Dia denuncia en la Fiscalía irregularidades en sus cuentas de 2017
La cadena de supermercados Dia ha anunciado este viernes, tras presentar las mayores pérdidas de su historia y anunciar un ERE para 2.100 trabajadores, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en sus cuentas de 2017 tras una auditoría de sus estados financieros de ese ejercicio como consecuencia de una serie de ajustes a la baja anunciados el pasado octubre.
En un comunicado, DIA informa de que “a lo largo de los últimos meses ha llevado a cabo una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos que han dado lugar a determinados ajustes contables en las cuentas de 2017. Una vez finalizada la investigación y como resultado de ésta, la compañía ha procedido a prestar una denuncia ante la fiscalía continuando con el ejercicio de diligencia, responsabilidad y máxima transparencia desde el momento en el que tuvo conocimiento de los ajustes contables”.
La cadena abrió una investigación, con el apoyo de asesores forenses, en España y Brasil que han puesto de manifiesto la existencia de prácticas irregulares que habrían sido realizadas por determinados empleados y directivos, incluyendo algunos miembros de la alta dirección, eludiendo los controles internos establecidos por la firma. La investigación en España está completada, mientras que en el caso de Brasil aún no ha finalizado, informa Europa Press.
Además, la enseña está analizando reclamar a Ricardo Currás y Antonio Coto, sus dos anteriores consejeros delegados, las retribuciones que cobraron en 2018, según consta en el informe de gobierno corporativo de la compañía, en que el que reconoce las prácticas contables irregulares realizadas por determinados empleados y directivos en España y Brasil.
La comisión de Nombramientos y Retribuciones está analizando, para su elevación al consejo de administración, la activación de las cláusulas 'clawback' sobre las distintas retribuciones abonadas a los consejeros ejecutivos cesados en 2018 y, en el caso de Currás, la reclamación de la devolución de cualquier cantidad que pudiera proceder.
A la espera de que dicha comisión y el consejo de administración tomen la decisión que corresponda, Dia ha suspendido el abono de la contraprestación económica por la obligación de no competencia post-contractual.
Currás, que fue cesado a finales de agosto de 2018, cobró ese año un total de 2,55 millones (2,15 millones en metálico), de los que, la mayor parte, 1,64 millones de euros, correspondió a su indemnización por despido, y 497.000 euros al sueldo.
Adicionalmente, como contraprestación económica por no competencia post-contractual, comenzó a percibir una compensación equivalente a una anualidad de la retribución fija anual que estuviera percibiendo al tiempo de la extinción y que ascendía a 606.600 euros. Dicha compensación se distribuía a prorrata y se abonaba por meses vencidos en 12 pagos mensuales, cada uno de ellos en cada mes natural de duración del compromiso asumido. En 2018, Dia abonó a Currás 101.100 euros por dicho concepto, correspondiente a dos mensualidades.
Por su parte, Coto, que sustituyó a Currás hasta el pasado 28 de diciembre, percibió un total de 261.000 euros, retribución que ahora también puede ser reclamada. El segundo exconsejero delegado de la compañía, también cesado, tenía un sueldo de 208.000 euros.
Los contratos de los consejeros ejecutivos del grupo incluyen una cláusula por la que se puede reclamar el reembolso de los importes percibidos en concepto de retribución variable anual y plurianual, en caso de que en los tres años siguientes a su liquidación y abono se ponga de manifiesto que éste se ha producido “total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta” o afloren riesgos “que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados”.
El pasado mes de octubre, Dia rebajó su resultado de 2017 en 20 millones de euros, hasta 90 millones, por un ajuste correspondiente en su mayor parte, según dijo entonces a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a sobreestimaciones realizadas al cierre de dicho periodo en los descuentos comerciales a percibir de proveedores.
La denuncia ante la Fiscalía se ha producido unas horas después de que el grupo, inmerso desde hace meses en una grave crisis financiera y bursátil, reconociese unas pérdidas récord de 352,58 millones de euros en 2018, frente al beneficio de 101,20 millones declarado en el ejercicio 2017, cuando su máximo ejecutivo era Currás.
La cadena de alimentación ha anunciado este viernes, en paralelo a sus resultados, que prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) para “un máximo” de 2.100 trabajadores, tanto en DIA como en su filial Twins Alimentación. El grupo cuenta con 40.300 empleados.
Las pérdidas récord y la denuncia ante la Fiscalía de esas supuestas irregularidades contables llegan en la misma semana en la que LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, que posee el 29% de la compañía (es su primer accionista), ha lanzado una OPA sobre la compañía a 0,67 euros por título.
DIA acabó el año en situación de “causa de disolución” -tal y como ya había anunciado- con un patrimonio neto negativo en 166 millones, frente a los 257,3 millones positivos de un año antes. El patrimonio neto negativo equivale a quiebra técnica. No obstante, el grupo planea una ampliación de capital por importe de 600 millones de euros que le harían salir de esta situación. Paralelamente, la OPA de LetterOne contempla una ampliación de 500 millones en el caso de que su oferta llegase a buen puerto.
