Guía para no perderse en las batallas judiciales de Banco Popular

Aunque la resolución de Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución y posterior venta a Banco Santander se realizó en una noche, sus consecuencias se prolongan en el tiempo, sobre todo, en los tribunales. El movimiento que dejó a cero la inversión de quienes tenían acciones del banco, ha hecho que se abran varios frentes judiciales donde los accionistas y bonistas piden compensaciones. Entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Audiencia Nacional, los jueces tendrán que fallar sobre el hecho en sí de la resolución, pero también sobre lo ocurrido en los meses previos, como por ejemplo, la ampliación de capital que el banco llevó a cabo en 2016. 

Las dudas sobre Banco Popular y su futuro perseguían a la entidad durante meses antes de que se produjera la intervención por parte de Bruselas. Precisamente para reforzar su capital, el banco anunció una macroampliación sorpresa el 26 de mayo de 2016. Varias de las querellas presentadas contra los últimos presidentes de la entidad antes de la resolución, consideran que pudo haber un delito de falsedad documental porque creen que la información que se dio en los folletos no era veraz. 

¿Cuántas vías están abiertas? 

Por un lado, hay más de medio centenar de recursos presentados ante el TJUE que van contra la Junta Única de Resolución y en algunos casos contra la Comisión Europea por el propio hecho de la resolución del banco. Por otro, hay unos 250 recursos contenciosos-administrativos presentados ante la Audiencia Nacional contra la resolución del FROB  por considerarle responsable de la venta de la entidad siguiendo las directrices de la JUR. A esto se suman, una treintena de querellas contra Emilio Saracho y Ángel Ron, los dos últimos presidentes de la entidad, presentadas también ante la Audiencia Nacional por su gestión de la crisis del banco y la ampliación de capital de 2016. De las estas ya hay cuatro admitidas a trámite. Además, hay por lo menos una demanda presentada por la vía civil por falsedad contable. 

¿Qué tiene que decidir el TJUE? 

Los accionistas y bonistas que perdieron su inversión en la primera actuación de la JUR, piden que se anule esta operación. En el caso de que esto no ocurriera, los afectados piden que la resolución no conlleve que las acciones se queden a cero. 

En la Audiencia Nacional, ¿qué se decide? 

En este tribunal están abierta dos vías: la contencioso-administrativo y la vía penal. En el primero de los casos los recursos van contra el FROB (el brazo financiero del Estado) por ser el brazo ejecutor de la decisión tomada por la JUR. Por otro, lado se han presentado una treintena de querellas contra el consejo de administración del banco y contra la auditora por posibles delitos relativos a la información financiera de la ampliación de 2016 y a las últimas actuaciones de la cúpula. De estas se han admitido ya a trámite cuatro de ellas contra los dos últimos expresidentes del Banco Popular antes de su intervención Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración.

Entre los presuntos delitos están los de falsedad societaria, administración desleal o apropiación indebida. El titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, ha decidido abrir dos piezas separadas. La primera estudiará la ampliación de capital de 2016 donde el banco captó 2.500 millones de euros y si existe delito relativo a que la información de los folletos no fuera veraz. En la segunda pieza, investigará si hubo un delito de manipulación de mercado por la publicación de noticias que contenían datos o información falsa con el objetivo de hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así beneficios. 

¿Qué ha pasado con la petición de suspensión cautelar? 

Varios particulares habían solicitado en sus recursos contenciosos-administrativos que se suspendiera de forma cautelar la venta de Banco Popular a Banco Santander. La Audiencia Nacional rechazó el viernes pasado estas medidas. El tribunal considera que el FROB tiene un caracter “instrumental” de una orden de la JUR y señala que sería competencia de Europa tomar esta decisión. Aunque se hayan rechazado las medidas cautelares en estos recursos, los propios recursos siguen su calendario. Si bien es cierto que ya en este auto, el tribunal remite a Europa como autoridad competente para tomar esta decisión. 

¿Y la vía civil? 

Por ahora hay al menos una demanda por la vía civil. Una pequeña empresa de reciclaje ha pedido que se declare nula su compra de 10.000 euros de acciones en la ampliación de 2016 por considerar que pudo haber falsedad en la información contable suministrada en el folleto de ampliación de capital con el fin de “inducir a error a los inversores”.

¿Hay alguna otra vía fuera de los tribunales? 

Paralelamente a estas vías, Banco Santander ha abierto un proceso de compensación destinado únicamente a los accionistas que acudieron a la ampliación de Banco Popular de 2016. La compensación es en forma de un producto que han denominado “bono de fidelización”. Se trata de un producto complejo cuya aceptación supone renunciar a acudir a los tribunales. Además, en este caso los inversores que acepten esta propuesta deben firmar una “declaración manuscrita” en la que se asuma que los bonos “son un producto complejo que adquieren sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad del Grupo Santander” donde también se incluirá que “han sido informados de su falta de conveniencia” de la operación para su perfil de inversor minorista lo que blinda ante reclamaciones futuras. Por el momento, Santander cifró la semana pasada en un 50%  la aceptación de estos bonos.