Qué dicen los estudios sobre recortar los subsidios por desempleo

En pleno choque de Economía y Trabajo sobre la reforma de los subsidios por desempleo, han entrado en acción los estudios científicos al respecto. El Ministerio de Nadia Calviño está planteando limitar el derecho a los subsidios, lo que asegura que creará miles de empleos, unos “recortes” de derechos que rechazan frontalmente desde el equipo de Yolanda Díaz. En Economía insisten en que su propuesta es la respaldada por “la evidencia empírica” y, aunque hay estudios que apuntan a una mayor incorporación al mercado de trabajo, limitar la protección social tiene también otras muchas caras, en la salud de quienes se quedan sin ayudas y los salarios de los nuevos empleos y la pobreza.

Como ocurre en tantos otros debates políticos, pocas cosas son blancas o negras, y hay un gran componente de ideología que marca este enfrentamiento. Esta influye también en los estudios: en qué cuestiones se analizan, desde qué enfoque y también qué otras derivadas quedan olvidadas.

El recorte de los subsidios de desempleo y de la prestación de paro aprobados por el pasado gobierno del PP durante la crisis financiera dio origen a algunos estudios, que se centraron sobre todo en si la medida provocó una más rápida inserción laboral de los afectados.

A continuación, resumimos algunas de las conclusiones de estos y otros análisis de las ayudas por desempleo, intentando ampliar un poco la mirada a otros efectos de los recortes, sobre todo para las personas que se quedan atascadas en el paro.

Más salidas al empleo

Ángel Martínez, de EsadeEcPol, ha publicado en estos días un artículo que aúna varias de las investigaciones de los recortes del PP en la protección del paro. Entre otras medidas, elevó la edad para recibir el subsidio de desempleo para mayores de 52 años hasta los 55 años, medida que revirtió el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Por un lado, un estudio de José M. Arranz y Carlos García-Serrano observa su efecto sobre la probabilidad de abandonar el desempleo, en el que los autores estiman que “la reforma incrementó la probabilidad de reincorporarse al empleo en un 83% a lo largo de un periodo de tres años, lo que supuso una reducción media del periodo de paro entre los tratados de 330 días”, destaca Martínez. Como resultado, calcularon que la reforma logró un ahorro de dinero público de unos 600 millones de euros.

Otra investigación sobre el mismo recorte del subsidio para mayores de 52 años, de Gerard Domènech-Arumí y Silvia Vannutelli, que los autores resumen en este post de Nada es Gratis, consideró que la reforma provocó que los parados “tuvieron más éxito y fueron más rápidos (150 días en promedio) en encontrar trabajo”, pero con matices, que se abordan en el siguiente apartado.

El balance de “ahorro” del recorte en este estudio es muy inferior: si de partida también se analizan unos 600 millones de euros, “el ahorro real fue sustancialmente menor”, indican los autores, de unos 140 millones de euros. La razón principal: que el ahorro provino mayoritariamente de cotizaciones a la Seguridad Social que el gobierno dejó de abonar por el subsidio, pero esto “se tradujo en un incremento en el déficit en la Seguridad Social”.

Recurso a otras ayudas y adiós al mercado laboral

Las salidas más rápidas al empleo funcionaron más entre los trabajadores más “jóvenes”, de 52 a 53 años. “Los trabajadores relativamente más mayores (con edades entorno a 54-55) fueron más propensos a utilizar otros subsidios y programas” sociales y también a salir del mercado de trabajo hacia la inactividad, advierten Domènech-Arumí y Vannutelli.

La matización no es baladí en el contexto actual, con un sistema de subsidios que sobre todo protege a personas de más de 55 años, que son más de la mitad del todas las cubiertas, alrededor de medio millón de personas. Trabajo ha advertido de que Economía puso sobre la mesa elevar la edad de acceso de esta ayuda a los 60 años, algo que añadieron ya no está en discusión.

Raül Segarra, estadístico especializado en el mercado de trabajo, advierte de grandes dificultades para ser contratadas de este colectivo de mayor edad. “Muchos estudios prueban un incremento en el tránsito paro–ocupación cuando se recortan prestaciones. Claro, lo raro sería que no pasase”, subraya el especialista. “Pero nadie estudia qué le pasa a los que se les recorta la prestación, pero no encuentran un trabajo. En el caso de los mayores de 52 años, buena parte no encuentran empleo de ninguna manera. Su problema no es que la prestación desincentive la búsqueda de empleo, es que no hay empleo para este colectivo”, critica.

Un reciente experimento de ISEAK, de la catedrática Sara de la Rica junto a Odra Quesada y David Martínez de Lafuente, analizó en el envío de dos CV –uno vinculado a una persona de 35 años y otro de 49 años– a cada una de las vacantes. “Los resultados del estudio apuntan a una discriminación significativa hacia los candidatos de más edad en el proceso de contratación”. Por ejemplo, “la probabilidad de recibir una invitación por parte de las empresas es 50% menor para las personas mayores”. Y se trata de una discriminación generalizada: “En todos los subgrupos analizados de acuerdo al género, el nivel de cualificación exigido para la ocupación, el nivel de sobre-cualificación del candidato y la necesidad de llevar personal a cargo”.

En parte por el peso de este colectivo de mayor edad entre los parados, y en general por las dificultades de inserción en el paro de larga duración, la protección de paro en España perdió calidad tras la crisis financiera: pasó de tener más prestaciones (de mayor cuantía) a ser más asistencial, con más presencia de los subsidios.

Salarios más bajos, peor salud

El análisis de Domènech-Arumí y Vannutelli apunta además que los trabajadores afectados por el recorte del subsidio encontraron trabajos peor remunerados. “La reforma redujo significativamente los salarios de los empleos que encontraron los parados afectados en un 8%, aunque no tuvo efectos sobre temporalidad o la rotación de los nuevos empleos”, recoge el resumen de ESADE.

En la discusión sobre si retirar la protección social empuja a los desempleados al empleo, los contras no solo señalan a quienes no pueden enganchar en el mercado laboral y se quedan con menos ayudas, sino también a qué tipos de empleos se aceptan cuando se acaban las ayudas por necesidad. Una realidad que hemos visto hasta hace muy poco con las empleadas del hogar: trabajadoras sin derecho al paro, que explican cómo no tenían opciones de rechazar empleos, por muy malas condiciones o incluso mal trato de sus empleadores. La alternativa era la nada, ningún ingreso.

Otra investigación, de José Ignacio Garcia-Pérez, Manuel Serrano-Alarcón y Judit Vall Castelló, del Institut d'Economia de Barcelona, apuntó también “que los hombres sin derecho al subsidio tenían más probabilidades de abandonar la población activa”. Es decir, de salir definitivamente del mercado de trabajo.

Además, con una mirada puesta en el empeoramiento de la salud de los afectados, advirtieron de “una reducción del 12,9% en las hospitalizaciones debidas a lesiones, así como un descenso de 2 puntos porcentuales en la probabilidad de un diagnóstico de salud mental para los hombres que pudieron acogerse al subsidio de desempleo de larga duración”.

La eterna olvidada: medir la pobreza

Raül Segarra pone el acento en que la mayoría de análisis evalúan la reducción de la protección por desempleo “desde el punto de vista de la eficiencia económica y no van más allá”. En concreto, destaca la ausencia de estudios sobre las consecuencias de quienes no encuentran empleo y ven reducidos sus ingresos por estos recortes. Es decir, sobre el impacto en la pobreza.

No obstante, los datos oficiales sobre pobreza muestran cómo esta se disparó entre los parados con la crisis financiera, época marcada por los recortes en la protección por desempleo y en otras partidas sociales. El auge no comenzó a remitir hasta 2019, mejoras que se han visto interrumpidas en los últimos dos años.

La catedrática de Economía Olga Cantó, especialista en investigaciones sobre pobreza, tampoco conoce estudios específicos sobre el efecto de estos recortes y su repercusión en la pobreza, pero sí advierte de que la “capacidad redistributiva”, de reducción de la desigualdad, de este tipo de ayudas. Con datos del Microsimulador EUROMOD, de la Comisión Europea, señala que las “prestaciones limitadas por renta”, entre las que se encuentran los subsidios, reducen el índice de desigualdad de GINI un 9%. El dato es más elevado que en Italia (-5,4%), Alemania (-4,5%), Polonia (-3,4%) y Suecia (-4,6%), por ejemplo, aunque inferior que en Reino Unido (-13%) y Francia (9,7%).

Además, Cantó destaca que estas ayudas no impactan solo en los desempleados, sino en sus hogares, con una importante trascendencia también para reducir la pobreza infantil (más que algunas ayudas directas sobre la infancia), como recoge este estudio de Adrián Hernández y Fidel Picos.

Ojo a derivar a rentas mínimas

Otro de los planteamientos de Economía pasa por recortar la duración del subsidio por desempleo, de los 30 meses a un máximo de 12, y derivar a las personas que lo necesiten al ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima estatal contra la pobreza. Hay que decir que la medida no cubriría a todas las personas que perdieran el subsidio, porque los criterios de acceso por falta de rentas son más estrictos para el IMV.

En este sentido, un estudio de Michael Fuchs, Katrin Gasior y Katarina Hollan analiza un hipotético traspaso del desempleo asistencial a la renta mínima, imitando la aplicación de un modelo alemán. La investigación advierte de una sustancial disminución en el número de beneficiarios (86.000 a 155.000, según el escenario), así como del aumento de la pobreza entre el 13% y el 15%.

El Ministerio de Trabajo advierte además de que la salida de los desempleados del SEPE y los servicios públicos de empleo hacia ayudas asistenciales como el IMV puede desenganchar aún más a las personas en paro de los servicios laborales de intermediación, formación e inserción laboral. En este punto, casi todos los expertos en el mercado laboral son unánimes en que se necesitan mejoras en la actuación de los servicios públicos y una mejor inversión en políticas activas, que faciliten la empleabilidad.

Trabajo insiste en la necesidad de enfocar a estas medidas de inversión y no de recorte, y de hecho apuesta por ampliar la protección a algunos colectivos que hoy están excluidos, como los menores de 45 años sin cargas familiares y los eventuales agrarios. Hasta el momento, no se ha recuperado la cobertura de la protección por desempleo que había antes de la crisis económica.