¡Mi voto vale más!

El pasado 15 de septiembre celebramos en Guatemala el Día de la Independencia, es un día festivo. Las calles se llenan de gente que llevan antorchas, banderas y carteles con mensajes sobre el orgullo que se siente por ser “chapín”.

Ese día iba en un taxi. Todos los años se celebra esta fecha, me comentó el taxista, pero este año es especial para todos nosotros. El taxista me compartió su análisis sobre lo que está sucediendo en este país en los últimos meses desde que se destapó el caso de corrupción de caso de La Línea de la SAT que ha llevado a la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a varios altos funcionarios hasta el inicio de juicio. Comentamos los resultados de las elecciones del pasado domingo y empezamos a especular sobre quién será el próximo presidente de Guatemala. Las elecciones generales que estamos viviendo en Guatemala (primera vuelta 6 septiembre, segunda vuelta 24 octubre) son las séptimas que se desarrollan desde que el país arrancó el proceso de transición a la democracia. Y producto de lo que hemos vivido en estos meses, amplios sectores de la población está exigiendo ahora reformas que permitan el fortalecimiento de un sistema democrático real: reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; y a la Ley Orgánica del Congreso, entre otras. 

Mi conversa con él y los hechos históricos que hemos vivido en Guatemala en las últimas 22 semanas me trajo a la memoria una frase de José Saramago: “El poder económico siempre determina al poder político, y los Gobiernos se convierten en comisarios políticos del poder económico”

Frente a esta realidad que se da en muchos sistemas políticos (en algunos países de forma más pública y descarada, en otros de forma más oculta) la ciudadanía tenemos el derecho y la obligación de exigir a nuestros gobiernos que cumplan con su rol de garante de derechos de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos. Cualquier caso de corrupción por parte de un gobierno, como los que hemos vivido en estos meses en Guatemala (país que ejemplifica la desigualdad extrema, donde 260 guatemaltecos acumulan US30 mil millones, que equivale al 56% del PIB nacional) atenta contra los derechos de toda la población e impacta en muchos casos en el desarrollo inclusivo, incrementando las brechas de desigualdad existentes.  

La organización internacional Transparencia Internacional elabora cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC); en el análisis de 2014 se evidencia cómo más de dos tercios de los 175 países incluidos en el IPC obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Es interesante darle una lectura en profundidad a los datos. Si miramos los datos de América Latina y el Caribe vemos que salvando las diferencias de contextos e impactos diferenciados que tiene la corrupción en cada país, permanece una creciente percepción de que las acciones desarrolladas por los Estados para combatir la corrupción no están dando los resultados adecuados. La misma conclusión se extrae al ver los resultados correspondientes a Guatemala, donde incluso ha aumentado negativamente esa percepción sobre la corrupción. 

Antes de bajarme, el taxista se despidió diciéndome: “no importa quién suba de presidente, ya todos estamos despiertos y observando y a la próxima señal de corrupción o no cumplimiento de su deber, lo sacaremos como hemos hecho con estos. Ya no hay miedo en las calles, no dejaremos que nos instrumentalicen otra vez. Mi voto vale más.”

Ese sentimiento se repite en boca de muchos guatemaltecos en estos momentos; pero también en muchas otras realidades donde los ciudadanos nos hemos cansado de que nos usen e instrumentalicen, de que nos roben y nos mientan, de que no nos representen. En muchos países de América Latina está habiendo manifestaciones sociales contra la corrupción, muchas veces guiadas por los jóvenes que están y estamos cada día más informados e interconectados. ¡Algo está cambiando!