imprudentes y violentas de este organismo contra los migrantes —a veces incluso contra ciudadanos estadounidenses—, el Gobierno está allanando el camino hacia una era de control sin posibilidad de recurso ni reparación.

Los padres fundadores de Estados Unidos y los redactores de la Constitución consagraron los derechos de los migrantes en los documentos fundacionales, garantizando así la vitalidad económica del país. Ahora, como entonces, debemos decidir si mantenemos la unidad o caemos.

Joshua Schroeder es un abogado especializado en la primera enmienda de la Constitución de EEUU.

Traducción de Emma Reverter.