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España será una rémora para cumplir el nuevo objetivo común de uso de renovables de la UE

La fotovoltaica está en el alero con la nueva regulación del Ejcutivo conservador.

Raúl Rejón

La Comisión Europea ha suavizado las obligaciones medioambientales en cuanto al uso de energías renovables. La estrategia para 2030 presentada por el Colegio de Comisarios salva la cara a España, que ni siquiera podrá cumplir con los objetivos del año 2020. Para 2030, la utilización de renovables deberá ser de un 27% respecto al total. Pero contabilizado para el conjunto de la Unión Europea, sin porcentajes específicos para cada Estado miembro.

España se comprometió en su Plan de Energías Renovables a alcanzar el 22,7% en 2020. Después el Gobierno lo rebajó al 20,8%. Ni uno ni otro. La Comisión Europea ya sabe que no rebasará el 17,1%, como máximo, según el informe que encargó a la consultora Ecofys. Así que el 27% propuesto ahora para una década después se antoja un guarismo inalcanzable. Más si se recuerda el tratamiento legislativo para, por ejemplo, la energía solar que incluyó “la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. Es decir, el que tenga una instalación fotovoltaica en su casa tendrá que empezar a pagar por estar conectado a la red eléctrica.

Pero los comisarios han urdido una dinámica de trabajo que permitirá escurrir el bulto. Según aclaraban fuentes de la Comisión, “el 27% es un objetivo global para toda la Unión”. Luego, proseguían, “cada país presentará a la Comisión un proyecto de objetivos y una estrategia para conseguirlos”. “La Comisión sumará los objetivos de cada Estado, y ese resultado debe dar el 27% global”, han puntualizado. Desde luego, a día de hoy, España tira de esa media a la baja. Por cierto, el Parlamento Europeo había pedido que el porcentaje llegase al 30%. Petición a la que no se unió el Estado español.

La Asociación de Productores de Energías Renovables ya pidió, en medio de la renovación de la regulación eléctrica diseñada por el Gobierno, que no se castigase a las renovables y no se trasladase la idea de que este tipo de energías son las que producen el déficit tarifario. “El año pasado, las renovables abarataron el precio del mercado eléctrico en 4.000 millones”, aseguran.

La comisaría de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, ha expresado que el hecho de que el objetivo global sea “vinculante” es de “gran importancia”. Hedegaard, a quien se supone que ha librado una batalla interna con el comisario de Energía, Günther Oettinger, también ha presentado el objetivo de reducción de gases con efecto invernadero.

En 2030, los países deberán haber recortado esas emisiones en un 40% respecto a lo que se producía en 1990. Pero también habrá una puerta de atrás. Fuentes de la Comisión han contado que este plan admite que hay “industrias muy dependientes del carbono con riesgo de deslocalizarse”. Es decir, fábricas que se marcharán a países con legislación más permisiva en cuanto a la contaminación del aire. Para estas, se prevé que tengan cuotas de emisión de gases gratuitas en lugar de tener que comprarlas en la subasta del mercado de emisiones de gas.

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