El Estado garantiza otro rescate a las empresas que se queden con las autopistas quebradas

Las empresas que consigan la concesión de las autopistas de peaje quebradas y vueltas a licitar el próximo diciembre volverán a contar con el paraguas de la cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), gracias a la cual están siendo rescatadas en la actualidad con un coste de entre 2.000 y 4.500 millones de euros. Se da la circunstancia de que es posible que sean las mismas compañías, grandes constructoras como ACS, FCC o Abertis, las que vuelvan a acudir y conseguir la licitación.

Fuentes del sector consultadas por eldiario.es confirman que hay interés por parte de las antiguas concesionarias por los concursos que sacará en diciembre el Gobierno, y con los que espera obtener entre 750 y 1.000 millones de euros. Con dicha cantidad se reducirá la factura del “rescate” (el ejecutivo niega que sea tal, sino una reversión). En total, Fomento espera que el impacto sobre el déficit de toda esta operación en 2018 sea de 1.000 millones de euros.

El Ministerio que dirige Íñigo de la Serna ha confirmado a este diario que se volverá a aplicar una RPA a los contratos, ya que esta salvaguarda tiene como origen el principio de que la Administración “no puede enriquecerse de forma injusta”, explican.

En todo caso, se tratará de una cláusula de responsabilidad suavizada, gracias a los cambios en la ley de contratos del sector público recientemente aprobada en transposición de una directiva europea. En el marco actual, cuando se produce la resolución de una concesión, sea cual sea su causa, la Administración debe abonar al concesionario las inversiones que ha realizado.

Con la nueva norma, si la resolución se produce por una causa imputable al contratista, como en los casos de insolvencia, la indemnización se determinará por el valor de mercado de la concesión. Esto, y siempre en función de los pliegos que aún deben redactarse, podría suponer una rebaja sustancial de la factura en el caso de que volviera a repetirse el episodio de licitación, quiebra y rescate, o, como lo llama el Gobierno, reversión. Y por ejemplo, en principio las concesionarias no podrán reclamar RPA porque falle la demanda de usuarios, como ha ocurrido ahora.

Pero por el momento, las últimas autopistas de peaje quebradas van a costar a las arcas públicas al menos 2.000 millones de euros según los propios cálculos del Gobierno enviados a Bruselas. De ellos se podrá restar la vuelta al mercado de las nueve malogradas vías, estimado entre 750 y 1.000 millones, y que se producirá en diciembre a más tardar.

La oposición teme que el impacto en el bolsillo del contribuyente sea aún más elevado, y se acabe acercando a lo que pretenden los acreedores, es decir, 4.500 millones de euros, una vez los tribunales diluciden si los fondos buitre que mayoritariamente poseen ahora la deuda generada por las autopistas tienen razón en reclamar mayores cantidades.

Según relatan fuentes conocedoras de las negociaciones que en su día mantuvieron los fondos de inversión y el Ministerio de Fomento, los acreedores hicieron una oferta para cerrar en 3.000 millones la cantidad que deben recibir en concepto de RPA, y estaban dispuestos a bajar a 2.800. Sin embargo, Fomento se negó, con lo que ahora podría acabar pagando una cantidad superior. Eso sí, ocurriría dentro de unos cinco años, con lo que es probable que el Gobierno sea otro. Fuentes ministeriales consultadas no comentan esta descripción de los hechos.

La oposición acusa al PP de dejar pudrir la situación

El portavoz de Fomento del PSOE, César Ramos, acusa a los distintos gobiernos del PP de haber dejado “pudrir” este problema, que se remonta a las licitaciones de José María Aznar de unas autopistas que acabaron siendo ruinosas por falta de tráfico y por unos costes de expropiación que acabaron disparados. Según su opinión, la anterior ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, debió haberse implicado en la resolución del asunto y no haber permitido que la deuda de las concesionarias acabara en manos de “fondos buitre” extranjeros con los que el coste será mayor. Pastor hizo en unas declaraciones en las que afirmaba categóricamente que las autopistas quebradas no le costarían ni un euro a los españoles.

Para Ramos, “la planificación de estas infraestructuras nos debe enseñar las prácticas que hay que desterrar de la gestión pública, donde el PP ha utilizado el dinero de todos los españoles para hacer políticas partidistas, forzando los números de los estudios para justificar su viabilidad”. Así, recuerda que “estas autopistas de peaje quebraron porque con el tiempo se demostró que los cifras utilizadas por el Gobierno para justificarlas no eran las correctas, reduciéndose en los informes las cifras reales de los costes de expropiación y aumentando artificialmente las cifras del tráfico”. Ramos rechaza el argumento de los gobiernos del PP de que el motivo de la quiebra fuera la bajada del tráfico con la llegada de la crisis, “eludiendo así sus responsabilidades”.

Por parte de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, su portavoz en la comisión, Félix Alonso, tampoco se cree las previsiones del Ejecutivo. “Su modelo es un círculo viciado: 1) error de cálculo 2) Se dispara el presupuesto (volumen de tráfico y expropiaciones) 3) Quiebran y/o se alargan las concesiones 4) Rescatamos hasta que los números salgan 5) Se licita de nuevo, recuperas una parte del dinero, y saneado concursan las ´familias´ empresariales de siempre”.

Este grupo parlamentario ha presentado una iniciativa en la que pide que se recupere la gestión de estas autopistas y se eliminen los peajes, por ejemplo en el tramo de la AP-6 donde las pasadas Navidades quedaron atrapadas miles de personas por el mal tiempo.

Por su parte, fuentes de Ciudadanos aseguran: “La mala gestión del Gobierno hizo quebrar a las autopistas y ahora intentan colocarlas a nuevos concesionarios deprisa y corriendo y sin intención de recuperar los millones de euros que nos han costado a todos los españoles”. Achacan la situación a la “falta de planificación y la ausencia absoluta de criterios técnicos a la hora de tomar decisiones: sin informes ni estudios de viabilidad económica ni el visto bueno de ningún tipo de organismo independiente a las construcciones o a las adjudicaciones”.

“El fracaso de la gestión y esas obras faraónicas lo tienen que pagar ahora todos los españoles, que son los únicos que harán frente a las pérdidas con dinero de su bolsillo. Si hubieran estado en vigor las reformas que Ciudadanos ha incorporado a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, esta situación no se hubiese producido”.