Qué sabemos sobre las redadas para interrogar a inmigrantes realizadas por la UE

Este lunes comenzó la operación policial conjunta 'Mos Maiorum'. Se trata de una macro redada para interrogar inmigrantes que promueve el Consejo de la Unión Europea y a la que se ha sumado España junto a otros estados miembros. El objetivo último del operativo, según un documento interno de la asociación filtrado por la organización State Watch, es “recopilar información relevante con el fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”. De la operación, que tiene lugar entre el 13 y 26 de octubre, Interior no quiso especificar detalles a eldiario.es “para no dar pistas a las 'mafias'”. Sin embargo, las redadas anteriores arrojan algunas pistas de cómo se está desarrollando esta edición.

Este tipo de redadas se iniciaron antes de 2010 y parten formalmente de la iniciativa de la presidencia de turno de la UE, aunque el verdadero germen se encuentra en el Consejo de la Unión Europea. En este caso ha sido Italia la encargada de ponerla en marcha, como hicieron en años anteriores Grecia, Lituania o Portugal. El Consejo detalla en su informe que los gastos de organización de la redada corren a cargo del país que ostente la presidencia en cada edición. La Agencia Europea para el control de la Frontera Exterior ha confirmado este martes a Europa Press su participación en el operativo aunque asegura que tan solo prestará apoyo estadístico.

Las redadas anteriores se han desarrollado de forma parecida. No obstante, a partir de 2014 el Consejo de la Unión Europea ha comenzado a justificar las operaciones como un intento de detectar la presencia de mafias de tráfico de personas. La relación entre la población inmigrante y este tipo de redes apareció por vez primera reflejada en el documento de la operación Aerodromos, realizada en mayo de 2014. En ocasiones anteriores, la explicación de las redadas se basó en la necesidad de identificar las rutas y los países de origen de la inmigración irregular.

El cambio de prioridades nace a partir de un comunicado de Europol en mayo de 2013. La organización policial europea redactó un informe en el que detallaba la “evolución de la inmigración ilegal”. Para la agencia europea, había llegado el momento de convertir el fenómeno en prioridad.

Antes de 2010 y durante las respectivas presidencias de Bélgica y Hungría se llevaron a cabo las operaciones Hermes y Mitras, una suerte de precuela para dar paso en 2012 a una gran operación conjunta entre los estados.

Entre finales de octubre y principios de noviembre de ese año, Chipre convoca la operación Aphrodite. El objetivo: “combatir la inmigración ilegal, sobre todo los cruces ilegales de fronteras, recoger información sobre los movimientos posteriores de los migrantes dentro de los Estados Miembros de la Unión, las rutas tomadas y recabar datos extra relacionados con el tráfico de migrantes”.

Apenas se tienen datos de esta primera gran operación. Aún así, un año más tarde, entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre, Lituania se encarga de coordinar la operación Perkunias -similar a Aphrodite- de la que sí se han publicado datos concretos. Participan 23 países, cinco menos que en la anterior, cuando se unieron 25 estados miembros además de Liechtenstein, Noruega y Suiza. La operación, una vez más, la sufraga el país organizador.

Los controles se efectúan en aeropuertos, estaciones de tren, pasos fronterizos por carretera y en aeropuertos. En un informe, se recoge el país donde se ha localizado al migrante, su nacionalidad, género y edad, así como las rutas previas y el lugar de destino previsto. El resultado, “un éxito” según el Consejo de la UE, se saldó con la detección de más de 10.400 “irregularidades”. Sin embargo, no han sido desvelados datos concretos sobre las detenciones realizadas, el perfil de los arrestados o las expulsiones en el caso de que las hubiesen ejecutado.

Aerodromos, la última redada conjunta, ejecutada entre el 5 y el 11 de mayo de este año, fue apoyada por 18 estados miembros. Desarrollada por Grecia, la operación se desarrolló en 39 aeropuertos con la intención (por primera vez) de detectar grupos criminales de tráfico de inmigrantes.

Tal y como reflejaron el gobierno Griego y Europol en un comunicado, la operación acabó con la detección de 130 extranjeros, “la mayoría por no portar documentación en regla”. El comunicado asegura que una organización criminal fue desmantelada durante el transcurso del operativo. “Un número de traficantes fue detenido”, asegura el comunicado sin llegar a especificar la cantidad concreta.

Posibles violaciones de derechos fundamentales

Estas redadas pueden derivar en violaciones de derechos humanos, según explica María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional. Para la organización, tienen un carácter intimidatorio. “Hay que recordar que la inmigración ilegal es una falta administrativa, no un delito -subraya Serrano-, estas redadas provocan la criminalización de los inmigrantes”.

Además de una más que posible estigmatización del colectivo, estas operaciones policiales “generan temor entre los inmigrantes”, destaca. Los inmigrantes salen con miedo a la calle sabiendo que pueden ser interceptados en cualquier momento.

Otro aspecto polémico de estas redadas se encuentra en las acciones posteriores a la detección de los migrantes. “Cada estado aplica su legislación”, recuerda Serrano. Una vez interceptados, la policía les abre un expediente de expulsión y, o bien se ejecuta directamente, o se les envía de forma cautelar a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

A finales de 2012, se detuvieron 7.249 inmigrantes irregulares. Las operaciones policiales detectaron un intenso flujo migratorio entre Austria y Hungría- Statewatch preguntó a Europol en aquel momento qué pasaba con las personas detenidas. Un portavoz de la agencia respondió que “no disponían de esa información”. Deslizó, sin embargo, que muchos de los arrestados habrían solicitado asilo. En tal caso, los inmigrantes fueron derivados a “campos de recepción” y otros a Hungría.

En cambio, Statewatch insiste en que ni Hungría ni Serbia –país por el que los inmigrantes habían accedido a la Unión Europea y al cual según la legislación debían haber sido devueltos- registraron entrada de solicitantes de asilo. Aún así, Acnur aseguró el año pasado que Serbia no es un país seguro al que devolver solicitantes de asilo.

Denuncia de las organizaciones sociales

Ante el mutismo de Europa hacia los detalles de la operación así como de Interior acerca de la implicación del Gobierno, un conjunto de 37 organizaciones españolas han redactado un comunicado en el que exigen el “respeto absoluto de los derechos humanos de los ciudadanos”, especialmente da la población inmigrante. Sos Racismo, Andalucía Acoge o Pueblos Unidos entre otras denuncian que este tipo de operaciones obligan a los refugiados y a los migrantes a “elegir rutas cada vez más peligrosas”.

“Los instrumentos de control, como la operación Mos Maiorum, son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial”, reza el comunicado a la vez que recuerda que este tipo de operativos son ilegales de acuerdo con la legislación española.

Además de exigir una máxima transparencia sobre los detalles de la operación, las organizaciones anuncian en la nota enviada a los medios que durante los días que dure Mos Maiorum realizarán labores de vigilancia de los derechos humanos.