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El Banco de España cifra en tres puntos de PIB el coste de la subida de las pensiones con el IPC en 2050
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha cifrado este miércoles en el Congreso en tres puntos del PIB en 2050 el aumento del gasto público que supondría una vuelta “estricta” a la indexación de las pensiones con respecto a la inflación.
Por ello, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Empresa de la Cámara Baja, a la que ha acudido para explicara el 'Informe anual' de la institución que gobierna, ha recordado la necesidad de acompañar estas subidas con “medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos del sistema”.
El gobernador también ha abordado el efecto de las subidas del salario mínimo en el empleo, en particular entre los colectivos más vulnerables, cuya probabilidad de perder el trabajo aumentó con los anteriores repuntes. Hernández de Cos ha señalado que, si se extrapolara el efecto de las últimas subidas a la prevista para el próximo año, a 900 euros mensuales, supondría una pérdida del 0,8% del empleo.
Además, si bien ha destacado que las reformas emprendidas en 2011 y 2013 “favorecían la corrección gradual del actual déficit del sistema”, las últimas medidas adoptadas “parecen ir en la dirección de relajar la aplicación de los mecanismos actuales de reequilibrio, el factor de sostenibilidad y, sobre todo, el índice de revalorización anual”.
En este sentido, Hernández de Cos ha pedido que cualquier reforma del sistema “aumente la transparencia del mismo, refuerce su contributividad y, en especial, mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras de la población”.
Por otro lado, el gobernador del Banco de España ha subrayado la importancia de abordar los efectos del envejecimiento de la población en la economía, considerando “imprescindible” impulsar “un paquete integral de actuaciones” en este sentido.
En su intervención, el nuevo gobernador ha encuadrado este envejecimiento como “un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, pues supondrá “un incremento significativo del gasto” en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración durante los próximos treinta años.
