El negocio de barracones escolares que enturbia el pasado del nuevo CEO de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II

Canal de Isabel II ha nombrado nuevo consejero delegado y director general de Canal Extensia, la filial de la que dependen los negocios de la empresa pública en Latinoamérica que investiga desde hace casi dos años la Audiencia Nacional y cuya venta anunció en junio el presidente madrileño, Ángel Garrido. El elegido es Antonio Ruiz, ex ejecutivo en España de Algeco, multinacional francesa de construcciones modulares que lideró durante un lustro el conocido como cártel de los barracones escolares.

Junto a otras seis empresas, entre ellas Dragados, filial de ACS, Algeco pactó entre 2008 y 2013 acuerdos ilegales para repartirse “adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia”, según determinó en diciembre de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En Valencia, las adjudicaciones, que según El Mundo ascendieron a 29 millones, dependían de la empresa pública Ciegsa, que según la investigación del caso Taula permitió a los gobiernos del PP en esa comunidad autónoma acometer un expolio de fondos públicos aprovechando la construcción de centros escolares, con sobrecostes que la Intervención de la Generalitat cifró en más de 1.000 millones de euros en un informe conocido días antes de hacerse pública la resolución de la CNMC. 

Ruiz, licenciado en económicas y PDG por IESE, fue el principal ejecutivo de Angeco en España durante la vigencia de ese cártel. Ahora, este bilbaíno ha aceptado el encargo de pilotar desde Colombia el desguace ordenado de Inassa, la filial latinoamericana del Canal que cuelga de Canal Extensia. Un destino considerado de alto riesgo y con una retribución que no es pública, pero que está muy por debajo de un puesto equivalente en el sector privado.

Su nombramiento al frente de Extensia figura inscrito en el Registro Mercantil el 18 de enero, pero según su LinkedIn, se hizo efectivo hace cinco meses. En septiembre, el diario colombiano La República ya informó de su designación como director general de Inassa, empresa que el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón utilizó para comprar en 2001, a través de una sociedad panameña, la colombiana Triple A, lo que propició que fuera imputado en pleno en julio pasado. En octubre, la Fiscalía colombiana decretó el embargo de las acciones de Triple A. La Audiencia Nacional investiga la compra tanto de Inassa como de la brasileña Emissão en 2013.

Desde su actual puesto en Colombia al frente de un “Grupo Multinacional de Servicios” que no identifica, Ruiz lidera, según su LinkedIn, “un negocio internacional de 325 millones de dólares en seis países” y “un plan de reestructuración y venta de la división Internacional para generar valor” a los accionistas de la empresa, la Comunidad de Madrid (82,4%) y 111 ayuntamientos madrileños (17,6%).

El Canal, que este viernes celebró su junta de accionistas, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre el nombramiento de Ruiz. Este aterrizó en la empresa pública en junio de 2017, como director general en Brasil, donde el Canal opera a través de Emissão. Antes, pasó por compañías como Telefónica, como subdirector de Empresas en Centroamérica de julio de 2013 a agosto de 2014.

Había llegado a la operadora procedente de Algeco, donde, según su LinkedIn fue, sucesivamente, director general en España (2003-2008), Sur de Europa (2008-2011) y responsable de Latinoamérica, desde 2011 hasta junio de 2013. Según el Registro Mercantil, fue máximo responsable de las filiales en España (presidente y consejero delegado) desde 2009 hasta 2012 y consejero hasta el 29 de abril de 2013. 

Unos días después, la compañía se personó ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para denunciar, aportando abundante documentación, esas prácticas prohibidas en el sector de las construcciones modulares, del que Algeco es líder destacado en España.

A cambio de tirar de la manta y en aplicación del denominado programa de clemencia, Algeco se libró de la multa que le habría correspondido, 1.591.005 euros, un 6,5% de su cifra de negocios (el porcentaje más elevado entre las infractoras), por participar “desde 2008 hasta mayo de 2013, con efectos hasta junio de 2014” en un cártel “de reparto de las licitaciones convocadas por operadores públicos y privados” (entre ellos, empresas como Iberdrola, Repsol o Acciona), “así como de reparto de clientes y fijación de precios” en Galicia, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Andalucía y Catalunya.

La CNMC impuso multas de 9,3 millones a los participantes del cártel, de los que la mayor parte fue para ACS (8,567 millones). En la resolución se relataba cómo en 2008 Algeco y su rival ABC acordaron en Valencia “el reparto de dos colegios públicos para que cada empresa se quedara con el centro en el que estaba interesada”; o cómo Algeco alcanzó con Dragados “un pacto de no agresión respecto a la asignación de las licitaciones del servicio de traslado de módulos escolares de colegios públicos” en Andalucía.

En junio de 2009, en un correo electrónico de ABC a Algeco con el asunto “reparto indecente”, se “procedió a esbozar una distribución de colegios y/o institutos, adjuntando al citado correo un cuadro en el que, por centros públicos”, se repartían los módulos prefabricados que suministrarían.

Ese mismo mes, “el Director General de Algeco, reunido en un restaurante con el Director General de ABC y con el responsable de construcciones modulares de Dragados, se puso en contacto telefónico con el Director Territorial zona de Levante de Algeco para trasladarle el acuerdo de reparto de centros escolares, y que debía ponerse en contacto con los delegados territoriales de ABC, Remsa, Dragados y Balat para coordinarse con éstos a los efectos de repartirse los contratos de forma que cada empresa mantuviese su cuota de mercado”, según Competencia. Esos contratos los adjudicaría Ciegsa.

Ahora, el antiguo responsable de Algeco en esos años dirigirá los designios del Canal en Latinoamérica y su venta “para no solo recuperar la inversión, sino defender todos los intereses de todos los madrileños”, según dijo en septiembre el vicepresidente madrileño y presidente del Canal, Pedro Rollán, al anunciar la contratación de Banco Santander para fijar en unos 16 meses una hoja de ruta para vender las filiales de Inassa.