El Gobierno en funciones prepara un decreto urgente para prorrogar un año las ayudas a la vivienda
El Gobierno en funciones prepara un Real Decreto de urgencia para prorrogar por un plazo de año el plan que regula las ayudas estatales a la vivienda financiadas con cargo al presupuesto de los ejercicios 2013 al 2016, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.
Así consta en una carta remitida a uno de los agentes del sector por el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Anselmo Menéndez, a la que ha tenido acceso eldiario.es
En la misiva, el alto cargo de Fomento explica que “de no adoptarse ninguna medida, a partir del 1 de enero de 2017 quedaría suprimida la financiación estatal a las subvenciones a la vivienda”.
Recuerda que el Gobierno, actualmente en funciones, “tiene limitadas sus competencias”, lo que “imposibilita la aprobación de un nuevo Plan Estatal cuatrienal”. Pero apela al “interés general inherente al mantenimiento de la financiación de las ayudas estatales a la vivienda a partir del 1 de enero”, que “faculta al Gobierno en funciones para prorrogar el Plan durante un año”.
La carta da al destinatario 7 días hábiles para hacer alegaciones, por razones de urgencia. La urgencia se fundamenta en que el actual plan finaliza el 31 de diciembre de 2016 “y en que la implantación efectiva de la prórroga, cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas”, requiere de una tramitación que “va muy ajustada en el tiempo”, concluye.
El borrador de Fomento, que consta de un artículo único que prorroga el plan, dice en su exposición de motivos que no se aprueba “un nuevo Plan con nuevas orientaciones políticas en materia de vivienda, sino que solo se da continuidad al Plan ya vigente”. “No se comprometen las decisiones que pueda adoptar un nuevo Gobierno, pues la prórroga es por un año, frente a la duración cuatrienal habitual”, argumenta.
A preguntas sobre este asunto, fuentes del ministerio que actualmente dirige en funciones el también ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirman que “se está trabajando en esa línea”, aunque en estos momentos todavía “se está estudiando la forma para que esas ayudas puedan continuar”. Las mismas fuentes explican que será el próximo noviembre cuando Fomento entregue a las Comunidades autónomas los fondos del plan 2013-2016, una vez las regiones hayan certificado el gasto que se había comprometido a repartir a cada una de ellas.
El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016 se aprobó en abril de 2013. Su puesta en marcha efectiva no se produjo hasta que en julio de 2014 el Consejo de Ministros autorizó la suscripción del convenio de colaboración entre Fomento y las comunidades autónomas, encargadas de gestionar las ayudas.
El programa se centraba en el impulso del alquiler y la rehabilitación, especialmente en favor de las rentas menores, e incluía la subsidiación de préstamos convenidos regulados en planes anteriores, entre otras medidas. Su gran apuesta era impulsar el arrendamiento, con ayudas al alquiler de vivienda habitual para colectivos con un determinado nivel de ingresos.
Si en el plan de 2008 la renta básica de emancipación fomentaba el alquiler para jóvenes de entre 22 y 30 años, en el programa vigente se prioriza al colectivo de afectados por desahucios. El límite de ingresos se fijaba en función de la unidad de convivencia, que no tiene por qué coincidir con una familia: tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que ascendería a 22.365,42 euros anuales.
Para poder optar a estas ayudas el alquiler mensual no puede superar los 600 euros y el tope máximo de la subvención es de 2.400 euros por vivienda. El plan que concluye en diciembre tenía una dotación de 2.527 millones. El 70% (2.311 millones) procedía del Estado para ayudas directas y para la subsidiación de planes anteriores, y el 30% restante (216 millones), de las autonomías.
