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Montoro rebaja cinco puntos la tributación del juego por Internet en los Presupuestos

Las empresas que se dedican a las apuestas por internet pasan de pagar un Impuesto sobre Actividades del Juego del 25% al 20% en todo el territorio, excepto en Ceuta y Melilla, donde la bonificación es todavía mayor

El Gobierno pretende "lograr una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector"

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Expertos confían en que Hacienda no perdone la deuda a unas CCAA y los intereses a otras

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro EFE

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge una reducción del tipo aplicable a los ingresos netos (ingresos restando los premios) provenientes del juego online. Este tipo de apuestas pasan de pagar un  Impuesto sobre Actividades del Juego del 25% al 20% en todo el territorio, excepto en Ceuta y Melilla, donde la bonificación es todavía mayor. En las ciudades autónomas se sitúa el impuesto en el 10% de los ingresos netos. Se pretende con esta medida “lograr una mayor atracción” de estas actividades a la legalidad.

Los juegos de azar en línea tienen un potencial adictivo superior y acarrean consecuencias más rápidas y graves que los juegos presenciales, según alertan los expertos en adicciones. Este tipo de juegos se han disparado, y han desterrado a las clásicas "tragaperras". El perfil del nuevo ludópata es el de un joven (en ocasiones menor) enganchado a las apuestas deportivas,  al poker, la ruleta, el bingo y otros juegos de azar en red.

Según el  último informe de la Dirección General de Ordenación del Juego (de 2016), en el juego online hay un total de 51 operadores habilitados para ofrecer actividades de juego regulado en España. En ese ejercicio se jugaron 10.885,88 millones de euros, (un 27% más que un año antes). El  perfil del jugador online del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda habla de 985.33 jugadores en 2015, un 83% hombres.

El proyecto de Presupuestos, que acaba de superar el trámite de enmiendas a la totalidad y está ahora en el de enmiendas parciales, señala que "con la doble excepción de las apuestas mutuas deportivo benéficas del Estado y las combinaciones aleatorias, en todos los demás supuestos de juegos la base queda constituida por los ingresos netos de premios, sobre los que se aplica un tipo de gravamen único", del 20%. Con esto pretenden "lograr una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector".

Añaden que así se eliminará "cualquier discriminación fiscal entre los diversos tipos de juego en línea con el criterio de no discriminación entre estos que sostiene la Comisión Europea".

Ceuta y Melilla tributarán al 10%

Además, "con el objetivo de contribuir a atenuar los efectos de su singularidad territorial", se establecen los tipos en Ceuta y Melilla con una bonificación del 50 por ciento. Es decir, el tributo queda estipulado en el 10%.

Fuentes de Hacienda hacen hincapié en que para poder beneficiarse de esta reducción las sociedades deberán estar constituidas completamente en las ciudades autónomas y no bastará con simplemente domiciliar la empresa.

Estas casas de apuestas echaron a andar legalmente en España en 2012. Un año después, la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital),  que agrupaba a empresas como Bwin, 888 o Pokerstars, inició  las presiones para minorar las cargas impositivas que soportaban, con el argumento de que el negocio no resultaba atractivo ni para ellos ni para los jugadores.

Mikel López de Torre, presidente de Jdigital, explica que "su asociación lleva mucho tiempo reivindicando que la tasa que se aplicaba al juego regulado en España era excesiva y esta revisión nos parece un paso en la dirección correcta: permitirá incrementar las inversiones de los operadores regulados en nuestro país, contribuirá a fortalecer el mercado y consecuentemente incrementar la recaudación de las administraciones".

"Esperamos que este movimiento sirva para reflejar las ventajas de la reducción fiscal y el lastre que supone una fiscalidad desmesurada para todos los actores de la industria: reduce la competitividad de las empresas, rebaja los ingresos fiscales de las administraciones al contraer el sector y desincentivar la inversión. En resumen, desde nuestro punto de vista, se debe apostar por la reducción fiscal”, concluye López de Torre.  

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