Recuerdo el día, hace nueve meses, que fui a mi centro de salud en Galicia a pedir el traslado de mi tarjeta sanitaria, pues era la primera vez que residiría allí. Acababa de llegar a España después de haber estudiado fuera durante un año. Estaba sin trabajo y sin prestaciones.
Y con esto de la tarjeta, estaba nerviosa.
Yo. Una mujer de 39 años, española, clase media, buenos estudios y nivel cultural, activista, informada… Y estaba inquieta. ¿Tendría aún derecho a mi tarjeta sanitaria? La lógica decía que sí, pero… ¿Y si no? Con tantos cambios no es posible que se hayan cargado mi derecho a la salud así de un plumazo… Después del tiempo trabajado… sólo por haber estado fuera estudiando y no tener empleo ahora… ¿Qué me dirán?¿Qué me dirán?
Me sentí insegura, sin ningún poder sobre esta tarjeta que parecía marcar mi derecho a la salud.
Y entonces pensé: Si yo me siento así… ¿cómo se sentirán las miles de personas que están en una situación vulnerable cuando les toque ir al médico, o cuando tengan que acercarse a los servicios sociales a pedir una prestación?. Si es que llegan a ir, porque ahora a muchas personas el miedo les impide hacerlo. El miedo a que les cobren la asistencia médica. O la vergüenza de que no les traten bien. Y esto, en ocasiones, pone su vida en peligro.
La cuestión parece clara: nuestro derecho a la salud, o a disponer de unos ingresos mínimos para vivir dignamente, deberían estar mejor protegidos. Para empezar, en las leyes. Y si hablamos de leyes, la primera de todas es la Constitución. La realidad muestra que la protección que la Carta Magna hace de nuestros derechos es insuficiente y desigual.
Se me ocurre que si la Constitución dijera expresamente que el derecho a la salud es universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa -como dice el Derecho Internacional-, y que no puede ser puesto patas arriba de forma injustificada, la reforma sanitaria de 2012 no habría sido posible.
Se me ocurre que las miles de personas que han visto pisoteado su derecho a la salud y a la asistencia sanitaria gratuita podrían haber seguido yendo a su centro de salud y a su especialista con normalidad, sin miedo a que les quiten su derecho. Se me ocurre que yo me habría sentido tranquila al pedir mi tarjeta sanitaria, aunque estuviera sin trabajo y sin prestaciones.
La Constitución puede y debe ayudar a garantizar todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Por eso las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam IntermónGreenpeace Oxfam Intermón lanzaron el pasado martes la campaña y el informe Blinda tus derechos: cambia el artículo 53, pidiendo a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales una reforma constitucional que ponga a las personas y a nuestros derechos en el centro Una reforma capaz de crear unos derechos fuertes, mejor protegidos, con las mismas garantías, para todas las personas y con financiación suficiente.
Estos días en que los partidos políticos hablan de ello y crean comités de personas expertas, les invito a que se detengan con atención en esta propuesta. Esta reforma profunda de los derechos humanos en la Constitución es un reto magnífico, y el primer paso necesario de un gran cambio posible.
Por eso te invito a unirte: actúa, difunde, firma la petición: www.blindatusderechos.org .
Ya somos más de 20.000 personas firmantes.
Y cuantas más seamos, más altas y claras serán nuestras voces.
Sobre este blog
¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros.
