El Banco de España constata que este año solo 1 de cada 4 trabajadores está protegido de la inflación

Varios trabajadores en Test Center Energy (TCE) de Seat, en diciembre de 2021.

Daniel Yebra


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El Banco de España constata en un informe publicado este miércoles que este año solo 1 de cada 4 trabajadores está protegido de la inflación. La institución calcula que apenas un 25% de los asalariados con convenio ya firmado para 2022, hasta agosto, tendría clausulas de salvaguarda para compensar el daño de las subidas de precios, desbocadas en los últimos meses de forma generalizada.

Los sindicatos presionan para actualizar el salario de los funcionarios de 2022 por la inflación y subirlo por encima del 3,5%

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El porcentaje es incluso inferior al de principios de ejercicio, cuando se aproximaba al 30% de trabajadores protegidos de la inflación en sus convenios, aunque el Banco de España apunta que, según la información parcial disponible de cara a 2023, la introducción de cláusulas de revisión salarial ha sufrido un aumento hasta algo más del 45% de los trabajadores.

Mario Izquierdo y José Luis Herrera, los economistas que firma el informe, señalan que el 25% de este año es un porcentaje superior al 16,6% de promedio entre 2014 y 2021, “aunque significativamente por debajo del registrado a principios de los años 2000”.

Este tipo de cláusulas contemplan revisiones de los salarios si la inflación al final del año (o del período de vigencia del convenio) supera el incremento salarial pactado inicialmente y, por tanto, tratan de compensar a los trabajadores, total o parcialmente, de las “sorpresas inflacionistas”, según explican los expertos de la institución.

Estas clausulas son exactamente las que piden los sindicatos en el acuerdo salarial, aunque a tres años, que debe incluir el pacto de rentas. Es decir, el reparto entre empresas y trabajadores del golpe de la inflación [debido a que el salario da cada vez para menos], ya que, de momento, los beneficios de las compañías están creciendo al trasladar las subidas de los costes (principalmente por la escalada de los carburantes y de la electricidad) a los precios finales mientras que los asalariados ven cómo se reduce su poder adquisitivo, en un contexto de inflación interanual cercana al 10%.

La máxima de las sindicatos mayoritarios pasa por recomendar subidas de sueldo ahora alrededor del 3,5%, muy por debajo de los incrementos de precios, pero con el compromiso de que se compense la diferencia a los empleados en los próximos tres años mediante cláusulas de garantía salarial. La patronal se niega a este tipo de compensaciones. Y Unai Sordo, secretario general de CCOO, ya advirtió de que “eso nos lleva a plantear una subida salarial del 8% y eso sí que puede generar la [temida] espiral de inflación [un proceso según el que los salarios persiguen a los precios en un bucle empobrecedor aunque ahora mismo muy lejano]”.

Este jueves, tanto CCOO como UGT llamaron a los trabajadores “a salir a la calle” el 7 de octubre y 3 de noviembre para exigir la subida de los salarios. Efectivamente, numerosos economista avisan de que, sin un verdadero pacto de rentas, no está en juego solo quién soporta más daños de la crisis de inflación, sino que el frenazo de la actividad sea incluso más brusco por el golpe en el consumo y el riesgo de impago de hipotecas, entre otras consecuencias.

Los diferentes de tipos de clausulas

El informe del Banco de España de este miércoles señala que la referencia de inflación utilizada en los convenios suele ser la tasa interanual al final de cada año, aunque en algunos casos también se emplean las tasas interanuales medias del conjunto del ejercicio. La institución no ha identificado ningún convenio que utilice como referencia de la evolución de los precios la inflación subyacente o alguna otra medida de inflación que descuente la evolución del componente energético de los precios.

En cuanto al horizonte temporal de las cláusulas que contienen los convenios, el Banco de España apunta que algo más del 60% de los trabajadores cubiertos tienen una referencia anual, de forma que la eventual revisión de sus salarios se determinaría a partir de la inflación al final del año. En cambio, un 20% de los trabajadores cuentan con una referencia plurianual, por lo que las posibles revisiones salariales se determinarían a partir del comportamiento de la inflación a lo largo del período de vigencia del convenio.

Asimismo, el Banco de España señala que algo más de la mitad de los trabajadores con convenio vigente en 2022 estarían afectados por cláusulas de salvaguarda sin efectos retroactivos.

El riesgo de una recesión

Los propios sindicatos mayoritarios y distintos expertos advierten de que la ausencia de un pacto de rentas ha supuesto hasta el momento que la distribución del daño de la inflación entre beneficios empresariales y salarios no sea un reparto, sino que el golpe ha recaído sobre una de las partes, la de los trabajadores.

Esta conclusión la confirmó este mismo jueves el Banco de España con la publicación de la Central de Balances Trimestral (datos de 920 empresas). La institución observa que, en el primer semestre de 2022, “la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta, reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta”. Y que esta evolución “se tradujo en una mejora de la rentabilidad de las compañías [la capacidad de convertir los ingresos en beneficios]”.

“A pesar del notable avance de los costes de producción, los excedentes empresariales [los beneficios] se expandieron a un ritmo elevado, y se registraron ya niveles muy similares o incluso algo superiores a los existentes antes de la crisis del COVID-19”, continúa el Banco de España. Por supuesto, hay diferencias por sectores, dado que algunos sí sufren el incremento de la energía. Mientras, en positivo destacan la industria y el comercio y la hostelería, y más en concreto “las generadoras de energía eléctrica”, con mejoras de los márgenes de hasta 25 puntos porcentuales.

Solo mantener los márgenes ya “es mucho”, según distintas fuentes económicas, en un contexto del 10% de inflación (según el IPC). Lo admite incluso el Ministerio de Asuntos Económicos al observar el deflactor del PIB. Se trata de otra forma de medir las subidas de precios, y que en el segundo trimestre se quedó en el 3,6%, mostrando la contención de los sueldos, como lo hacen también otros indicadores, como el 2,6% que apenas suben los salarios en los convenios negociados.

Y que no haya reparto del daño derivado de la inflación tiene efectivamente implicaciones para la capacidad adquisitiva de las familias, para la equidad… y por último para la actividad en general. Esta derivada de fondo obliga a superar la idea de que la parte más interesada en el pacto de rentas, o en un acuerdo de subidas en salarios, es la de los trabajadores.

Ampliando la perspectiva, el golpe que asesta la inflación al consumo de los hogares, y que exacerba la ausencia de un pacto de rentas, supone agravar el frenazo que ya sufre el crecimiento en un contexto de elevada incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania y por la escalada de la crisis energética. En definitiva, evitar la pérdida de poder adquisitivo de las familias es un problema de todos. También de los empresarios. Y por supuesto, del Gobierno.

Es un problema macroeconómico. Más relevante ante la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés de referencia para “enfriar” la economía y luchar así contra la inflación. La institución busca encarecer las hipotecas y el resto de préstamos para frenar el consumo y la inversión, y así dejar de alimentar las subidas de precios. 

El BCE no se esconde, asume el riesgo de provocar una recesión y un aumento del desempleo, lo que subraya la importancia de alcanzar el pacto de rentas. El pasado jueves, en el boletín económico que publica cada mes, la institución admitió que “los nuevos datos indican que, en general, la evolución de los salarios sigue siendo contenida [en el conjunto de la eurozona en este caso]”.

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