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La Generalitat propone un salario mínimo catalán de 1.239 euros al mes aunque no tiene competencias para aprobarlo

El vicepresidente y conseller de Economía del govern de la Generalitat, Pere Aragonés.

Economía

Agencias —

El Govern ha propuesto un salario mínimo catalán para los trabajadores en Catalunya de 1.239 euros al mes en catorce pagas. La Generalitat no tiene competencias para establecer un salario mínimo en Catalunya, ya que fijar el SMI es una materia estatal, pero el Govern ha lanzado esta cantidad como una propuesta a alcanzar, al menos, a través de la negociación colectiva de los sindicatos y la patronal en esta comunidad.

El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, y el conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, han presentado este jueves un estudio que cuantifica la cifra del salario mínimo en 1.239 euros mensuales que creen debería tener Catalunya y que se ha comunicado al Consejo de Relaciones Laborales. La cifra es un 37,7% más que el SMI fijado por el Ejecutivo para el conjunto de España, de 900 euros al mes este 2019. 

Tras la reunión de este Consejo, Aragonès ha afirmado que el actual salario mínimo español es “insuficiente” para responder a las necesidades de la ciudadanía en Catalunya dado el coste de la vida más alto, entre otras razones. “Un país que se quiere justo y libre no puede tener trabajadores pobres”, ha dicho.

Como la Generalitat carece de competencias para aprobar este salario mínimo, los portavoces del Govern han explicado que esta cantidad puede servir por el momento como “referencia” para le negociación colectiva entre los sindicatos y la patronal en Catalunya, así como que se aplicara para los trabajadores que dependen de la Generalitat y de las empresas subcontratadas por esta. Sin embargo, no han concretado un periodo temporal en el que se vayan a tomar estas medidas.

Valerio recuerda que el SMI es estatal

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha recordado este jueves que el salario mínimo interprofesional (SMI) es “único” para todo el territorio nacional.

Así lo ha señalado la titular del Ministerio en un encuentro con los medios tras participar en la COP25, donde ha pedido “prudencia” sobre la propuesta del salario mínimo catalán, ya que ha apuntado que no conocía qué trasfondo tiene esta iniciativa del Govern, recoge Europa Press.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, también han respondido a esta propuesta con el recordatorio de que la Generalitat carece de competencias para fijar un suelo salarial en Catalunya.

“La Generalitat tiene unas competencias y entre ellas no está la definición del SMI”, ha resaltado Álvarez, tras apuntar que lo que sí que sería bueno es que las administraciones locales y la autonómica catalana subiera el salario más bajo que cobran sus trabajadores donde puedan y tengan competencia, porque “vendría muy bien a los trabajadores de Cataluña y sería un ejemplo”.

En la misma línea, Unai Sordo ha señalado que, si lo que el Govern quiere es que ningún trabajador cobre por debajo de los 1.239 euros, lo que se puede hacer es promover que todas las empresas que trabajan para la Generalitat accedan a pliegos de condiciones para tener salarios mínimos por encima de esta cantidad.

“Es bastante más fácil hacer lo que sé que competencialmente no puedo hacer a promover lo que sí sé que podría promover, pero que tendría un coste importante para las arcas de la Generalitat”, ha criticado el máximo representante de CCOO.

Por otro lado, sobre las negociaciones para establecer el SMI de 2020, Sordo y Álvarez han señalado que no hay mesas de negociación abiertas y que esperan que en los próximos días se puedan celebrar las reuniones al respecto. Sordo ha recordado que la postura de los sindicatos seguirá siendo aproximarse a la recomendación de la Carta Social Europea, que el SMI se sitúe en el 60% de la media salarial del país.

Por su parte, Valerio ha asegurado que no tiene nada que decir respecto a la actualización del SMI, porque es un tema que no está decidido ni hablado con agentes sociales y todavía hay dudas de si puede hacerlo un Gobierno en funciones.

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