El exministro Josep Borrell declarará en la Audiencia Nacional por las indemnizaciones millonarias de Abengoa

La Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de testigos a los trece miembros del Consejo de Administración de Abengoa entre los que se encuentra Josep Borrel, exministro y actual responsable de Asuntos Exteriores de la candidatura del PSOE, y que estuvo entre los que aprobó las millonarias indemnizaciones que percibieron Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, tan solo unos días antes de que Abengoa presentara el preconcurso de acreedores.

La magistrada les ha citado a declarar entre el 22 y el 23 de junio por los pagos a Benjumea y Sánchez Ortega, ahora investigados por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada. El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que el nuevo presidente de la empresa de energías renovables, Antonio Fornielles, explicara que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia postcontractual. Asimismo, percibió otros 7 millones por bonificación por permanencia reconocidos en su contrato con la sociedad.

El Ministerio Público, que rechaza el archivo solicitado por las defensas de los dos acusados, recalca en un informe que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 “aparentar la marcha” de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de “asesor” del Consejo y cobrando un sueldo “idéntico” al que venía recibiendo como consejero. Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la “mala situación” de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron también el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.

La jueza admitió hace meses la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, y que denunciaron la “horrible” gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias“ ”en lugar de salvar a sus miles de inversores“.

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de perjudicados hasta alcanzar un número cercano a 105. Denunciaron que Benjumea se llevó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.