Alerta entre las autoridades de Competencia ante posibles abusos de precios en la crisis del coronavirus

Mascarillas de protección.

Autoridades de Competencia de numerosos países han multiplicado en los últimos días las alertas e investigaciones sobre posibles abusos en los sectores sanitario, de la distribución alimentaria y el comercio electrónico, mientras proliferan las llamadas a la "responsabilidad" a las empresas para que no aprovechen la crisis del coronavirus para encarecer productos de forma abusiva o pactar precios.

El miércoles, el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de Brasil, el país latinoamericano más afectado hasta ahora por la epidemia, anunció la apertura de una investigación ante la sospecha de que "empresas del sector sanitario pueden estar aumentando los precios y sus beneficios de forma arbitraria y abusiva" y requirió información de forma urgente a hospitales, laboratorios farmacéuticos, farmacias, distribuidores y fabricantes de máscaras quirúrgicas y geles desinfectantes, entre otros.

Ese mismo día, la autoridad holandesa de la Competencia instaba a que en este momento "excepcional", las empresas se abstengan de "aprovechar la incertidumbre y la escasez" para realizar "aumentos excesivos de precios" o pactar entre sí. En Colombia, las autoridades animaban a utilizar una nueva app para que los ciudadanos "denuncien abusos de precios en comercialización de bienes esenciales para la ciudadanía" y evitar "que algunos se aprovechen de la coyuntura".

Este viernes, el Superintendente de Industria y Comercio colombiano, Andrés Barreto González, reclamaba a las empresas que eviten "incurrir en todas aquellas prácticas procedimientos y sistemas tendientes a limitar la libre competencia o a distorsionar precios".

La preocupación de las distintas autoridades es máxima. Como explicaba el viernes la publicación especializada Policy And Regulatory Report, "con las oficinas de todos los sectores clausuradas y el personal trabajando desde casa, los temores causados por el coronavirus están creando demandas inusuales y sin precedentes para las autoridades de competencia".

El pasado jueves, el Gobierno de Reino Unido anunció una "relajación específica y temporal" de la ley de Competencia británica, permitiendo al sector minorista celebrar acuerdos puntuales durante la crisis que permitirán a los supermercados del país compartir datos sobre los niveles de existencias, cooperar para mantener las tiendas abiertas y compartir depósitos de distribución y furgonetas de reparto.

Las medidas están respaldadas por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), que lanzó un grupo de trabajo COVID-19 para examinar los desarrollos del mercado. Hace solo dos semanas, el pasado 5 de marzo, el máximo responsable de la CMA, Andrea Coscelli, urgía al comercio minorista y a las plataformas de comercio electrónico a "actuar responsablemente en la crisis del coronavirus".

Como señalaba el jueves el diario Expansión, la legislación española no permite, ni siquiera con la actual declaración del estado de alarma, esos acuerdos que ya se permiten en Reino Unido y en Holanda, y que también se está planteando aplicar en Alemania. Un "cártel de crisis" (por ejemplo, una hipotética alianza entre Mercadona y Carrefour para hacer frente a la actual situación de emergencia), aunque se tratase de un acuerdo supervisado entre competidores por un tiempo limitado, sería una práctica prohibida según la legislación española de Competencia.

Francisco Marcos, experto en Competencia y profesor de IE Business School, apunta que "siempre ha habido duda de si en situaciones de crisis como esta las normas de competencia deben permanecer vigente". En su opinión, así debe ser, pues "todos estamos en una situación muy complicada y las reglas son las mismas para todos en las mismas circunstancias".

Hasta ahora han predominado los llamamientos a la responsabilidad de las empresas. Desde Portugal, su autoridad de Competencia anunciaba el lunes la puesta en marcha de su plan de contingencia tras la declaración del Estado de alarma e instaba a "adoptar un comportamiento comercial responsable, en cualquier nivel de la cadena de abastecimiento, incluyendo el comercio electrónico", a "productores, distribuidores, revendedores de cualquier sector de la economía, incluyendo el de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud, el abastecimiento de las familias y empresas o la vida en comunidad".

Su equivalente luxemburgués lanzaba ese mismo día un mensaje similar: "Los proveedores, mayoristas y distribuidores deben comportarse de manera responsable en todos los niveles de la cadena de suministro, incluso cuando venden en línea en plataformas". "El establecimiento de una práctica anticompetitiva no está justificado por un contexto económico difícil".

"Puede haber tentaciones para establecer prácticas colusorias para aumentar los precios. Esto es algo que supervisamos especialmente nosotros y otras autoridades de competencia en Europa, como Italia ha anunciado, por ejemplo", dijo a Reuters el lunes Isabelle de Silva, presidenta de la Autoridad de Competencia de Francia, que añadió que "es cierto que la situación del coronavirus ejerce presión sobre muchos sectores de la economía y las cadenas de distribución".

Investigación en Italia

Italia, el primer país europeo en sufrir el coronavirus y el más afectado hasta ahora, fue también el primero que anunció una investigación ante posibles abusos con ocasión de esta emergencia de salud pública. El 12 de marzo, la autoridad italiana de la Competencia (AGCM) abrió una investigación sobre eBay y Amazon ante las espectaculares subidas de precios registradas en esas plataformas de los geles desinfectantes, tras advertir el 27 de febrero, días después de detectarse los primeros casos de coronavirus en el norte del país, de que había recibido "numerosos informes de consumidores y asociaciones" que habían denunciado "el aumento injustificado y sustancial" de los precios de esos productos.

El pasado martes, el regulador polaco de la Competencia (UOKIK) anunció que había establecido un equipo especial "para observar el aumento de los precios de los productos alimenticios y de higiene" que inspeccionará in situ los establecimientos. "Estamos recibiendo señales de un aumento flagrante en los precios de algunos productos", indicó en una nota Tomasz Chróstny, presidente del organismo.

En España, la CNMC anunció el 12 de marzo que "extrema la vigilancia ante posibles abusos o prácticas que pudieran entorpecer el abastecimiento o producir encarecimiento de los productos necesarios para la protección de la salud ante esta emergencia sanitaria". Esos productos, apuntan fuentes al tanto del proceso, son muy similares a los que están en el foco de la AGCM italiana: mascarillas, geles y guantes de protección.

Competencia hizo su anuncio minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera a entender que se están produciendo subidas de precios injustificadas en otros sectores, no solo el sanitario.

"Para proteger a los consumidores por los posibles abusos en precios de productos básicos, el Ministerio de Consumo instará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a investigar estos hechos. Del mismo modo, y ante puntuales situaciones en que se produzca alguna carencia de productos en el mercado, el Ministerio coordinará la información con el de Industria, Comercio y Turismo para garantizar el abastecimiento", indicó entonces Sánchez.

Las mismas reglas

El pasado 9 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó a una advertencia a las empresas en relación a la posible violación de las leyes antimonopolio en la fabricación, distribución y venta de productos de salud pública como mascarillas, respiradores y kits de diagnóstico, que podría incluso implicar un procedimiento penal.

El bufete estadounidense Baker & Mckenzie señalaba días después que "el riesgo de infracciones de la ley de competencia aumenta en tiempos de volatilidad económica" y advertía de que, aunque "la coordinación con los competidores puede ser, o puede parecer, una forma eficiente de responder" a algunos de los desafíos que presenta una situación como esta (como la ruptura de las cadenas de suministro), "las empresas deben tener en cuenta los parámetros de la ley de competencia para dicha coordinación", que "por bienintencionada que sea, conlleva riesgos" desde el punto de vista de posibles infracciones.

Con los estados de excepcionalidad (alarma, emergencia, catástrofe…) decretados en gran parte de los países del mundo y las medidas de aislamiento social adoptadas para intentar frenar el avance de la pandemia, gran parte de los reguladores de la competencia han adoptado medidas como mandar a su personal a teletrabajar, mientras se han interrumpido los plazos de tramitación de los procedimientos que estaban en curso para evitar que prescriban en este impass.

Francisco Marcos no tiene dudas de que, con gran parte del personal teletrabajando, estos organismos podrán seguir cumpliendo su función gracias a las plataformas digitales y algoritmos, que otorgan "medios para obtener valor probatorio" en un eventual procedimiento.

Este experto cree que el anuncio de la CNMC ha quedado superado por los acontecimientos, después de la declaración del Estado de Alarma, que permite al Ejecutivo intervenir industrias como la farmacéutica para ponerlas al servicio del interés nacional. Las incautaciones de material como mascarillas han comenzado ya y el miércoles el gigante textil Inditex sorprendía anunciando que pone a disposición su poderosa capacidad logística para aprovisionar a los hospitales españoles del material sanitario y textil que necesitan con urgencia.

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20 de marzo de 2020 - 22:24 h

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