“Cada día 27 menores sufren violencia sexual en Colombia”

“Que dejen de cazar a las niñas y niños”. Este fue el deseo de un niño del departamento colombiano de Sucre cuando le hicieron la pregunta “¿qué te gustaría que cambiara?”. Pocas y contundentes palabras que resumen una de las realidades más ocultas del país. Diana Arango coordina la campaña Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra, integrada por una decena de organizaciones de la sociedad civil colombiana que, junto con el apoyo de Oxfam Intermón, viene denunciando desde 2009 el uso de la violencia sexual como arma de guerra en el conflicto armado en Colombia. Arango visitó recientemente Barcelona, con motivo de la presentación de su último informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia.

Pregunta: El informe “¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños!” arroja unas cifras estremecedoras: 48.915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años entre 2008 y 2012. ¿Reflejan los datos la verdadera dimensión del problema?

Respuesta: Los datos dan cuenta del número de casos registrados en bases de datos oficiales. Según estos registros, en esos cuatro años hubo 48.915 víctimas, eso quiere decir que cada día 27 niños sufrieron violencia sexual por parte de alguno de los actores armados, ya sea fuerza pública, guerrilla o paramilitares. Sin embargo, una de las conclusiones que nos produce más escalofríos es que, pese a que la cifra es muy alta no estamos contando a todos los niños y niñas. Hay un subregistro importante y esto podría ser tan solo la punta del iceberg de lo que es la violencia sexual contra niños y niñas en el marco del conflicto en Colombia.

P: La campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra” nace en 2009 con el objetivo de denunciar el uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. ¿En qué momento se dan cuenta de la importancia de abordar explícitamente el problema de la violencia sexual contra niñas y niños?

R: La necesidad de elaborar un informe específico sobre este tema se nos planteó en 2010. Ese año hicimos una encuesta de prevalencia que nos dio una cifra de 489.000 mujeres víctimas de violencia sexual desde 2001, pero no se incluyó a las niñas menores de 15 años. Ahí nos dimos cuenta de que estábamos ignorando un gran sector de la población colombiana y que, precisamente, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la única fuente de información más o menos completa sobre este tema, la mayoría de los casos de violencia sexual registrados se concentra en niñas de los 4 a los 14 años. La mayoría de las investigaciones en torno a la violencia sexual que se han hecho son sobre mujeres, sobre niñas y niños no había nada, eran invisibles.

P: Y ser invisibles tiene sus consecuencias.

R: Si la violencia sexual contra niñas y niños es invisible no hay un rechazo frente a ella, no hay políticas públicas que la aborden y no hay movilización social. Decidimos que era urgente poder contar con un documento que nos permitiera abrir el espacio de discusión, visibilizar a esta población y recibir una respuesta del Estado.

P: El informe concluye que no hay una tipología única de violencia sexual contra niñas y niños y que ello dificulta por tanto que se cataloguen estas agresiones y puedan prevenirse. ¿De qué tipo de agresiones estamos hablando?

R: Las violencias son tan diferentes como regiones tiene Colombia. En nuestro estudio vemos, por un lado, violencias como la trata de personas, de niños y niñas alrededor de explotaciones de industrias extractivas (empresas petroleras o mineras) o de grandes extensiones agroindustriales, que comercian con menores para satisfacer las necesidades de los trabajadores en estos enclaves.

Por otro lado, hemos constatado el tema del “enamoramiento” como estrategia de los actores armados para reclutar principalmente a niñas para el conflicto. Las seducen para utilizarlas como informantes, ganar confianza en sus territorios o usarlas en el interior de sus filas. También hemos detectado en algunas regiones, y es algo que queremos explorar con mayor profundidad, la venta de virginidades, además de violaciones, prostitución, esterilización forzada y la violencia sexual interfilas. En Colombia hay una gran variedad de violencias sexuales que muchas veces los sistemas de registro no tienen en cuenta, como sucede por ejemplo con el “enamoramiento”.

P: ¿Esto qué consecuencias tiene?

R: Por una parte conlleva que cuando los padres quieren ir a denunciar a un actor armado que está tratando de seducir a su hija o a su hijo para reclutarlo los funcionarios públicos desestiman esa denuncia al no considerarla un delito. Estas formas de violencia no están registradas, el Estado no ha hecho ningún esfuerzo por ir a estas regiones y caracterizar de una manera amplia, respetuosa y profunda lo que está sucediendo allí. Su acción se limita a la denuncia y solo se aceptan como tal las que están incluidas en el código penal colombiano. Hay muchas violencias que no están ahí y, lo peor de todo, es que no se atiende a estas niñas porque no se las considera víctimas de ningún delito. Además, vemos por otro lado cómo este tipo de prácticas se han normalizado.

P: Es decir, no se perciben como un problema...

R: Así es, en ciertos contextos de Colombia no se ve como algo problemático que un miembro de un grupo armado legal o ilegal trate de enamorar a una niña de 14 años. Esto no solamente tiene implicaciones sobre el cuerpo y la dignidad de la víctima sino que también la pone en riesgo de posibles represalias por parte de otros actores armados. Si un miembro de la fuerza pública decide enamorar a una niña de una comunidad, la guerrilla o los paramilitares pueden utilizarla para vengarse de ese otro actor. Se sigue poniendo a la población civil en mitad del conflicto.

P: ¿Qué consecuencias tiene en la vida de una niña o de un niño el haber sido víctima de una agresión de este tipo en el contexto del conflicto armado en Colombia?

R: El efecto es devastador. El problema no es solo la victimización como tal, que ya de por sí rompe con la estabilidad emocional y física de la persona, sino que las secuelas se sienten también a nivel social. La violencia sexual en Colombia tiene un nivel de estigma social que siempre pone a la víctima en el papel de la persona juzgada.

P: La revictimiza…

R: Sí. Es el típico “tú hiciste algo para merecer que te pasara esto”. A las niñas les dicen que si es que estaban en la calle, que si estaban usando minifalda, que si lo provocaron o se lo buscaron ellas. Hay una carga machista, estructural y cultural, muy grande que impide ver a la víctima como lo que realmente es y que el Estado se vuelque en atenderla sin revictimizarla.

P: ¿Son diferentes los impactos en el caso de los niños?

R: En lo que respecta a los niños advertimos que muchas veces denuncian menos que las niñas, son todavía más invisibles. Para ellos la carga puede llegar a ser más pesada pues muchas veces se les considera homosexuales por haber sido víctimas de violencia sexual. En Colombia el machismo está también muy ligado a la homofobia. Los niños son después rechazados por sus mismas comunidades y no son atendidos como se debe.

P: Según el informe, el Estado no está respondiendo a estos casos como cabría esperar.

R: El Estado colombiano está desatendiendo de manera especial a este tipo de víctimas. La violencia sexual se considera un crimen de segunda categoría que no merece una atención rápida, efectiva e integral, que incluya no solo una atención médica de urgencia cuando suceden los actos sino que también vaya acompañado de acceso a la justicia, atención psicosocial y reparación. En Colombia esto no se da, no hay voluntad política para volcar a todas las instituciones y hacer que se responda de forma integral a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto.

P: ¿No ha cambiado nada en este sentido la Ley de Víctimas?

R: Esta ley es un buen intento, pero se queda corta en muchas cosas. Nosotras hemos reconocido su importancia en materia de registro y de reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto armado y es necesario reparar a las víctimas. Pero esa reparación se ha centrado mucho en el tema monetario. Eso es importante, pero no es lo único. Además, en el registro de víctimas apenas hay 1.400 casos, que es nada comparado con lo que nosotras hemos venido diciendo que puede ser el universo de víctimas de violencia sexual.

P: ¿Qué se pretende conseguir desde la campaña Saquen mi cuerpo de la Guerra a partir de este informe?Saquen mi cuerpo de la Guerra

R: Lo primero es visibilizar que existe esta violencia sexual y que este flagelo afecta diferencial y mayoritariamente al sector de la población de las niñas, niños y adolescentes. Lo segundo, exigirle al Estado colombiano que revise sus bases de datos, las armonice y garantice una coordinación interinstitucional entre sus distintas agencias porque necesitamos saber no sólo cuántos niños y niñas son sino quiénes son. Y tercero, que sobre la base de una información completa se diseñen diferentes herramientas de política pública que permitan al Estado dar una respuesta efectiva e integral, que construyamos juntos política pública para prevenir, eliminar y sancionar este crimen y, sobre todo, para atender a los niños y niñas que lo hayan sufrido.

P: ¿Está Colombia ahora en un buen momento para avanzar en este sentido?

R: Esperamos que sí. Creemos que en este momento puede haber una apertura para dialogar sobre cómo el proceso de paz puede redundar en garantías de verdad, justicia, reparación y atención integral por parte del Estado. Pero los diálogos de paz no van a solucionar por sí solos las cosas. El acompañamiento de la comunidad internacional y de los medios de comunicación internacionales es fundamental para que ese escenario de postconflicto se construya sobre la garantía plena de los derechos humanos.