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La batalla judicial sin cuartel por el poder de los herederos de El Corte Inglés

Centro comercial de El Corte Inglés en Castellón.

Rodrigo Ponce de León

La guerra entre familias que se está produciendo por el control de El Corte Inglés tiene uno de sus principales frentes en el ámbito judicial. Aunque las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil, hijas adoptivas de Isidoro Álvarez, parece que han dado un golpe maestro en el consejo de administración a la principal figura de la otra familia en liza, Dimas Gimeno, presidente del gigante comercial, la realidad es que el lodazal judicial en el que están inmersos los principales accionistas de una de las primeras empresas españolas de distribución puede decantar las tornas al bando del sobrino y los hermanos del fallecido magnate.

Si Isidoro Álvarez buscaba compensar a las dos líneas familiares de su vida con una herencia salomónica, el reparto solo ha conseguido que las partes se vuelquen en una lucha sin cuartel por el grupo de distribución. En el epicentro de las demandas esta la sociedad de valores IASA, tenedora del patrimonio y acciones de El Corte Inglés que Isidoro Álvarez dejó a sus allegados.

Ya hay cuatro demandas en los tribunales por la herencia y la operativa de las hermanas en IASA y se está perfilando una quinta denuncia que impactaría directamente en la adopción de Marta y Cristina Álvarez Guil, ya que pone en duda la legalidad del proceso y las obligaciones fiscales de las herederas. De momento, se encuentra en un procedimiento de diligencias previas para recabar el testimonio íntegro de actuaciones del procedimiento de adopción ya que se duda que cumpliera con los requisitos legales de entonces: que hubiera habido convivencia de Isidoro Álvarez con sus hijas adoptivas antes de que hubieran cumplido 14 años.

Fuentes conocedoras de la situación familiar de Isidoro Álvarez aseguran que Marta y Cristina –hijas naturales de Alfonso del Rey, conocido como Alfonso Camorra, y María José Guil, propietarios de la terraza El Riscal– fueron adoptadas con más de 40 años sin que hubieran convivido con su padre adoptivo hasta entonces. En caso de que sea cierto, con la información recabada en las diligencias previas se podría iniciar una demanda de nulidad de adopción y presunto fraude de ley que trastocaría la posición de las hermanas en el seno de la compañía.

En la herencia las hermanas adoptadas Álvarez Guil recibieron el 70% de IASA mientras que los hermanos de Isidoro Álvarez, María Antonia y César, y su sobrino, Dimás Gimeno, obtuvieron el 30% restante. IASA tiene una participación del 22% en El Corte Inglés, lo que se traduce en que las hermanas controlen un 15% de la empresa mientras que Gimeno, su madre y su tío se repartan un 3%, un 2% y otro 2%, respectivamente.

Tras la muerte de Isidoro Álvarez, Gimeno pasó a ser nombrado presidente ejecutivo de la compañía por voluntad de su tío mientras las hermanas entraban como miembros del consejo de administración y patronas de la Fundación Ramón Areces, elemento fundamental en la lucha por el poder ya que, con el 37,39% de la compañía, es su principal accionista.

Pero una vez hecha la voluntad de Isidoro Álvarez se desatan las hostilidades. En una junta de IASA, las hermanas con el apoyo del presidente de la Fundación Ramón Areces, Florencio Lasaga, representante de un grupo de directivos históricos conocido como el clan de los navarros, deciden hacer una reducción del capital de la compañía para pasar de 140 millones de valor en libros a 50.000 euros e impedir que los hermanos de Isidoro Álvarez y su sobrino cobren dividendos. El movimiento no es baladí ya que al no ser familiares directos no gozan de la exención de los impuestos por la herencia, es decir: Dimas Gimeno le debe a Hacienda 40 millones y su madre y su tío, 27 millones, respectivamente.

La falta de recursos para financiar el pago dejan en una situación de franca debilidad a esta línea de la familia, que se amplía cuando las hermanas utilizan su peso en el consejo de administración para eliminar el poder ejecutivo de la presidencia de Gimeno con el nombramiento de dos consejeros delegados: Víctor Del Pozo, para el negocio de los grandes almacenes, y Jesús Nuño de la Rosa, que se ocupará de las áreas corporativas y de las filiales del grupo. Este movimiento se suma a la oferta de compra de las acciones por las hermanas por un precio, que según fuentes de la compañía, rebajaría en un 50% el valor del paquete accionarial de Gimeno y sus familiares.

Reducción de capital

Llegan las dos primeras demandas. César y María Antonia, hermanos de Isidoro, deciden llevar, con solo un día de diferencia, una demanda al juzgado número siete de lo mercantil y al número uno de lo mercantil de Madrid, respectivamente, en las que impugnan el acuerdo de la junta que decidió la reducción del capital de IASA. Ambas demandas fueron admitidas a trámite.

Hay dos versiones respecto al cambio del capital de la sociedad de valores. En el entorno de las hermanas se asegura que los albaceas de Isidoro Álvarez: el abogado Ramón Hermosilla; el secretario del consejo de El Corte Inglés, Antonio Hernández-Gil, y el consejero Carlos Martínez Echevarría, recomendaron la reducción y que contó con el visto bueno de la junta de IASA.

Desde la otra parte se recuerdan las “sólidas relaciones” entre los albaceas y las hermanas a la vez que se asegura que no fueron informados de la medida ni participaron en la supuesta junta, donde, según su versión, los participantes deciden que Gimeno y sus familiares solo tienen derecho a heredar las acciones de El Corte Inglés. Nada de los inmuebles ni de las inversiones en fondos que tenía Isidoro Álvarez en la sociedad, una fortuna, que según El Confidencial, gestionaba UBS.

No fue el único movimiento que ha provocado que la madre de Dimas Gimeno lleve a las hermanas Alvarez Guil a los tribunales Se interpuso una tercera demanda el pasado mes de marzo, esta vez civil, en el juzgado número 27 de Madrid. El motivo de la denuncia es la reducción de 10 a cinco millones de euros que Isidoro Álvarez le había legado a su hermana como herencia.

La reducción de la cuantía se justifica por una carta mecanografiada datada el 20 de agosto de 2014 (Isidoro Álvarez fallece el 14 de septiembre de ese año) con la rebaja de la cuantía a cinco millones firmada por Isidoro Álvarez y con un documento notarial que avala su validez. Sin embargo, en la demanda presentada se argumenta la falta de validez ya que este tipo de modificaciones solo puede ser producida mediante un documento ológrafo, es decir, que esté totalmente escrito de puño y letra por el testador.

Impugnación de acuerdos societarios

Hasta aquí las pugnas judiciales alrededor del testamento, pero hay más denuncias. Los últimos movimientos para sacar a Dimas Gimeno de la presidencia de El Corte Inglés ha hecho recrudecer la batalla y que llegue la cuarta demanda contra las hermanas. Admitida a trámite la pasada semana por impugnación de acuerdos societarios, la denuncia expone que las hermanas se han condonado un préstamo de 6.965.334 euros de IASA a sus sociedades patrimoniales.

Este perdón de la deuda cuenta con el visto bueno de la junta de IASA, con el argumento de que se extinguen las obligaciones de pago cuando deudor y acreedor son el mismo. En la denuncia se especifica que la maniobra se hace sin tener en cuenta al otro tercio de IASA.

Otra demanda más antigua y ajena al testamento de Isidoro Álvarez es la planteada por Carlota Areces, representante de Ceslar SL, sobrina del fundador, Ramón Areces, que cuenta con el 9% de las acciones de la compañía. Carlota Areces fue desalojada del máximo órgano de administración del grupo por supuestamente airear información confidencial sobre la entrada en el accionariado del jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber, que ocupa una silla en el consejo con un 10% (elevable al 12,25) gracias a un préstamos convertible en acciones a partir del próximo mes de julio.

Carlota Areces siempre se opuso a la entrada de los cataríes al entender que los 1.000 millones de euros que ponía sobre la mesa el jeque infravaloraba la compañía y perjudicaba a los accionistas minoritarios. El pasado 20 de febrero fue desestimada por la audiencia provincial de Madrid.

El auto recoge: “Seguir instruyendo la causa (...) carece de sentido y como señala la representante del Ministerio Fiscal sólo serviría para una inconveniente exposición mediática de las disputas internas de los responsables máximos de una de las empresas referente de lo que se denomina Marca España y que razones de prudencia aconsejan no fomentar, cuando no existen razones de peso para ello”, según informa EFE.

El próximo julio tendrá lugar la Junta General de Accionistas donde las hermanas y la vieja guardia pueden terminar por defenestrar a Dimas Gimeno de El Corte Inglés. Hasta entonces, la guerra sin cuartel entre las familias se hará más patente en los juzgados mientras el grupo de distribución que marcó durante años la moda de los españoles trata de sobrevivir en la tempestad del negocio de la distribución.

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