Cómo hacer política de vivienda con quienes la necesitan

“¡Comienza el realojo, comienza el realojo!” La noticia corrió como la pólvora por el barrio de San Francisco, más conocido como el Pozo del Huevo, situado en Vallecas. Tres años antes, el revuelo había sido por las cartas de desalojo que habían recibido en cada una de las chabolas y pequeñas casas de ladrillo que conformaban el paisaje. Este desalojo se consiguió parar en los tribunales, y se reconoció el derecho a un realojo de las familias de barrio. Pero ¿en qué condiciones?

Bajo la premisa de que la experiencia de vida de quienes están en pobreza genera un conocimiento que es fundamental para poder dar respuestas eficaces a sus problemas, desde ATD Cuarto Mundo, que llevaba ya 5 años en el barrio promoviendo actividades de Biblioteca de Calle con niños y niñas del barrio, se marcó el reto de generar un proceso de reflexión colectiva en el que partiparan representantes de todas las familias del barrio, asegurando especialmente la presencia de las más rechazadas, para poder buscar juntas las claves de cara a que el realojo fuera de verdad una oportunidad para todas sin excepción.

El trabajo llevó meses de reuniones entre las familias, en los que se compartieron experiencias propias y de gentes cercanas, ejemplos vividos que permitían explicar porqué en muchas ocasiones los realojos no habían funcionado. Poco a poco fueron apareciendo también propuestas para facilitar el éxito del proceso de reasentamiento en un nuevo barrio. Se eligió a dos vecinas como portavoces y se escribió al director gerente del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social) pidiendo una reunión en la que poder compartir estas claves para garantizar un realojamiento en buenas condiciones, en el que no hubiera marcha atrás. Pero esa cita nunca llegó. Por más que se pidió una y otra vez, no hubo respuesta, hasta que tras una nueva solicitud llegó la noticia “¡Comienza el realojo!”. La demanda del vecindario de ser escuchado se terminaba acallando con este anuncio. Las familias que habían participado en el proceso lo decían claramente: “Mejor no insistir en lo de la reunión, no vaya a ser que nos dejen fuera del realojo”.

Se hizo el silencio, y con él se invisibilizaron las propuestas realizadas por los vecinos y vecinas a partir de su experiencia. Ahora, 15 años más tarde, vemos cómo muchas de estas familias han sido desahuciadas por la misma institución que les realojó, y se encuentran con el problema añadido de que una de las riquezas que tenían, su red de apoyo mutuo, ha desaparecido en los nuevos barrios, potenciando situaciones de exclusión cada vez más graves. Además, estas mismas familias son señaladas como únicas culpables de este fracaso. Nadie les consultó sobre las condiciones básicas para que este proceso pudiera salir bien, pero sin embargo luego se descargan todas las responsabilidades encima de ellas.

¿Esto se podría haber evitado? Difícil asegurarlo. Pero lo que sí se pudo constatar es que a la administración no le interesó saber qué era para estas familias una vivienda digna, sino que se limitó a imponer su modelo propio: el de la vivienda en altura, que a quien más favorece es al negocio inmobiliario. No se valoró la posibilidad de invertir en el asentamiento para regularizarlo y dotarlo de servicios básicos. Igual que no se valora ahora la posibilidad de aprovechar la experiencia y las capacidades de estas personas, que han levantado barrios con sus propias manos en condiciones muy difíciles, para rehabilitar la vivienda vacía que no se entrega con la excusa de que no está en condiciones adecuadas.

Pero no hay otra opción. Para que el derecho a la vivienda sea efectivo hay que contar con el conocimiento de quienes tienen más experiencia de verlo vulnerado. Solo poniendo los medios que garanticen su participación en el desarrollo tanto de las políticas generales de vivienda, como de los diferentes programas y proyectos concretos que les afectan, se podrán detectar las claves que permitirán garantizar este derecho. Para ello es necesario establecer Mesas de Participación periódicas y efectivas en las instituciones responsables de la vivienda social, de las que formen parte las personas afectadas y los colectivos comprometidos en la lucha contra la pobreza y por el derecho a la vivienda (tanto entidades como movimientos sociales). Solo sumando la inteligencia y recursos de todos y todas podremos afrontar el reto de que toda persona pueda tener un hogar digno y seguro.