De una trabajadora interna a una temporera de la fresa: los primeros en presentar la solicitud de la regularización

Un sobre. De esos que durante años han significado esperas y renovaciones, pero que ahora puede significar estabilidad. Un sobre que Sandy lleva guardando en la maleta cada vez que debía mudarse de una vivienda a otra donde trabajar como interna en el cuidado de ancianos. Un sobre donde, dice, guardaba todo lo que llevaba su nombre “por lo que pudiese pasar”. Tras recibir la llamada de su abogado, el mismo día de la publicación del real decreto en el BOE, metió la carpeta bajo el brazo y entregó más pruebas de las que se le exigía como solicitante de asilo. El jueves, horas después de la entrada en vigor de la norma, Sandy se convirtió en una de las primeras personas en registrar la petición de la regularización extraordinaria que tanto esperaba.

La carpeta que la acompaña no es nueva. Lleva tiempo creciendo a base de documentos que han ido marcando etapas: empadronamientos, citas, partes médicos, justificantes de trabajo. “Tenía todo muy preparadico. Al final guardé más cosas de las que necesitaba”, dice entre risas la mujer, con la tranquilidad de haberse quitado de la cabeza el trámite que la tenía pendiente desde que empezó a escuchar de la posibilidad de la medida en las noticias.

La regularización extraordinaria ha empezado a desplegarse sin mucho ruido en la calle, pero a buen ritmo. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión recibió 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería, según el primer balance oficial. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas. Entre ellas, hay personas con nombres propios, que acumulan meses o años en la irregularidad o a la espera de una solicitud de asilo que no llega, con la constante incertidumbre de recibir la negativa y perderlo construido en años de vida en España.

Entre ellas, está Sandy, una trabajadora del hogar, atrapada en el bucle de los abusos y la precariadad durante años. También otros casos, descritos a elDiario.es a través de su abogado, Felipe Garroña, que ejemplifica la diversidad de los perfiles que esconden los expedientes que ya ha podido registrar de forma telemática. Habla de una temporera marroquí que, tras varias campañas viniendo a Huelva para recoger la fresa a través de los programas circulares, acabó quedándose en el país de forma irregular. O un vendedor ambulante que, tras meses vendiendo productos en las playas de Andalucía, ha solicitado la regularización con su compromiso de hacerse autónomo para oficilizar su actividad económica y empezar a cotizar.

Sandy no está en situación irregular, pero lleva casi cinco años viviendo como solicitante de asilo, a la espera de la respuesta de su solicitud. Llegó a España en 2021 y su itinerario administrativo ha sido el de tantas personas atrapadas en el limbo de la protección internacional: noches haciendo cola en comisaría, meses de espera entre entrevistas, y la llamada “tarjeta roja” como única vía de supervivencia mientras su expediente avanzaba lentamente. “Seguíamos con las ayudas de Cáritas, sobrevivimos con eso”, resume. “Nos tocó pasar muchas necesidades, penurias”.

Años de precariedad

Su trayectoria laboral en España ha estado marcada por esa misma precariedad. Durante estos años ha trabajado como interna en domicilios particulares, en ocasiones con contrato y en otras en la economía sumergida, encadenando cuidados de personas mayores en condiciones muy distintas. “Me pagaban una miseria”, recuerda sobre su primer empleo, en el que trabajaba de forma interna de domingo a domingo. En ese primer hogar, cuenta, llegó a sufrir situaciones de violencia verbal y física por parte de uno de los miembros de la familia.

La salida de aquel trabajo no supuso el final de la precariedad, sino el inicio de una cadena de empleos domésticos en los que se repetían patrones de sobrecarga, falta de descanso y dependencia total del hogar en el que trabajaba. En algunos casos, con contrato; en otros, sin él. “Me cansé de tanta cosa”, resume. “No hay más que hacer”.

La historia de Sandy es también la de una vulnerabilidad estructural en el trabajo doméstico, donde la frontera entre empleo y disponibilidad permanente se difumina con frecuencia. A lo largo de su relato aparecen jornadas extendidas, tareas acumuladas y dificultades para reclamar derechos básicos. “No podía salir”, explica sobre uno de sus empleos más recientes, en el que incluso la movilidad estaba condicionada por sistemas de alarma en la vivienda.

El desgaste acumulado terminó derivando en una baja médica y en un despido que ella considera injustificado. A partir de ahí, comenzó un proceso de reclamación laboral con apoyo de asesoría y denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Me han querido tumbar mi dinero que he trabajado”, dice. “He trabajado con creces”.

La regularización llega ahora en ese punto de inflexión. Sandy ha presentado su solicitud con la documentación que ha ido acumulando durante años: empadronamientos, informes médicos, pruebas de residencia y trabajo. Lo describe como un proceso casi de archivo personal de su vida en España. “Tengo guardado desde que llegué todo lo que va a mi nombre”, explica.

Para ella, la medida supone algo más que un trámite administrativo. Es, sobre todo, la posibilidad de salir de un circuito de dependencia laboral en el que cree que ha podido influir el hecho de solo contar con un documento temporal, la tarjeta roja de los solicitantes de asilo, que cree que puede estar restándole oportunidadades en el mercado laboral. “Con la regularización uno puede exigir más sus derechos como ser humano”, resume, aunque cree que el racismo también forma parte de su experiencia en España. La mujer añade una idea que atraviesa todo su relato: la sensación de haber vivido durante años en una especie de suspensión vital: “Es como estar en una cárcel”.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados, como en el caso de Sandy, y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”, según los primeros datos.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que registró 20 expedientes el primer día: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade.

Se trata del documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en el obstáculo de los migrantes sin papeles que no pueden presentar su expediente de otro modo. Por eso, explican varios letrados contactados, están empezando a presentar los casos que no requieren de dicho papel: como los solicitantes de asilo o aquellos que pueden probar una vinculación laboral previa o futura; o aquellos que vivien con sus hijos menores o personas dependientes.

Ahora, con la solicitud ya presentada, Sandy piensa por primera vez en la posibilidad de algo que hasta hace poco quedaba fuera de cualquier plan: poder viajar. Volver a ver a su familia en Colombia sin el miedo a no poder regresar, sin la incertidumbre administrativa que durante años ha condicionado cada decisión. “Tengo cuatro años y medio que no puedo ir”, decía. “Ni cuando murió mi hermana. Sufrí todo ese dolor en la distancia. Ahora sé que, si le pasa algo a mis seres queridos, podrá ir a despedirme y eso me da mucha tranquilidad”, concluye, a la espera de la resolución de su solicitud.