Los seis condenados por participar en piquetes llevan más de un año esperando un indulto
Fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que el martes anunció ante los periodistas que el Consejo de Ministros concederá este viernes el indulto a Josefa Hernández, en prisión por no derribar su casa, situada en un paraje protegido. Sobre otros indultos, sin embargo, el silencio es ya prolongado. Es el caso de las seis personas condenadas por su participación en huelgas: Carlos y Serafín, Ana y Tamara, y Carlos y Carmen llevan más de un año esperando noticias sobre sus indultos.
Serafín Rodríguez y Carlos Rivas llevan un año y ocho meses a la espera del segundo indulto que solicitaron. Una jueza de Vigo les condenó en 2011 a tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzar objetos. Los dos trabajadores -que no cuentan con antecedentes de ningún tipo- pidieron un primer indulto, que se les denegó, y solicitaron otro después, que llevan esperando casi dos años.
Su entrada en prisión está paralizada pero la espera es agotadora. “El abogado cree que vendrá denegado, después de tanto tiempo esperando... Yo ya no veo ni las noticias”, dice Sonia Méndez, esposa de Serafín. Los dos trabajadores cuentan con el apoyo en forma de cartas escritas y firmas de compañeros y excompañeros de trabajo, incluso de los dos camioneros cuyos vehículos fueron dañados durante la huelga, que respaldan su indulto. En esas cartas, los camioneros aseguran que la intención de los dos trabajadores no fue impedir el ejercicio de su actividad laboral.
Ana Outerelo y Tamara Vidal pidieron su indulto hace más de un año. Condenadas a tres años de cárcel por lanzar pintura en una piscina durante una movilización laboral en su trabajo, han decidido descartar el indulto. Por el contrario, las dos trabajadoras han presentado un recurso en los juzgados de Pontevedra para que revisen su condena conforme al vigente Código Penal. La nueva norma, que entró en vigor el 1 de julio, rebaja las penas por coacciones a la huelga y evitaría que entren en la cárcel.
“Preferimos esto a que nos concedan una medida de gracia porque no nos sentimos culpables de nada. Me quedo mejor sabiendo que hemos logrado reformar la ley. Al menos desde el 1 de julio respiramos porque sabemos que no entraremos en la cárcel”, explica Ana Outerelo. Su recurso será analizado por la Fiscalía y pasará al juez. Tamara y Ana esperan recibir la notificación en septiembre. Lo que no recuperarán es la multa de 3.250 euros que cada una de ellas ha tenido que pagar.
La defensa de Carlos y Serafín también tiene el recurso preparado para que se revisen sus penas. Sin embargo, de momento, esperan a que se les comunique si el indulto es concedido o denegado. En el caso de Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados a tres años por atentado contra los derechos de los trabajadores, su indulto lleva también esperando más de un año.
Justicia se comprometió a estudiarlos
En julio de 2014, y tras varias reuniones de los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez con los organismos judiciales, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a estudiar el indulto para estas seis personas. El titular de Justicia subrayó que el derecho de gracia exigía un estudio individual y la política de indultos no puede contemplarse con carácter general “porque no lo permite la Constitución”.
Meses más tarde, a finales de 2014, el nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá, admitió que se estaban produciendo penas “desproporcionadas” en este tipo de casos y anunció que se revisaría el Código Penal. Durante todos estos meses, eso sí, Justicia no ha movido ficha sobre los indultos a los condenados.
