El PE apoya el intercambio de datos fiscales de empresas entre países y pide sanciones

La Eurocámara mostró su apoyo hoy a las nuevas normas que obligarán a las grandes multinacionales a facilitar a los países datos sobre los impuestos que pagan, que serán intercambiados entre los Veintiocho, pero pidió sanciones para las incumplidoras.

El pleno del Parlamento Europeo mostró su respaldo mayoritario -con 567 votos a favor, 30 en contra y 53 abstenciones- a esta normativa impulsada tras los recientes escándalos que han puesto al descubierto que varias grandes multinacionales hacen uso de artimañas fiscales para eludir o minimizar el pago de impuestos.

No obstante, los eurodiputados fueron más allá del acuerdo político pactado por los Estados miembros el pasado 8 de marzo, al instar a los países a imponer sanciones a aquellas empresas que incumplan sus deberes de compartir datos fiscales con las autoridades nacionales.

También pidieron nuevas “salvaguardas” para asegurar el intercambio de información a partir de 2017, como exigir que la Comisión Europea (CE) tenga acceso a los datos fiscales empresariales, una cuestión que ya fue rechazada por los Estados miembros, que temen que esto conlleve la filtración de información sensible para las compañías.

El PE quiere que la Comisión pueda evaluar con esta información si las prácticas tributarias de los Estados miembros respetan la legislación comunitaria sobre ayudas de Estado.

La opinión expresada por el Parlamento Europeo es consultiva y no vinculante, dado que el colegislador no tiene competencias sobre los dossier de fiscalidad, que despierta sensibilidades entre los Estados miembros, recelosos de ceder soberanía en este apartado.

La propuesta, pendiente aún de ser formalmente aprobada por los países, obligará a las multinacionales a proporcionar al país donde se encuentra su matriz información sobre ingresos, beneficios, impuestos pagados y a deber, ganancias acumuladas, número de empleados y ciertos activos que tiene cada compañía de su grupo.

Las empresas también tendrán que identificar todos los países en los que está presente, algo que tiene una relevancia en términos fiscales, así como las actividades que se llevan a cabo en cada uno de estos.

La información será intercambiada de manera automática con el resto de los socios europeos donde la compañía está basada o tiene responsabilidades fiscales, pero no se hará pública por el momento, ya que esta condición ha sido impulsada en una propuesta diferente.

Aquellas empresas que operan en Europa pero son originarias de un país no comunitario también estarán obligadas a partir de 2017 a comunicar estos datos si las autoridades fiscales del país de origen no los comparten, de modo que si la matriz se niega a hacerlo, se exigirá que lo haga su subsidiaria europea.