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El campo de pruebas para fintech echará a andar en enero y el Gobierno confía en atraer a empresas extranjeras

La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Nadia Calviño, comparece en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2020.

Diego Larrouy

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El campo de pruebas para fintech, conocido como 'sandbox', ya es una realidad en España. Un mes después de aprobar la ley, el Ministerio de Economía ha publicado este martes la primera convocatoria para que aquellas empresas y proyectos interesados en participar se inscriban. A partir del 13 de enero la Dirección General del Tesoro podrá comenzar a recibir las propuestas para entrar a formar parte de este entorno de prueba para productos financieros, en línea con los existentes en Reino Unido o Países Bajos.

Este sandbox consiste en la creación de un entorno controlado donde los interesados pueden probar nuevos productos y servicios innovadores en materia de finanzas (banca, inversión o seguros) bajo la atenta mirada de los distintos supervisores (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros) y del regulador (el Ministerio de Economía). Fuentes del Tesoro señalan que estos proyectos deben cumplir con una serie de requisitos mínimos para poder participar como encontrarse en un grado de madurez suficiente para que pueda echar a andar desde el primer momento o que realmente supongan una innovación al sector.

El proceso será el siguiente. Entre enero y febrero podrán presentarse los proyectos. Los distintos supervisores del sector tendrán un plazo de un mes, ampliable a otro, para valorar estas iniciativas y valorar favorablemente, o negativamente, la participación de los mismos en el Sandbox. Con esos informes, el Tesoro hará pública la lista de aquellas empresas que hayan logrado el visto bueno para que sus proyectos echen a andar en este campo de pruebas. Con ello, el Tesoro confía en que este proceso culmine en primavera.

Los bancos y fintech que logren el visto bueno de todo el proceso administrativo tendrán que negociar con los supervisores “un protocolo en el que se establezcan las normas y condiciones a las que se sujetará el proyecto piloto en el que se desarrollarán las pruebas”, con el fin de proteger a los participantes en el mismo. “Una vez aprobado el protocolo de pruebas, el promotor procederá a recabar el consentimiento informado de los participantes y a activar el sistema de garantías e indemnizaciones previsto”, ha señalado el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.

El proceso no se realizará únicamente en esta primera convocatoria sino que se repetirá sucesivamente. El Tesoro confía en que estas convocatorias se realicen cada seis meses, con la previsión de que la segunda se produzca en verano. Ya en el campo de pruebas, cada empresa tendrá la libertad de decidir si deja el proceso o si continúa, sin un tiempo máximo fijado de antemano. Los supervisores podrán frenar los proyectos si creen que no cumplen con los objetivos del sandbox.

Fuentes del Tesoro aseguran que no quieren competir con el proyecto británico y evitan hacer una previsión de cuantos proyectos se presenten. Sí explican que el campo de pruebas español cuenta con la ventaja de que permite presentarse a empresas que utilicen el castellano y también el inglés. Por ello, confían en poder atraer a empresas extranjeras, especialmente Latinoamericanas, que quieran un campo de pruebas controlado para hacer test de sus productos financieros.

El Gobierno señala que la participación en este sandbox permite a las empresas poner a prueba sus innovaciones financieras de la mano de autoridades públicas, de modo que antes de la entrada en el mercado se puedan analizar “posibles rigideces que estas puedan tender con la regulación actual o sus posibles efectos en la protección de los consumidores o la estabilidad financiera”. Así, las empresas podrán “ajustar” sus proyectos cuando puedan “generar riesgos adicionales” y a los reguladores “ajustar la regulación cuando esta suponga un obstáculo a la innovación”. “Esto también resultará beneficioso para los consumidores financieros, en la medida en que este tipo de proyectos solo accederán al mercado una vez se haya comprobado por los supervisores el pleno respeto de sus derechos”, concluye el comunicado de Economía. 

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