Bruselas abre expediente a España por el retraso en la transposición de la directiva de medios de pago
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no haber transpuesto la directiva comunitaria sobre medios de pago, conocida en el sector como PSD2. El marco regulatorio tendría que haberse transpuesto a la legislación nacional antes del 13 de enero de este año.
España no es el único país inmerso en este proceso, puesto que Bruselas ha advertido también a otros quince Estados, entre los que se encuentra Grecia, Suecia, Países Bajos o Portugal. Únicamente una docena de países aparecen con el trámite cumplido, según informa la Comisión. El anuncio del procedimiento a España es del 22 de marzo.
Este proceso consiste en un aviso que da la Comisión Europea a los estados miembro en el caso de que, o bien, no informe de la transposición de una norma comunitaria, o bien lo haya hecho únicamente de manera parcial. Este tipo de procedimiento puede concluir en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una petición de sanción, si bien el propio ejecutivo comunitario aclara que no se suele llegar a este punto.
El Ministerio de Economía español presentó el pasado 22 de diciembre el anteproyecto de ley para la transposición de dicha directiva, con un periodo de audiencia pública hasta el 16 de enero de 2018. La normativa europea fue presentada en el Boletín Oficial de la Unión Europea el 25 de noviembre de 2015.
El Gobierno ha recibido esta semana la carta con el aviso por parte de la Comisión Europea, según confirman fuentes del Ministerio de Economía, que subrayan que el trámite ya está avanzado, por lo que descartan que pueda producirse ninguna sanción. El objetivo del Ejecutivo es aprobar el Real Decreto con esta normativa antes del verano.
La normativa PSD2 está llamada a mejorar los sistemas de pago especialmente a través de internet, permitiendo el acceso de terceros a los datos de las cuentas bancarias, dando un marco regulatorio común para toda la Unión Europea. Es, por tanto, un refuerzo legal a la entrada de las conocidas como fintech a competir en este campo, hasta ahora dominado por la banca tradicional.
Con esta nueva ley, que sustituye a la anterior PSD, de 2009, abre a estas empresas los servicios de pago de las entidades financieras. Las TPP, como se conoce en la ley a estas plataformas que ahora podrán entrar a competir, deberán cumplir con normas de registro y supervisión por parte de las autoridades competentes.
La principal aplicación práctica para los consumidores se plasma en el comercio electrónico, donde los procesos de pago se simplificarán, eliminando los intermediarios. a la par que se mejora la identificación del cliente, perfeccionando la seguridad. Abre la puerta, en un futuro, a la creación de nuevos sistemas de pago, más allá de las propias tarjetas.
